Tres jefes de servicio y el vicesecretario municipal, citados por el "caso pérgola"

La magistrada que investiga cómo se contrató la instalación llama como testigos a los responsables técnicos de lntervención, Partidas Rurales e Infraestructuras y, a falta del titular, al secretario en funciones del Consistorio

El exdil de Infraestructuras, José Ramón González, el día que declaró, y el exconcejal Manuel Jiménez llegando a los juzgados el pasado 16.

El exdil de Infraestructuras, José Ramón González, el día que declaró, y el exconcejal Manuel Jiménez llegando a los juzgados el pasado 16. / Jose Navarro

Cinco nuevas citaciones en la investigación judicial sobre supuestas irregularidades en el procedimiento para la construcción de una pérgola en la partida rural de La Alcoraya. La instructora de esta causa, abierta a raíz de una denuncia del PSOE, que aún no se ha personado en el proceso, ha llamado a tres jefes de servicio del Ayuntamiento de Alicante, a quien ante la falta de secretario municipal está actuando como tal y a una funcionaria del área de Intervención para que expliquen el proceso por el que la concejalía de Partidas Rurales llevó a cabo una actuación que no era de su competencia y que terminó pagando el área de Infraestructuras. 5.820 euros por el proyecto, 44.399 por la construcción y más de 10.000 por cinco placas con los nombres de las cinco partidas rurales de Alicante.

Unos hechos por lo que hasta ahora hay cuatro investigados: los ya exediles del PP Manuel Jiménez y José Ramón González, ambos hombres fuertes del alcalde, Luis Barcala, en el mandato anterior; el empresario que levantó la instalación, vinculado a través de las Hogueras a Jiménez y a quien además le había hecho una reforma en su casa, y el funcionario que se encargó de supervisar ese contrato.

Los cuatro han comparecido ya ante la magistrada María Luisa Carrascosa y los fiscales anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero. También lo ha hecho el interventor quien, citado en calidad de testigo, cuestionó el procedimiento que se siguió para la contratación del proyecto de la pérgola así como para su posterior construcción. 

El alto funcionario dejó claro que él se encontraba de vacaciones cuando se produjeron los hechos pero explicó que existían otras vías para acometer este proyecto que hubieran evitado las sospechas de prevaricación que ahora lo rodean, aunque para ello tenía que haber participado directamente Barcala.  

A lo largo de su comparecencia, la más interesante sin duda de todas las que tuvieron lugar el pasado 16, el interventor tumbó la excusa de que todo se había hecho de ese modo en aras a una rapidez necesaria para evitar que venciera el año y se perdiera el dinero con el que iba a pagarse esa actuación. “En el Ayuntamiento el dinero nunca se pierde”, aseveró el encargado de fiscalizar las cuentas municipales.

La pérgola de la plaza Manuel Giménez, de la Alcoraya, que ha dado origen a este proceso.

La pérgola de la plaza Manuel Giménez, de la Alcoraya, que ha dado origen a este proceso. / PILAR CORTÉS

La declaración del interventor  se produjo después de que hubieran comparecido los dos expolíticos populares. A preguntas de la magistrada, González explicó que el procedimiento no era el habitual pero que Intervención y Secretaría lo validaron y que él, ni tuvo constancia en ningún momento de los trámites ni firmó nada.  

Jiménez, al término de su intervención, se limitó a decir que estaba «muy tranquilo» y «muy contento»..

Esa misma jornada también declaró el constructor, quien negó cualquier irregularidad, y el encargado de supervisar el contrato.

Para las próximas declaraciones, que tendrán lugar el 7 de julio, también se ha citado a una funcionaria de Intervención y comparecerán otros dos testigos que estaban llamados para el pasado 16 y que por distintos motivos no pudieron ir la juzgado. 

Durante esa jornada, y en sede judicial, se preguntó por las invitaciones cursadas a los entonces futuros contratistas y las respuestas de los que renunciaron. Se resaltó también la falta de transparencia del procedimiento (ya que hubo contratos que no se colgaron en el portal hasta que no estalló la polémica) y la coincidencia temporal en la ejecución de los contratos de las diferencias actuaciones en busca de un posible fraccionamiento de contratos.