Barcala esquiva el control en la gestión a través de los asuntos que se aprueban por urgencia

La rendición de cuentas es una radiografía de cómo se gestionan los servicios y el dinero público y las de 2022 dejan, blanco sobre negro, las deficiencias en las que convivió el bipartito del equipo de gobierno del Partido Popular con Ciudadanos. La exposición pública de los informes de presupuestos y fiscalización revelan el uso y abuso de la figura de tramitar por urgencia «lo que debería ser excepcional». 

En concreto, el informe de Intervención refleja que el 39,95% de los 1.234 asuntos fueron por la vía de urgencia, es decir, que 753 estuvieron en el orden del día y otros 501 entraron a posteriori. La cuantía es similar a la del 2021, pues el 38,07% se formalizaron por esta vía exprés. El documento de control interno señala que «se recomienda la reducción del número de asuntos aprobados previa declaración de urgencia en aras a mejorar la transparencia en la gestión municipal y que no se concierta en ordinario aquello que debería ser excepcional».

Barcala, como presidente de la Junta de Gobierno, se ha convertido en un alcalde abonado a las urgencias, pues lejos de corregir esta anormalidad administrativa, el inicio del mandato ha corroborado el sistema. Desde las elecciones del pasado 28 de mayo, el Ayuntamiento ha celebrado 17 juntas de gobierno, once ordinarias y seis extraordinarias y urgentes. El problema radica en las del primer grupo que se celebran habitualmente los martes. 

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Esta semana sin ir más lejos (22 de agosto), la convocatoria recogió doce puntos, siete de los cuales entraron por la vía rápida. Además tuvo lugar unas horas más tarde otra reunión extraordinaria que llevó la única prórroga del contrato del alumbrado ornamental. Se trata de un caso que cumple todas las advertencias dichas por el interventor municipal y que van ligadas a la falta de diligencia en la gestión. La cuantía de esa prórroga asciende a 731.430 euros.

Estos trámites no implican ilegalidad, sino una falta de rigor de la que advierte la intervención general y que está directamente relacionada con la falta de eficiencia y transparencia del dinero público. 

Demanda reiterada

La oposición ha denunciado sistemáticamente el abuso de una figura que resta capacidad de control y fiscalización a los grupos municipales que deben hacerla. De hecho, estos días lo puso de relieve la portavoz socialista, Ana Barceló, tras la comisión especial de cuentas. 

El sistema se ha normalizado hasta el punto de que la demanda los martes, día habitual de celebración de este órgano ejecutivo, todos esperan a media mañana para conocer los asuntos que han ido por la vía de urgencia. Uno de los puntos que preocupa al departamento que vigila y vela por el cumplimiento administrativo de los fondos, la Intervención General, es que 28 de los 161 contratos de adjudicación registraran "disconformidades" (17,24%). 

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La Junta de Gobierno del 16 de agosto tuvo 13 puntos, cinco fueron por urgencia. Todos estuvieron dirigidos al ámbito económico (un reintegro de subvención, la retirada de un contratista en un concurso, dos contratos de servicios públicos y el restablecimiento económico de un aparcamiento subterráneo). En la Junta del 8 de agosto, parecido. Se aprobaron 17 puntos, ocho por urgencia. Sólo se sale del perfil un convenio de apoyo a asociaciones juveniles, el resto fueron tres devoluciones de garantía de obras, una adjudicación, la convocatoria de la actuación del ecoparque de Villafranqueza, la resolución de las obras de Isla Corfú y la actualización de precios para otro estacionamiento subterráneo).

La diferencia de información de que un asunto vaya por la vía ordinaria o la urgente es fácilmente apreciable en la propia web municipal. Si un ciudadano, asociación o empresa quiere consultar qué temas se van a tratar por el gobierno local para saber si le afectan puede saberlo previamente a través del orden del día. Si el asunto va por la vía rápida no lo va a saber hasta que se apruebe y se publica en el acta. Esta cuestión también afecta a la oposición.