Alicante está a la cola del país en número de plazas en residencias para mayores

«Intente encontrar plaza en una residencia para mi madre, pero no lo conseguí, no encontraba una acorde a nuestras necesidades, a los pocos meses falleció». Este testimonio es de Sonia, una alicantina que pasó por un largo proceso, amargo la mayor parte, para tratar de meter a su progenitora en un geriátrico. Como ella, son miles las personas que cada año se topan con la realidad: la demanda es infinitamente mayor a la oferta. 

España debe afrontar este déficit de camas, tanto en los centros para mayores públicos como privados, teniendo el hándicap de que es un país con una tasa de envejecimiento que no deja de crecer en las últimas dos décadas. 

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que el número de plazas en las residencias sea del 5% de la población mayor de 65. En la actualidad, la media nacional es de 4,2 plazas por cada 100 personas mayores, según el último informe del Laboratorio Envejecimiento en Red del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha publicado la distribución de centros y plazas residenciales por provincia a partir de datos de septiembre de 2022. 

Esa es la media, pero los datos son para llorar si los desglosamos provincia a provincia: Alicante está a la cola del país en número de plazas en centros para mayores, con 2,3 plazas por cada 100 habitantes. Solo se sitúan por detrás Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Las Palmas.

El documento recoge que la provincia cuenta con 9.118 plazas disponibles en geriátricos para una población total de 1.901.594, de los que el 20,5 por ciento, esto es, 390.329 personas, son mayores de 65 años.  

Las diferencias son abismales entre las provincias que ocupan el primer y el último puesto de la tabla. Así, en Soria disponen de 11,1 plazas por cada 100 personas, mientras que Las Palmas tiene 1,6 puestos.

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Las provincias de la España vaciada tienen los mejores ratios, ya que entre los diez primeros puestos se incluyen las de Castilla y León y Teruel, frente a las turísticas y las que bañan el Mediterráneo como las islas Canarias, Murcia y Málaga, además de Alicante. 

Por autonomías, Castilla y León lidera el número de plazas para mayores, con 7,7 por cada 100 habitantes, seguida de La Mancha, con 7,2, y de Extremadura, con 6,7.

«Si no hay suficientes plazas ni familias que puedan pagar, el sistema está fracasando»

José María Toro

— Presidente de Aerte

La Comunidad Valenciana cuenta, según el informe, con un total de 326 residencias, más del 80 por ciento privadas, de las cuales la mayor parte están en Valencia (188), seguida de Alicante (96) y Castellón (42). 

Al haber disparidad de criterios entre comunidades autónomas en el tipo de centros residenciales, en el documento del organismo del CSIC se recogen los alojamientos colectivos para personas mayores bajo diferentes modelos: residencias, incluidas las mini-residencias; viviendas o pisos tutelados; centro psicogeriátricos (o secciones dentro de esos centros); centros sociosanitarios (sección de mayores, si está diferenciada); conjuntos residenciales (apartamentos, etc., con servicios comunes, de titularidad pública); y otros centros colectivos.

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Ante estos datos, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) subraya que el problema es la paralización tanto de proyectos de construcción de centros públicos como de la iniciativa privada. «Llevamos años sin que se abran geriátricos en la provincia», explica el presidente de Aerte, José María Toro.

Inseguridad jurídica

La patronal lamenta que la falta de seguridad jurídica ha lastrado la tramitación de autorizaciones de apertura, de modo que hay «una parálisis». 

A ello se une, según Toro, que el Consell de Botànic «lo quería todo público y las empresas no invierten». Por ello considera positiva la apuesta del jefe del Consell, Carlos Mazón, por captar y atraer inversiones a la Comunidad Valenciana y la puesta en marcha de medidas como la creación de una Dirección General de Simplificación Administrativa, que intenta desbloquear el exceso de burocracia.

La provincia cuenta con un total de 9.118 plazas, de las que 7.508 son en residencias privadas y 1.610 en centros públicos.

Toro sostiene que son necesarias más residencias porque cada vez la esperanza de vida es mayor: «La población envejece pero la ratio baja, así no salen las cuentas, cada vez hay más mayores y las mismas plazas, hay un déficit que resolver».

Muchas familias se encuentran con la tesitura de que no pueden pagar una residencia porque el precio resulta prohibitivo o, al contrario, sí tienen músculo económico, pero entonces no pueden entrar por la sencilla razón de que no hay plazas. «Defendemos que la gente esté el mayor tiempo posible en su casa, pero debe poder acudir a una residencia en el momento que lo necesite», afirma el presidente de Aerte.

El sistema consta de tres patas: una, que haya plazas; dos, que sean de calidad; y tres, que se lo puedan permitir económicamente con la pensión y ayudas. «Si fallan, está fracasando el sistema y, en la actualidad, tres de esas patas, la primera y la tercera, fallan», concluye.