El interventor del Ayuntamiento cuestiona el procedimiento para construir la pérgola de La Alcoraya

Acudió como testigo y se convirtió en uno de los protagonistas de una intensa jornada en los juzgados de Benalúa en la que comparecieron ante la jueza María Luisa Carrascosa hasta cuatro imputados, entre ellos el exconcejal Manuel Jiménez y el hasta este viernes edil José Ramón González, ambos del PP e integrantes del bipartito de Alicante durante este mandato pasado. El interventor del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Guardiola, puso en duda el procedimiento administrativo seguido para la construcción de la pérgola en La Alcoraya durante su testifical, en la que resaltó su nula participación en el proceso, ya que recayó en una compañera del área de fiscalización municipal. 

Según fuentes conocedoras de las comparecencias, el interventor cuestionó el procedimiento que se siguió en el Ayuntamiento para la contratación tanto del proyecto como para su posterior ejecución, resaltando que había otras vías para evitar la sospecha de posible prevaricación que ahora rodea al caso y en las que tendría que haber participado directamente el alcalde, Luis Barcala. El alto funcionario también restó importancia a los tiempos, asegurando que en el Ayuntamiento el dinero no se pierde, por lo que la posible excusa de las prisas por gestionarse los contratos a final de año no cabría. Respecto a las prisas, tanto la jueza como los fiscales anticorrupción insistieron en la premura de tiempo dado a las empresas tanto para redactar el proyecto (5.820 euros) como para la construcción de la pérgola (44.379 euros). 

El edil de Alicante Manuel Jiménez adjudicó a dedo el contrato de una obra a la empresa que realizó reformas en su vivienda

Durante la intervención del interventor municipal, así como en otras anteriores, se puso el foco en lo «excepcional» de un proceso que llevó a que los contratos se gestionaran desde una concejalía, Participación y Partidas Rurales (en manos de Jiménez), pero se pagaran desde otra, Infraestructuras (dirigida por González). También se habló tanto de la nota de prensa en la que el Ayuntamiento informó sobre la construcción del circuito biosaludable y la pérgola, aunque fueron contratos gestionados en momentos distintos y por áreas distintas, como del acto de inauguración celebrado en la plaza Manuel Giménez de La Alcoraya, donde se sitúa tanto el circuito, como la pérgola, además del escenario también reparado en las mismas fechas, donde además se colocó uno de los paneles informativos que están en tela de juicio. Por otro lado, se apuntó a las invitaciones cursadas a los entonces futuros contratistas, como a los que renunciaron, se resaltó la falta de transparencia del procedimiento (ya que hubo contratos que no se colgaron en el portal hasta que no estalló la polémica) y de la coincidencia temporal en la ejecución de los contratos de las diferencias actuaciones, en busca de un posible fraccionamiento de contratos. 

Tras una hora en la sala de vistas, el edil Jiménez salió a paso ligero sin hacer declaraciones a los medios. En el interior del edificio, tras declarar ante la jueza, se limitó a decir que está «muy tranquilo» y «muy contento». En cambio, al término de su declaración, que se prolongó unos 45 minutos, González sí atendió a los medios de comunicación a las puertas de los juzgados. El entonces todavía edil aseguró que había reiterado que no era conocedor del proceso administrativo, pese a pagarse la obra con dinero de su área. «Todo ha girado en si yo lo sabía y si el procedimiento es habitual, y sobre quién ha autorizado todo. Yo he contestado, como ya se dijo en el pleno, que no tenía constancia y que no firmé nada. La jueza me ha preguntado si era un procedimiento habitual, y he dicho que no, pero que está validado por Intervención y Secretaría», explicó González. También fueron llamados a declarar como imputados el empresario que ejecutó la construcción de la pérgola, quien previamente había realizado reformas en la vivienda de Jiménez (por 12.539 euros), además de ser comisionados de la misma hoguera, y el adjunto al jefe del servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento, encargado de supervisar los contratos, entre otros. 

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La investigación de la magistrada se produce como consecuencia de la denuncia presentada a finales de abril por el PSOE, que en cambio, al menos por ahora, no se ha personado en la causa. Durante la jornada de este viernes, no comparecieron todos los citados ante la jueza, ya que dos testigos no acudieron por diferentes motivos. Ambos están llamados el próximo 7 de julio. No se descarta que acudan con nuevos citados, ya sea en calidad de imputados o de testigos. También se espera nueva documentación sobre los contratos.