La Policía investiga si el ataque de un hacker está tras las tramas para vender citas a la Seguridad Social en Alicante

La Policía Nacional está investigando si tras las tramas para vender citas previas en las oficinas de la Seguridad Social en Alicante hay el ataque de un hacker que habría accedido de manera ilegal a los servicios informáticos de la Administración Central, según ha confirmado este diario en fuentes policiales. En la provincia hay locutorios que están vendiendo estas citas a sus clientes, algunas por tan solo tres euros y con una antelación de apenas 24 horas. Un trámite que para muchos ciudadanos resulta poco menos que una quimera, por lo que algunos desesperados tienen que acabar acudiendo a estos métodos clandestinos ante la imposibilidad de lograr que les atiendan por sus propios medios. Pagando por gestiones que en circunstancias normales serían gratuitas.

Para más inri, resulta que estas presuntas tramas al acaparar cuantas citas puedan para ofertarlas al mejor postor, hay ocasiones en la que se quedan sin vender. Así se da la paradoja de que en alguna oficina, las mesas de atención al público se encuentran vacías porque al haberse quedado esas reservas sin vender, nadie se presenta a las citas, pese a haber imposibilitado obtener la suya al resto de ciudadanos que han optado por seguir los cauces oficiales. Desde la Seguridad Social se estima que en estos momentos se está dando atención a cerca de 2.600 personas a la semana y que cada vez se está ampliando más la capacidad de atención.

Los pensionistas de Alicante se rebelan contra la cita previa en la Seguridad Social

Las fuentes consultadas por este diario indicaron que la investigación se está centrando en la identificación del pirata informático, más que en la venta de las citas en sí. A primera hora de la mañana y en cuanto éstas se habilitan en la red, alguien las acapara todas en cuestión de segundos, por mucho que alguno haya madrugado para ponerse ante el ordenador a intentar conseguir una reserva. Tras varios ataques informáticos sufridos por la Administración Central, la Policía trata de averiguar si ha habido algún tipo de acceso ilegítimo al sistema. Las pesquisas se centran fundamentalmente en los equipos de la Seguridad Social. Estas fuentes señalaron que se ha descartado la existencia de estos ataques informáticos en otras administraciones como los servicios de Extranjería o de renovación del pasaporte o del Documento Nacional de Identidad. Éstas dependen del Ministerio del Interior y por lo tanto de la propia Policía y se ha descartado la existencia de ataque informático alguno. Aunque también hay problemas para pedir las citas.

En Elche hay locutorios que venden las citas a la Seguridad Social por tres euros; en Torrevieja, por 3,80 euros. Pero estos negocios ofrecen también citas para otros trámites con la Administración.

Hace poco más de una semana, pensionistas de Alicante celebraron una protesta frente a las oficinas de la Seguridad de la calle Mayor de esta ciudad para expresar su clamor por el colapso en la cita previa. Aquellos que hayan tenido que pedir una cita para hacer cualquier trámite se han encontrado con poco menos que un calvario. Tras largas llamadas al teléfono automatizado que permite pedir cita, se encontrará con un mensaje grabado avisando que no hay ninguna disponible. Y para las reservas a través de Internet, unas veces se exige firma digital, o hay incompatibilidad de software, y, a no ser que el usuario tenga conocimientos algo más que básicos en informática, difícilmente podrá solventarlos.

Colegio de abogados

Hasta los propios abogados admiten que han tenido problemas cuando han tenido que pedir citas para sus clientes. Lo normal es que los profesionales tengan un modo de presentación telemática, pero hay ciertos trámites que necesariamente deben ser presenciales, sobre todo cuando hay documentación que comprobar. Desde el Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) se han puesto en conocimiento de las autoridades la existencia de irregularidades en el funcionamiento de la cita previa. Situaciones anómalas que han detectado por lo que les han trasladado sus clientes, aunque admiten que muy a menudo se trata de meras sospechas y no hay nada lo suficientemente sólido como para presentar una denuncia formal.

"Hay trámites para los que esa cita es imprescindible para el ciudadano y puede quedarse sin acceder a determinados derechos porque no consiguen que lo atiendan. Hay plazos y éstos pueden caducar si no se presenta a tiempo la documentación", aseguró a este diario el abogado de Benidorm Francisco González, quien recalcó que el problema es de falta de personal. "Hay un cuello de botella para poder atender todas las peticiones que les llegan de los ciudadanos y la Administración no da más de sí", aseguró. "Hay una señora que no puede venir desde Bélgica a la provincia cobrando su pensión porque no puede conseguir un NIE", aseguró.

