Docentes e investigadores universitarios de Alicante reclaman al Gobierno que les reconozca los años trabajados en becas

Profesores e investigadores universitarios de toda España, entre ellos muchos de la provincia de Alicante, reclaman al Gobierno que les reconozca los años que trabajaron a través de una beca, y que hoy por hoy no consta en su vida laboral. Los afectados son en su mayoría profesionales que ya sobrepasan los 50 años y que hace ya tiempo, por lo general en las décadas de 1990 y 2000, fueron empleados en prácticas en alguna universidad o algún centro de investigación superior. Un empleo que en la mayoría de casos se prolongó durante varios años, pero que a efectos legales no aparece en ninguna parte.

Los beneficiarios de esas becas nunca fueron, por lo general, dados de alta en al Seguridad Social ni generaron ningún derecho laboral. Esta circunstancia lleva, tal y como explican los propios docentes e investigadores, a que el tiempo trabajado mediante esta fórmula ahora no exista para el sistema. Y por tanto, que no se tenga en cuenta para computar aspectos como la antigüedad o la cuantía de las pensiones. Esto lleva a situaciones como percibir un salario inferior al que teóricamente les correspondería, o tener que retrasar la edad de jubilación para poder alcanzar el tiempo mínimo de cotización.

Son miles los afectados en el conjunto de España, y alrededor de un millar en la Comunidad Valenciana, según cálculos del Sindicato Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de Universidades y Centros de Investigación (Sattui). Esta organización, surgida en la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècncia de València (UPV), ha promovido y coordinado bastantes acciones en este sentido en los últimos años, siempre con el objetivo de que se reconozcan los derechos a los que deberían haber dado pie estas becas.

Matilde Sancho y Hèctor Monterde, responsables de Sattui que trabajan este tema en la UV, y Guillermo García, que lo hace en la UPV, explican que este es el resultado de haber tenido "investigación a precio de coste". "Ahora tenemos a mucha gente que no ha podido cotizar, o solo parcialmente". El asunto se arrastra desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que ya en 2011 se aprobó un Real Decreto-Ley que abría la puerta a que quienes habían sido becarios en universidades pudieran regularizar un máximo de dos años, pagando las correspondientes cotizaciones. Sin embargo, lamentan, "muy pocos lo hicieron, por el desembolso que debían hacer y el poco tiempo que tenían para ello".

Posteriormente, en 2018, se aprobó un nuevo decreto que no llegó a desarrollarse. Esa inacción fue la que llevó a Sattui a emprender esta campaña porque, denuncian, "consideramos que había una injusticia pendiente con los investigadores". Después se han aprobado otras dos resoluciones más, la última el pasado 28 de junio. Ahora se amplía el periodo máximo que se puede regularizar a cinco años. Sin embargo, Sancho, Monterde y García expresan su preocupación por que, con la convocatoria de elecciones, este nuevo Real Decreto-Ley caiga también en el olvido. Además, exigen que esa regularización, mediante el pago de las cotizaciones, pueda hacerse sine die y por todo el tiempo trabajado a través de becas.

Toda una generación afectada

Eduardo Cervelló, catedrático del Departamento de Ciencias del Deporte de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), es uno de los cientos de afectados por esta situación en la provincia de Alicante. Tuvo una beca de Formación de Personal Investigador (FPI) entre 1992 y 1996, sin estar dado de alta en la Seguridad Social ni tener ningún derecho laboral. Rememora con ironía que "cobraba 65.000 pesetas" al mes, y ahora lucha para que se le reconozca esa experiencia. "Somos toda una generación y que vamos a jubilarnos en unos diez años, y que no hemos cotizado por un largo periodo de nuestra vida laboral", asegura.

Cervelló considera que la solución sería "abrir un convenio regulatorio" y dar la opción a normalizar la situación, y que "el Estado se hiciera cargo" para evitar que nadie se quedara fuera de la medida por no poder pagar sus cotizaciones. "Deben darse cuenta de que esto es una injusticia", recalca el catedrático, quien lamenta que en 2011, cuando se aprobó el primer decreto, "la gran mayoría no teníamos dinero" para afrontar los pagos fijados. Además, critica que desde entonces hasta la fecha "nadie ha acabado de concretar nada".

"Hacíamos de todo y no se nos reconoce nada"

María Soledad Almansa, profesora de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH, fue becaria durante seis años en centros de investigación de Murcia. "Como aquello no nos contó, ahora esos años no nos sirven. Ni cotización, ni trienios ni nada", comenta, a medio camino entre la indignación y el sentido del humor. "El perjuicio ya está hecho, y ahora hay gente con hasta 16 años trabajados que no constan en ningún sitio, y que tienen que retrasar la jubilación un disparate", asegura. "El agravio es muy grande".

"Me fastidia que esos años no me los reconozcan", añade la docente, cuando en aquellas becas "hacíamos de todo: investigar, dar clases de Doctorado, escribir artículos... Y sin vacaciones ni bajas". Almansa comparte la crítica de que "en 2011 no se enteró nadie" por las condiciones de aquella regularización, al tiempo que muestra también su temor a que el resultado electoral pueda influir en que el último decreto no llegue a aplicarse. "Si el Gobierno cambia de color, con denegar lo que los demás han aprobado ya basta", señala. No obstante, incide en que ya se podría poner en marcha, ya que no hay razón objetiva para que el proceso electoral afecte a la implementación del decreto.

Nuevo Estatuto del Becario: ¿qué es y en qué consiste?

Conviene señalar, por otro lado, tal y como recuerdan los representantes de Sattui, que esta reivindicación va al margen del llamado "Estatuto del Becario", ya que no se refiere a personas que estén actualmente participando de una de esas becas o vayan a ser beneficiarios a corto plazo, sino a docentes que fueron becarios hace ya mucho tiempo. Tampoco es la misma reivindicación que la de hacer que los estudiantes en prácticas coticen mientras llevan a cabo su trabajo.