Alicante estudia cómo aplicar la sentencia de la Policía Local

El Ayuntamiento de Alicante insiste en que no recurrirá la sentencia sobre las controvertidas oposiciones a la Policía Local, pese a la intranquilidad que ha generado en cientos de funcionarios del Consistorio municipal el primer punto de la decisión judicial: «Declarar la nulidad del acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2022 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante en sesión celebrada el 24 de mayo de 2022 y que se publicó en el BOP el 25 de mayo».

Plazas para todos en la Policía Local de Alicante

El alcalde Luis Barcala ha insistido este martes en que no se va a recurrir la sentencia por parte del Consistorio y en que «lo que se está viendo desde Recursos Humanos y desde los Servicios Jurídicos es la ejecución de la propia sentencia». Barcala afirma que la finalidad es muy clara: «Que el espíritu que tiene la sentencia es que se incorporen todos aquellos funcionarios, incluso los que están en una situación de interinidad aprobada». Para el primer edil, «lo que pretendemos es finalizar de una forma definitiva todo el proceso de las oposiciones».

Puestos en peligro

El funcionariado, por su parte, cree que el primero de los puntos de la sentencia deja en el aire todas las oposiciones que tienen como base esa OPE de 2022, al declararse su nulidad, no sólo las citadas para la Policía Local. El fallo judicial también incluye un punto anterior que anula el acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2022.

Tensión entre los funcionarios por la sentencia sobre las oposiciones en el Ayuntamiento de Alicante

Ese acuerdo de la Junta de Gobierno, aprobado en mayo del pasado año, incluía un total de 310 plazas, donde además de los puestos destinados a los policías locales, también se incluían diversas plazas para otras categorías de la administración local. Puestos como auxiliar administrativo, psicólogos, delineantes, educadores, bomberos, ingenieros, técnicos de museos, electricistas, conserjes, trabajadores sociales y monitores ocupacionales, que ahora ven peligrar su empleo.