También persiste la inseguridad que genera el no saber si realmente se han logrado esas citas o no por recurrir a estas vías extralegales. "Ha habido personas que han acudido a estos locutorios para tramitar el Ingreso Mínimo Vital, resultando que el local hacía la petición en su nombre. Posteriormente esas peticiones se han rechazado sin que el interesado lo supiera, porque la Administración se lo ha notificado directamente al locutorio", explicó a este diario Nuria Estévez, graduada social y que trabaja a diario con la Administración para trámites como pensiones de viudedad, o peticiones de jubilación. A pesar de que ella profesionalmente tiene la facultad de presentar telemáticamente las solicitudes de sus clientes, "hay veces en que es necesaria la cita presencial. Hay mucha documentación que cotejar y burocráticamente son asuntos complicados" y admitió que muchas veces el lograr cita "es materialmente imposible".

Planes de choque

A preguntas de este diario fuentes de la Seguridad Social insistieron en que en estos momentos en Alicante los plazos para resolver una solicitud por una pensión de jubilación era de 19 días, cifra que estaba muy por debajo de los noventa días que hay en España. Desde la Seguridad Social se insistió en que este mismo viernes, último día laborable de esta semana para esta Administración, todavía había citas disponibles. "La gente si quiere puede pedirlas", señalaron.

Desde esta Administración recalcaron que el problema principal había sido las jubilaciones de funcionarios que se habían producido y que no se pudieron cubrir como consecuencia de las restricciones presupuestarias. Según su versión, al aumento de las tramitaciones de las pensiones por jubilación se han unido las peticiones de ciudadanos que reclaman el Ingreso Mínimo Vital. Las citadas fuentes señalaron que se estaban estudiando cómo abordar el problema de la compra de citas.

Pero por lo pronto, desde el INSS se insiste en que el principal problema fueron los puestos de trabajo que se perdieron durante los recortes de la anterior crisis económica y que se están poniendo los medios para paliar esta situación. Esta misma semana de delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé anunciaba un plan de choque en la Seguridad Social para destinar nuevos funcionarios con los que reforzar la atención al ciudadano: un total de 29 nuevas incorporaciones.

Interinos

Por su parte, José Luis García delegado del sindicato de funcionarios CSI-CSIF en la Administración Central aseguró que el colapso por la falta de cobertura de las bajas tras las jubilaciones existen, así como los desajustes que estos locutorios están causando al acaparar citas en el sistema, pero señaló que las medidas que se estaban tomando eran ineficaces. "Uno de los errores que se están cometiendo es tratar de cubrir las bajas con personal interino. Están interviniendo en resoluciones que administrativamente son muy complicadas. Hay que hacer muchas comprobaciones de documentación y asumen muchas responsabilidades, por lo que necesariamente deben ir despacio para estudiarlo bien. No es un trabajo que se aprenda de la noche a la mañana. Y cuando ya estén formados en un año, por su carácter de interinos, tendrán que marcharse y habrá que volver a poner a otros a los que habrá que volver a formar", explicó.

Precedente en el País Vasco

Las Fuerzas de Seguridad ya han actuado en el pasado contra el sistema de compra de citas en la Administración. A finales del 2021, la Policía Nacional propuso multas de hasta 40.000 euros para ocho gestorías y locutorios del País Vasco, concretamente en Vizcaya, por acaparar citas previas para trámites en Extranjería y por las cuales llegaban a reclamar entre 30 y 50 euros a quienes necesitaban realizar ese tipo de gestiones, a pesar de que se trataba de citas gratuitas. Hasta 1.200 personas llegaron a contratar estos servicios, causando un perjuicio a otras 10.000 que se vieron imposibilitadas para hacer trámites con la Administración porque la trama las había acaparado todas. La investigación se puso en marcha cuando se descubrió que el sistema de citas estaba saturado debido a las acciones ilegítimas de establecimientos abiertos al público. Mediante una aplicación informática se dedicaban las 24 horas del día a acaparar todas las citas informáticas que el sistema informática ofrecía para la realización en dependencias policiales de trámites en extranjería, saturando la plataforma informática , según informó en su día el Departamento Vasco de Interior.