Científicos y sanitarios recogen firmas contra el plan del Consell de acercar las casas de apuestas a colegios

Más de 380 personas le reclaman a PP y Vox que retiren las enmiendas a la ley del juego valenciana, que se debatirán el martes, porque critican que autorizar licencias a menos de 850 metros de escuelas y centros de salud es un retroceso "y se desoye la evidencia científica"

Movilización hace unos días contra las casas de apuestas en Alicante

Movilización hace unos días contra las casas de apuestas en Alicante / Héctor Fuentes

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Científicos y profesionales del sector sociosanitario recogen firmas contra los planes del Consell de eliminar la distancia mínima para instalar locales de apuestas cerca de colegios. Días después de que decenas de personas se concentrasen a las puertas de salones de apuestas en Alicante contra la medida, ahora más de 380 personas han firmado la declaración contra las enmiendas a la ley autonómica 1/2020 de regulación del juego y prevención de la ludopatía que propone el PP y Vox, y que se votarán este martes en el pleno.

Entre ellos destacan 93 académicos de diversas universidades, principalmente de las cinco públicas de la Comunidad, así como investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 72 profesionales sanitarios y técnicos en prevención que piden el mantenimiento de la distancia prevista en la ley.

También se han adherido asociaciones de madres y padres así como sindicatos y militantes de partidos de otros partidos contrarios a la medida. La iniciativa ha partido desde la provincia por parte de colectivos como Vida Libre (Asociacion alicantina afectados por la ludopatía y otras adicciones).

Evidencia científica

Los firmantes denuncian estas enmiendas desoyen la evidencia científica, "que demuestra que la proximidad de los locales de apuestas se relaciona con una mayor prevalencia de juego problemático, también en menores", expone Daniel Lloret, profesor del departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche y uno de los firmantes que desarrolla una línea de investigación en adicciones y sustancias. Reitera que la ley, que supuso un importante avance en la protección de los menores de edad, recogía varias de las reivindicaciones históricas de la sociedad civil y, en particular, de las entidades del tercer sector dedicadas a la prevención y el tratamiento de la adicción al juego.

Modificación

Entienden que en caso de aprobarse la modificación de uno de los artículos de la ley se dará manga ancha a que puedan permitirse licencias justo al lado de colegios. Por ello reiteran que está en juego una de las medidas más relevantes que contemplaba el texto legal, que era el establecimiento de una distancia mínima de 850 metros entre los salones de juego y locales específicos de apuesta, respecto a los centros educativos y centros de salud con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de la población más vulnerable.

Otra era la de no permitir la ubicación de dichos locales "en espacios, urbanística y económicamente, más desfavorecidos de nuestras ciudades", e inciden nuevamente en que la proximidad de los locales de apuestas se relaciona con una mayor prevalencia de juego problemático, también en menores.

Un momento de la movilización contra las casas de apuestas en Alicante

Un momento de la movilización contra las casas de apuestas en Alicante / Héctor Fuentes

Supuestos económicos

Por todo ello lamentan que el Partido Popular y Vox, "en base a supuestos económicos", según los firmantes, "pretenden modificar la ley para que dichos establecimientos de apuestas próximos a colegios e institutos puedan renovar su licencia y continuar con su actividad". Exponen que no comparten una medida así porque entienden "que antepone el beneficio económico de unos pocos a los derechos de la mayoría de la población y, en particular, a la salud mental de nuestros menores de edad y sus familias".

Por ello sostienen que la protección de estos derechos debe ser la prioridad de cualquier administración, "y que las personas responsables de la gestión pública y de la toma de decisiones política tienen la obligación de proteger a la ciudadanía en general, y a las personas más vulnerables en particular, por encima de los cálculos económicos".

Por cuanto antecede, valoramos estas enmiendas como un retroceso en la prevención de la ludopatía, que arruina las vidas y el futuro de miles de personas cada año, y requerimos al Partido Popular y a Vox que las retiren.