Los dos fiscales Anticorrupción se incorporan a la investigación en el proceso del «caso pérgola»

Los acusadores públicos estudiarán si hay que practicar más diligencias que las acordadas por la jueza, quien ya ha citado a cuatro investigados, entre ellos los políticos del PP Manuel Jiménez y José Ramón González, y a seis testigos

Los fiscales anticorrupción de Alicante Pablo Romero (i) y Felipe Briones.

Los fiscales anticorrupción de Alicante Pablo Romero (i) y Felipe Briones. / Áxel Álvarez

Los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero, delegados en Alicante de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, van a representar al Ministerio Público en el proceso por el supuesto troceo de contratos en el Ayuntamiento de Alicante que está investigando la titular del juzgado de Instrucción número 9, la magistrada María Luisa Carrascosa.

La investigación pretende aclarar si para realizar varias intervenciones en la partida rural de la Alcoraya se dividieron las obras para adjudicarlas mediante contratos menores, lo que en la práctica significa hacerlo a dedo. Una actuación que partió de la Concejalía de Partidas Rurales, pese a no tener competencias para ello, y que acabó pagando la de Infraestructuras. 

Después de que el Ayuntamiento empezara con mal pie con el juzgado al demorar el envío de los expedientes de las obras que le reclamó la jueza, a lo largo de esta semana se ha ido recibiendo la documentación y acordándose citaciones, que este viernes han llegado físicamente al Consistorio.

Conocida por su diligencia y la rapidez con que afronta las instrucciones, la magistrada María Luisa Carrascosa, la misma que procesó al exalcalde Gabriel Echávarri también por un troceo de contratos, dirige la investigación del «caso pérgola». Junto a ella, los fiscales anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero, quienes tampoco son ajenos a las causas procedentes del Ayuntamiento del Alicante, de las que han llevado desde los supuestos amaños del PGOU a las obras del Plan E pasando por el caso Isjoma o el de Mercalicante, entre otros.

LA INSTRUCCIÓN: Una jueza a la que no le gusta demorar las causas y dos fiscales anticorrupción. Conocida por su diligencia y la rapidez con que afronta las instrucciones, la magistrada María Luisa Carrascosa, la misma que procesó al exalcalde Gabriel Echávarri también por un troceo de contratos, dirige la investigación del «caso pérgola». Junto a ella, los fiscales anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero, quienes tampoco son ajenos a las causas procedentes del Ayuntamiento del Alicante, de las que han llevado desde los supuestos amaños del PGOU a las obras del Plan E pasando por el caso Isjoma o el de Mercalicante, entre otros. / Rafa Arjones

Hasta el momento son diez las personas que tienen que comparecer ante la jueza y los fiscales anticorrupción el próximo día 16. Cuatro como investigados y seis en calidad de testigos. Entre los primeros, el ya exedil de Partidas Rurales, Manuel Jiménez (PP), el concejal de Infraestructuras, José Ramón González (PP), el empresario al que le adjudicaron la construcción de una pérgola, Javier Alemañ, de Rehabilitaciones Grupo Leuka S. L., quien había hecho obras en casa de Jiménez además de compartir con el exedil hoguera en Florida-Portazgo, y el adjunto al jefe del servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento, Manuel Martínez Marhuenda, encargado de supervisar los contratos.

Los testigos son los representantes de las dos empresas que fueron invitadas en este procedimiento negociado, Construcciones Nuroal S.L. y Oguti Gestión S.L.P. , que desistieron de optar a la contrata; el arquitecto que realizó el proyecto, Juan Francisco Galvañ, de Arquitectura Arquip S.L.; el interventor municipal, Francisco Guardiola, una arquitecta técnica y el técnico municipal de Obras Públicos y Jefe de la Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas, ambos de Infraestructuras. 

Las actuaciones bajo sospecha son la pérgola instalada en la plaza Manuel Giménez de la Alcoraya, cuya construcción costó 44.379 euros más los 5.820 del proyecto, y cinco paneles identificativos para cada una de las cinco partidas del municipio por un total de 11.519 euros. 

Además de las citaciones acordadas por la magistrada, los acusadores públicos estudiarán si solicitan la práctica de más testificales y otras diligencias. 

Fiel a mutismo en el que se ha instalado desde que la magistrada abrió diligencias por este tema e imputó a dos de los puntales de su equipo en el mandato que ahora acaba, el alcalde de ciudad y candidato de la reelección por el PP, Luis Barcala, se reafirmó este viernes en no pronunciarse sobre este tema.