Plazas para todos en la Policía Local de Alicante

Un juzgado obliga al Ayuntamiento a ampliar la oferta pública de empleo de la controvertida oposición al Cuerpo de seguridad municipal, acumulando todas las plazas vacantes para dar cabida a los que aprobaron el proceso selectivo

Reciente toma de posesión de policías locales, procedentes de la oposición de la polémica

Reciente toma de posesión de policías locales, procedentes de la oposición de la polémica / Jose Navarro

C. Pascual

C. Pascual

Todos los aspirantes que aprobaron la controvertida oposición a la Policía Local, que estuvo en cuestión por supuesto enchufismo, tendrán plaza en el Ayuntamiento de Alicante. Esa es la decisión del juzgado de la Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que ha estimado el recurso presentado por un grupo de trece opositores que superaron el proceso pero se quedaron fuera al no conseguir nota suficiente para optar al casi centenar de vacantes ofertadas.

El juez obliga al Consistorio alicantino a acumular todas las plazas vacantes que haya en el Cuerpo municipal, que según fuentes municipales superan el medio centenar, tal y como recogían las bases de la oposición. La sentencia declara nulo el acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2022 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante en sesión celebrada el 24 de mayo de 2022. Además, ordena al Ayuntamiento a que proceda a aprobar una o varias OPE del año 2022 y 2023, incluyendo todas aquellas plazas vacantes existentes de agentes de Policía Local, para que se acumulen al proceso selectivo aun no finalizado. Se trata de la convocatoria de las bases específicas para cubrir en propiedad inicialmente 62 plazas de Agentes de Policía Local (luego se amplió a 99 puestos, según fuentes municipales) por el turno libre, aprobadas por la Junta de Gobierno Local en septiembre de 2019, incluyendo a los demandantes, y, por tanto, exige que "se modifique o amplíe la propuesta del tribunal calificador, incluyéndolos como aspirantes propuestos que habiendo superado todas las pruebas selectivas de la fase de oposición, deben incorporarse también al Ivaspe para la realización del curso de capacitación teóricopráctico". Contra la resolución judicial cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un plazo máximo de quince días.

Desde el sindicato SPPLB subrayan que es "una sentencia histórica que hace justicia para todos los opositores que en muchas ocasiones a parte del sacrifico que supone la preparación para conseguir un trabajo, después tienen que sufrir las desafortunadas decisiones de ciertos servicios de recursos humanos como el caso del Ayuntamiento de Alicante".

Fuentes sindicales aseguran que "ejecutar esta sentencia no va a significar un problema para el Ayuntamiento de Alicante porque según los datos existen más de 80 plazas de agentes vacantes actualmente y además de todos es conocido la existencia de varios nombramientos de agentes Interinos que se han llevado a cabo recientemente, con lo cual queda acreditado que las plazas en cuestión están dotadas presupuestariamente tal y como la ley estipula para poder ser cubiertas".

Según el sindicato, que lamenta que el Ayuntamiento apostara por impulsar otro nuevo proceso en lugar de acumular plazas, tal y como ha ordenado ahora el juzgado, "con esta sentencia se va a mejorar la seguridad ciudadana en la ciudad de Alicante y va a contribuir a corregir el déficit que existe en la plantilla y el ahorro para las arcas municipales ya que no tendrá que realizar un nuevo proceso selectivo".

Desde el Ayuntamiento no han valorado todavía la sentencia judicial, pese a las preguntas de este diario, por lo que no se conoce si recurrirán al TSJ o la aceptarán. Un día antes, ante una sentencia favorable sobre la carrera profesional, emitieron un comunicado para defender la gestión municipal. 

Reacciones

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que "la justicia acorrala a Barcala por la gestión del servicio de la Policía Local". "Una vez más, el gobierno de Luis Barcala hace dejación de funciones en la gestión de los servicios públicos, despreciando el empleo público, a los funcionarios y funcionarias y a sus sindicatos. Esta gestion negligente está colapsando los servicios públicos. La situación de la Policía Local es insostenible. Esta sentencia pone en entredicho al departamento de Recursos Humanos, ya que obliga al Ayuntamiento a ampliar la oferta pública de empleo", ha añadido el edil, quien solicita que se "aparte a la persona responsable de Recursos Humanos y se abra un expediente de averiguación de hechos para depurar responsabilidades en el servicio de recursos humanos ante esta sentencia, que está perjudicando al servicio, a los efectivos y a los opositores".

¿Presunto enchufismo?

Esta oposición estuvo marcada por la polémica, ya que en el listado de aprobados figuraban personas muy cercanas a actuales agentes del Cuerpo de Seguridad alicantino, incluyendo miembros del cuadro de mandos, como hijos, hijas, mujeres, novias, sobrinos y yernos, entre otros parentesco. También estaban incluidas en ese listado personas próximas a partidos políticos y a empresas con vínculos con agentes locales, además de sindicalistas del Ayuntamiento, salpicando a siglas como UGT y CSIF.

Recientemente, también se supo que otra sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) obligaba al Ayuntamiento de Alicante a reiniciar un proceso selectivo de la Policía Local del turno de movilidad, por el que se convocaron treinta plazas dentro de la Oferta Pública de Empleo de 2018.