Una docena de inspecciones al mes y ninguna sanción en todo 2022: el balance de los apartamentos turísticos de la provincia

El balance del control a las infracciones en el mercado de los apartamentos turísticos en 2022 se cerró con un total de 772 inspecciones, pero sin una sola sanción.

La Generalitat señala que la escasez de multas se debe a que los infractores suelen subsanar las irregularidades antes de la apertura de los expedientes y los propietarios reclaman un mayor control para frenar el intrusismo en el mercado.

Según los datos de la Secretaría Autonómica de Turismo, los cinco inspectores con los que cuenta Turismo en la provincia de Alicante -la que más apartamentos tiene registrados de España según un reciente informe de Idealista- realizaron el pasado año una media de doce inspecciones mensuales cada uno: un total de 772 revisiones al año.

Esta labor, sin embargo, no se tradujo en ningún expediente sancionador que corresponda a irregularidades detectadas durante los trabajos de inspección. Un dato que, según la Generalitat, se debe a que los propietarios de las viviendas "suelen subsanar las irregularidades" detectadas en las inspecciones en el plazo que ofrece Turismo antes de establecer una sanción.

Unos datos sorprendentes para el sector, especialmente después de que el pasado verano denunciara que en torno a un 30% de las viviendas turísticas ofertadas las poblaciones alicantinas opera de forma ilegal.

Sin embargo, este panorama es complejo de resolver con los recursos actuales, ya que la Generalitat cuenta con ocho personas para controlar todas las viviendas y hoteles del territorio Valenciano.

Mayor control

Los apartamentos reglados en la Comunidad deben cumplir con una serie de requisitos -como disponer de hojas de reclamaciones, un certificado de desinfección anual o un registro de viajeros que se envía a la Policía- que aquellos que operan de forma irregular no llevan a cabo, lo que sitúa "en desventaja" a quienes cumplen con la normativa autonómica.

Por ello, los propietarios de la provincia reclaman un mayor control a las viviendas que operan de forma irregular y denuncian que, en muchas ocasiones, este tipo de alojamientos que funcionan sin declarar adecuadamente sus ingresos, lo que también les permite reducir considerablemente los precios y convierte este tipo de pisos en una "seria amenaza" para el sector.

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad (APTUR). Miguel Ángel Sotillos, afirma que aunque la relación con el departamento autonómico de Turismo siempre ha sido "de muy buena colaboración", tanto para hacer campañas de concienciación como de inspección, "no es razonable" que con más de 700 inspecciones no se haya levantado ni una sola acta de sanción.

En este sentido Sotillos reclama mayor contundencia, al igual que con otro tipo de infracciones: "Si a ti te pillan excediendo el límite de velocidad, la multa no te la quitan aunque prometas que no te lo vas a saltar más", señala.

Además, aunque cree que la labor de concienciación es muy importante, sostiene que "tenemos demostrado que la gente solo cumple con la legalidad por el miedo", por lo que si los propietarios de viviendas irregulares ven "que hay pocos inspectores y que no se aplican multas" será muy complicado que opten voluntariamente por ajustarse a la normativa.

Una competencia "más que injusta", que enfrenta a la empresas "que generan empleo y pagan IVA" con otros propietarios que "no soportan esas cargas".

Lucha contra el intrusismo

La Secretaría Autonómica de Turismo es consciente de que los medios actuales en cuanto a inspección resultan insuficientes para revisar las más de 60.000 viviendas turísticas de la provincia.

Por ello, señala la existencia de un acuerdo de colaboración contra el intrusismo entre la Generalitat y los municipios adheridos en el que, desde hace varios años, la Policía Local puede colaborar con los inspectores.

Un programa que, según fuentes de Turismo, está sumando muchos apoyos a nivel local especialmente en el año 2022 y el inicio de este 2023.

Entre las localidades que colaboran en esta lucha contra el intrusismo -cerca de 80 en toda la Comunidad- se encuentran algunas de las que más apartamentos concentran, como Benidorm, Alicante, Altea o Dénia.