Toni Pérez: "el Gobierno está abocando a la provincia de Alicante a convertirse en un desierto"
El presidente de la Diputación advierte sobre el "desastroso e incalculable" impacto social y económico que genera el recorte del trasvase Tajo-Segura con efectos "irrecuperables"
Los expertos de la Comisión Técnica Provincial del Agua convocados este martes 1 de agosto por el presidente Toni Pérez. / Pilar Cortés
La Diputación Provincial de Alicante ha reunido este martes, de forma extraordinaria y urgente, a los miembros de la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua para emprender acciones legales contra la negativa del Tribunal Supremo a suspender cautelarmente el aumento del caudal ecológico del Tajo que solicitó la institución provincial.
Un encuentro celebrado en el Palacio Provincial en el que también se están analizando, desde el ámbito jurídico, las diferentes vías de acción con el fin de establecer una "hoja de ruta" que pueda revertir la decisión del alto tribunal. "El daño no es recuperable y por eso seguismo insistiendo en la necesidad de aplicar medidas cautelares", ha indicado el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, poniendo el problema en manos de los expertos de la comisión técnica del Agua para que no se aplique el incremento del caudal ecológico que implica recortar los trasvases de agua del Tajo al Segura.
"Tenemos la obligación de dar la batalla hasta el último momento en defensa de los intereses de nuestra provincia. La defensa del agua es una tarea inexcusable porque el agua es uno de nuestros grandes frentes precisamente porque es una de nuestras grandes necesidades", ha añadido Toni Pérez reiterando la histórica petición popular de "agua para todos".
Respecto a la línea argumental que va a seguir la Diputación ante el alto tribunal solo ha adelantado que se va a incidir en la afección socioeconomica y del tejido social de toda la provincia de Alicante, "que es algo que ya no vamos a poder recuperar y así se lo vamos a trasladar al Supremo".
Europa es el gran líder mundial por la sostenibilidad que debe ser entendida desde tres dimensiones: ambiental, social y económica. Y para avanzar en estas políticas desde la UE se plantea una renaturalización del territorio. Un postulado que para el presidente de la institución provincial resulta una incongruencia con la decisión de recortar el trasvase del Tajo-Segura. "En vez de apostar para que sigamos siendo la gran huerta de Europa, el Gobierno de España demuestra con sus acciones, no con sus palabras, que nos está abocando a convertirnos en un desierto y eso, además de no tener ninguna lógica, va en contra de la sostenibilidad que se prioriza desde Bruselas".
El presidente de la Diputación, Toni Pérez, y Ana Serna, diputada de Ciclo Hídrico, dirigiéndose a la reunión de la Comisión Técnica del Agua. / Pilar Cortés
Por eso Toni Pérez advierte de que la provincia podría encontrarse ante "un auténtico desastre y el impacto social, por encima del impacto económico, puede ser incalculable porque no se puede estar combatiendo la despoblación con programas de reto demográfico y, al mismo tiempo, reduciendo las posibilidades de los territorios que sufren o podrían sufrir esta problemática".
En cualquier caso, el dirigente popular considera que Alicante se encuentra ahora en una situación más sólida en la defendesa del trasvase del Tajo-Segura al presidir la Generalitat Valenciana el también popular Carlos Mazón. "Ahora ya sí por fin tenemos la voz alineada perfectamente con la Generalitat Valenciana y vamos a ir de la mano en este asunto", ha manifestado Pérez puntualizando, respecto a un posible frente común entre diferentes territorios, que el Consell reclama cuestiones distintas a las planteadas por las Comunidades Autonómas de Andalucía y Murcia.
El acuerdo que emane de la comisión técnica deberá ser trasladado a la Mesa Provincial del Agua para su aprobación. Pero este ente todavía no se ha constituido tras el nombramiento de los primeros cargos del nuevo gobierno de la Diputación de Alicante.
A pesar de ello el presidente Toni Pérez asegura que se disponde desde la entidad de suficiente capacidad para aplicar las decisiones adoptadas. Una medida fundamental teniendo en cuenta el corto plazo de tiempo del que se dispone para alegar contra el resolución del Tribunal Supremo, que finalizará el 5 de septiembre.