Consistorio de Alicante: ¿un ayuntamiento en estado crítico?

La falta de personal en el Ayuntamiento de Alicante no es una cuestión menor. El departamento de Intervención lo denuncia año tras año respecto a un área que es la encargada de fiscalizar las cuentas, pero el mal está extendido, como bien admitió el alcalde en funciones, Manuel Villar, al resto de concejalías. 

Con este problema sobre la mesa de difícil solución, el equipo de gobierno que dirige en la actualidad Luis Barcala se enfrenta a otras realidades no menos conflictivas. Es el caos del retorcido uso de las urgencias para gestionar asuntos ordinarios o la ausencia de información actualizada en los inventarios para conocer la realidad de los servicios. 

Un estudio pormenorizado del documento oficial, que pasó por pleno, expone también la preocupación por la forma en la que se gestionan los expedientes en el Ayuntamiento. «Siguen adoptándose acuerdos con efectos presupuestarios sin la correspondiente fiscalización previa» y aunque a posteriori parece no tener más importancia porque se subsanan, revelan una metodología poco ortodoxa y desfasada. 

«La causa de estas omisiones obedece a la práctica de acumular en un único documento el informe del centro gestor y el informe que resuelve en el que se hace constar que el expediente ha sido fiscalizado, afirmación que genera la presunción de que así ha sido, toda vez que no se sabe si está ante una propuesta de acuerdo o una resolución. Esta forma de tramitar los expedientes no es más que una reminiscencia histórica de cuando los documentos se cumplimentaban con máquinas de escribir mecánicas y, el principio de simplificar el expediente en lo posible aconsejaba esta forma de proceder; pero en la actualidad, los tratamientos de texto informáticos permiten copiar parte de un texto a otro con escaso esfuerzo». 

Barcala esquiva el control en la gestión a través de los asuntos que se aprueban por urgencia

Los riesgos

La advertencia puede parecer que se queda en el ámbito burocrático; sin embargo, es la antesala para que Intervención deje claro que todo lo que no se hace correctamente tiene un responsable: el gestor. «La debilidad argumental y jurídica de la que adolecen no pocos informes (…) traslada la responsabilidad al órgano que ha de adoptar el acuerdo» y cita la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 2019 que provocó la inhabilitación del socialista Gabriel Echávarri por el conocido caso comercio y que, en definitiva, fue un fraccionamiento de contrato. Así, a pesar del visto bueno de las áreas económicas, el ex alcalde, como máximo responsable de la Junta de Gobierno, fue el encargado de incluir la aprobación de las facturas en este órgano gestor. Las consecuencias de aquella decisión acabó con un juicio y un cambio en el gobierno municipal. 

Villar aseguró que tienen las manos atadas para ampliar el personal y es cierto que el Gobierno de España hace tiempo que limitó las plantillas de las administraciones locales y sólo permite la reposición (las salidas por jubilación) y las bajas de larga duraciónn, tal y como apunta la secretaria general de CSIF y presidenta de la Junta de Personal, Marián Molero. 

Sin solución para el retraso y las deficiencias de las cuentas municipales en Alicante

La vía de ajustar plantilla es una de las viejas reivindicaciones de los sindicatos, pero, hasta la fecha han fracaso todos los intentos por contratar una empresa para actualizar la Relación de Puestos de Trabajo. Ninguna empresa se quiere presentar a hacer un trabajo de alto voltaje, pues supone reacondicionar puestos, suprimir y crear. 

Y mientras se llegan a soluciones, la realidad de Intervención lleva a situaciones críticas debido a la pérdida de personal cualificado y la sustitución de otros con años de experiencia por interinos. «Informes como el control de registro de facturas y de las subvenciones han sido iniciados por tres funcionarios distintos y ninguno ha permanecido tiempo suficiente para formarse y concluir un procedimiento». 

Las consecuencias las ha ido publicando este diario y atacan directamente contra la transparencia y lo que es más grave, la falta de planificación a distintos niveles, aunque la evidente es la de las inversiones. El hecho es que desde 2016, la ejecución ha caído de maneras progresiva (desde 87% hasta el 62%). 

En este punto, hay dos posturas: la del gobierno del PP que habla de un mayor volumen para actuaciones y la de la oposición, que califica las cuentas municipales de irreales.