La Diputación convoca la Comisión Técnica de la Mesa del Agua tras el revés judicial del Tajo-Segura

El órgano se reunirá con carácter extraordinario y urgente el próximo martes para analizar el auto del Tribunal Supremo que rechaza la suspensión cautelar del recorte del trasvase

Toni Pérez y Carlos Mazón se saludan en la Diputación de Alicante tras el relevo en la presidencia de la institución provincial.

Toni Pérez y Carlos Mazón se saludan en la Diputación de Alicante tras el relevo en la presidencia de la institución provincial. / Alex Domínguez

Pérez Gil

Pérez Gil

La Diputación Provincial de Alicante reunirá el próximo martes 1 de agosto, con carácter extraordinario y urgente, la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua con el objetivo de analizar el rechazo del Tribunal Supremo a la suspensión cautelar del aumento del caudal ecológico del Tajo solicitada por la institución provincial. Un encuentro en el que también se estudiarán las diferentes vías de acción contra el revés judicial.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, avanzó ayer que los Servicios Jurídicos trabajan ya para plantear un posible recurso de reposición contra este auto dictado por la Sala III del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por los efectos negativos que esta decisión tiene sobre los intereses generales de la provincia.

La institución provincial presentó el pasado mes de abril un recurso contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que el Gobierno central aprobaba la nueva planificación hidrológica del Tajo, estableciendo un aumento gradual del caudal ecológico hasta el año 2027 -de 6 m3/s a 8,6 m3/s- con el consiguiente recorte del agua trasvasada al río Segura.

La Diputación argumentó que este incremento producía desde la misma entrada en vigor de la norma daños irreparables e inmediatos sobre la economía y el medioambiente de la provincia de Alicante, cifrando en 85 millones de euros la pérdida de actividad económica ya con la primera elevación de 6 a 7 m3/s. Por ello, la institución solicitó en su recurso la medida cautelar de suspensión, una petición que ha sido ahora denegada por el alto tribunal, que también ha rechazado la formulada en este mismo sentido por la Región de Murcia.