El Botànic en funciones dio el visto bueno ambiental a ampliar la cantera de la Serra Mitjana en Alicante

El ex director general Joan Piquer emitió un informe favorable a aumentar en 9 hectáreas la superficie de la explotación llevando a cabo "una restauración acompasada" del entorno

Los ecologistas denuncian que el documento "tiene muy poco rigor" y la decisión queda en manos del nuevo Consell de PP y Vox

La mercantil responsable ha pedido ampliar la superficie de explotación en nueve hectáreas.

La mercantil responsable ha pedido ampliar la superficie de explotación en nueve hectáreas. / INFORMACIÓN

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Gobierno del Botànic concedió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la ampliación de la cantera de Serra Mitjana cuando ya estaba en funciones. Sólo dos semanas antes de su cese, el ya ex director general de Calidad y Educación Ambiental, Joan Piquer, firmó el informe favorable a aumentar la superficie de explotación en 9 hectáreas, pasando de las actuales 56,42 a más de 65.

La empresa a cargo de la cantera presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante el proyecto en el que reclamaba dicha ampliación en junio de 2018. Sin embargo, no ha sido hasta julio de 2023, con el Botànic ya en funciones tras las elecciones del 28M, cuando la conselleria ha dado el visto bueno al impacto ambiental del proyecto. Durante el proceso de tramitación, el departamento autonómico solicitó documentación adicional a la mercantil responsable de la planta tanto en febrero de 2020 como en agosto del 2022.

En el documento finalmente aprobado se justifica la ampliación de la cantera en la realización de "una restauración acompasada al ritmo de explotación", de tal forma que los bancos explotados "se restaurarán conforme se abandonan, reduciendo así el impacto visual, paisajístico y medioambiental de la explotación y haciendo coincidir el final de la explotación con el final de la restauración". 

De acuerdo con la propia DIA, el diseño del nuevo perímetro de la planta, que se llevará a cabo mediante el uso de explosivos y bulldozer, "se ajusta a la morfología actual y a las limitaciones establecidad por la compatibilidad urbanística". Además, estima las reservas de la Serra Mitjana en unos 48 millones de toneladas, que se explotarán a un ritmo de producción de 1,6 millones anuales, con una vida útil prevista de 30 años.

Una vez concluidos los trabajos de extracción, la compañía responsable deberá llevar a cabo una regeneración del entorno que incluirá rellenados parciales del hueco creado, la preparación del suelo con tierra vegetal y de plantación, la revegetación con especies forestales y el mantenimiento de la misma.

Críticas de los ecologistas

La noticia de la aprobación de la DIA para la ampliación de la cementera no ha sentado bien a los colectivos en defensa del entorno natural. Ecologistas en Acción considera que el documento "tiene muy poco rigor" y lamenta que las alegaciones presentadas por el colectivo no han sido atendidas por el anterior director general.

En el documento presentado por la organización se ponía de manifiesto que el plan de restauraciñon en la zona "es inviable" dado que la pendiente en los terraplenes es "excesiva" e "impide el enraizamiento de la vegetación". Además, alertan de que con esa inclinación "es imposible que la vegetación y la tierra puedan estabilizarse y no se sean arrastradas por episodios de fuertes lluvias".

Desde el colectivo también denuncian que la nueva delimitación de la cantera "invade Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alicante", aprobado por el Ayuntamiento y la Administración Autonómica en 1987, "contrariamente a las afirmaciones que se hacen en los diferentes documentos y planos sometidos a información pública".

La citada Declaración de Impacto Ambiental constituye un documento imprescindible para poder llevar a cabo dicha ampliación, pero no supone una autorización definitiva para iniciar las obras, sino que esta decisión depende ahora del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Generalitat, en manos del Partido Popular y Vox desde el pasado mes de julio.