Vox vuelve a la carga contra el valenciano en Alicante

Nuevo escenario, mismo objetivo. Ahora con la coalición PP-Vox al frente de la Generalitat Valenciana y con mayoría en las Cortes, el grupo municipal liderado por Carmen Robledillo vuelve a buscar el apoyo del Pleno de Alicante para que la ciudad pase a ser de predominio lingüístico castellano, lo que en la práctica supondría una reducción de la presencia del valenciano en las aulas. 

En los tres intentos anteriores, durante el pasado mandato, la iniciativa nunca salió adelante por el decisivo posicionamiento de Ciudadanos, que ya no tiene representación en la Corporación municipal tras su debacle en las elecciones del pasado 28M. En enero de 2020, los naranja votaron "no", junto a los grupos de la izquierda. En los dos intentos posteriores, tanto en diciembre de 2020 como en enero de 2022, Ciudadanos se pasó a la abstención, que siguió siendo clave para que la propuesta no fuera aprobada. 

Ahora, ya sin los naranja en el Pleno de Alicante, donde PP y Vox tienen mayoría, los ultras registran de nuevo una propuesta similar. El principal acuerdo de la iniciativa busca que el Pleno inste a las Cortes Valencianas -que es el Parlamento que tiene la competencia- "a la modificación de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, eliminando al término municipal de Alicante del artículo 35 (términos municipales de predominio lingüístico valenciano) e incluyéndolo en el articulo 36 (términos municipales de predominio lingüístico castellano)".

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Según explica Vox en su iniciativa, "en el artículo 35 de la Ley se determina que Alicante es un término municipal de predominio lingüístico valenciano, imponiendo así la máxima aplicación de los efectos dispuestos en la misma para la carga lectiva en valenciano". Asimismo, según prosiguen, "en el artículo 18 determina que en los territorios castellano-parlantes que se relacionan en el título quinto, dicha incorporación (la del valenciano) se llevará a cabo de forma progresiva, atendiendo a su particular situación sociolingüística, en la forma que reglamentariamente se determine". 

Así, para la formación ultra, "esta clasificación se trata en la práctica de un fraude puesto que las encuestas realizadas por el propio Consell en el año 2015 -nada sospechosos de defender el español- determinan que en Alicante, en el ámbito familiar, el español es la lengua materna empleada (84,5%) por encima del valenciano (12,3%), siendo en el ámbito laboral y social los porcentajes mucho más altos en lo que respecta al uso del español por encima del uso del valenciano".

Tal y como recuerda Vox, "la situación política de la Comunidad Valenciana ha dado un giro de 180 grados tras las elecciones autonómicas de mayo, conformándose un gobierno de coalición de Partido Popular y Vox en el Consell". "Se da la circunstancia de que ambos partidos, aunque en distinto grado, llevaban en sus programas electorales la defensa del español y la garantía de su enseñanza plena en el ámbito educativo así como la defensa de la libertad de los padres a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos, todo ello -según prosigue la iniciativa de Vox- al amparo del artículo 27 de la Constitución Española, abandonándose así la deriva totalitaria e ideológicamente sectaria del gobierno formado por PSOE, Compromís y Podemos donde se arrinconaba deliberadamente el español y su sustitución sistemática por el catalán. No en vano, el acuerdo de gobierno del Consell entre Partido Popular y Vox fija la libertad educativa y libertad de elección de lengua así como la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos en los puntos 27 y 28 del mismo".

Según Vox, el Pleno de Alicante tiene la "obligación de defender los derechos y libertades de los alicantinos en materia educativa y el español como lengua predominante en el término municipal de Alicante". Por ello, según prosiguen, "los partidos políticos constitucionalistas debemos garantizar el cumplimiento de la Constitución Española y para ello debemos promover cualquier tipo de acción jurídica y política tendente a la garantía de las libertades de las familias y al correcto desarrollo personal, social y académico de los niños".