El eje de las apuestas de Alicante, del Mercado a la Zona Norte

Familias, vecinos y plataformas contra las adicciones consideran que las enmiendas de PP y Vox a la ley autonómica son una concesión a la patronal

El Ayuntamiento muestra su apoyo a acercar las salas de juego a los colegios, como propone el Consell

Una mujer pasa con dos niños junto a un salón de juego en Alicante.

Una mujer pasa con dos niños junto a un salón de juego en Alicante. / Jose Navarro

Alberto Losa

Alberto Losa

Alicante tiene trazada una «diagonal del juego». Sin ser buscado, sin ser casualidad. Así se aprecia de manera evidente al ubicar sobre un mapa de la ciudad todas las casas de apuestas y salas de este tipo. Aunque las hay repartidas por diversos barrios, sobre el mapa, presentado esta semana por Compromís, se dibuja una clara línea de puntos que une el entorno del Mercado Central desde el entorno de San Antón hasta llegar a la Zona Norte. Una cuestión que las plataformas contra las adicciones y las asociaciones de vecinos consideran que no es casualidad, ya que señalan que este tipo de negocios se «ceban» con los barrios obreros.

De hecho, en el mapa se aprecia que en barrios con mayor poder adquisitivo hay pocos o ningún local de este tipo. Zonas como el Cabo de la Huerta, el barrio Juan Pablo II (PAU 1) o La Torreta (PAU 2) no cuentan con ningún local de juegos, mientras que San Blas, Carolinas Altas, Altozano o Virgen del Remedio disponen de varios de ellos.

En algunos casos, las salas de juego o de apuestas se encuentran a menos de 850 metros de centros escolares. Una cuestión de relevancia, ya que es la distancia que la actual Ley de Juego de la Comunidad establece como mínima para intentar prevenir las apuestas entre los menores de edad, en una normativa redactada por el anterior gobierno autonómico. La actual Generalitat, de PP y Vox, plantea enmendar esa ley para permitir renovar las licencias a los locales ya existentes, aunque se encuentren a menos de 850 metros de colegios e institutos.

Centros como los colegios Nou d’Octubre o San José de Carolinas, en el entorno de Carolinas Altas y el Pla; el instituto Miguel Hernández, en San Blas; o el colegio Virgen del Remedio, en su barrio homónimo, están a menos de 100 metros de algún local de este tipo.

La directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez, explicó el pasado diciembre que este cambio en la normativa vigente consiste en facilitar la renovación de la licencia a los establecimientos operativos que cumplan con la distancia respecto a colegios e institutos fijada por la normativa. Una postura que comparte el Ayuntamiento de Alicante, como ha confirmado esta semana a preguntas de este diario, asegurando que «el Ayuntamiento está alineado con las políticas del Consell en este asunto».

El psicólogo especializado en apuestas y portavoz de la Plataforma contra la Proliferación de las Apuestas Alicante, Antonio Castaños, ha aclarado los cambios que se pondrán en marcha con la nueva normativa: «Cuando se estuvo elaborando la ley valenciana con el anterior gobierno, la distancia que proponíamos era de 1.000 metros. Al final, conseguimos que fuera de 850 metros. La reforma que quieren hacer PP y Vox es que las casas de apuestas que estaban a esa distancia no tengan que cerrar una vez que caduque su licencia. No se van a poder abrir nuevas, pero las que hay sí se van a renovar».

Mapa con las casas de apuestas y los colegios de Alicante, elaborado por Compromís.

Mapa con las casas de apuestas y los colegios de Alicante, elaborado por Compromís. / INFORMACIÓN

Compromís, que esta semana ha presentado un estudio en el que advierte de la cercanía de numerosas casas de apuestas a centros educativos, lamenta las enmiendas a la actual normativa: «Esta ley se modifica cuando saben que uno de cada cuatro menores juega en casas de apuestas de forma regular, según el propio Defensor del menor. Tenemos que alejar las casas de apuestas de nuestros hijos e hijas, no acercarlas», apuntaron desde la coalición.

Un problema para las ampas

Las ampas han calificado como «problema» la situación con la adicción al juego en menores, aunque las posturas de la Confederación Gonzalo Anaya, que representa a las ampas de los centros públicos, y la de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres y Familias (Concapa), que representa a los colegios católicos, difieren.

Rubén Pacheco, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, considera que las enmiendas suponen un paso atrás en una ley pionera: «Es vergonzoso y lamentable que se haya modificado la ley para mal. La Comunidad Valenciana era referente. Era una ley mejorable, acabando de restringir y obligando a trasladar a las salas que estuvieran cerca de los colegios. Por tanto, que el cambio sea para facilitar que se mantengan resulta de vergüenza».

Por su parte, Rafael Araujo, secretario técnico de Concapa, considera que la medida más efectiva sería la de instalar un control a la entrada de estos locales: «Nosotros entendemos que hay un serio problema en la juventud, no solo con el juego. Hay una fácil solución, impedir la entrada, que haya un control. Donde esté no me parece tan importante. Ahora que ya están instaladas -añade- entiendo que es difícil alterar las condiciones de un negocio, aunque eso no quita que haya un control para que no entren menores».

Además, Araujo considera relevante que se restrinja el acceso a través de los teléfonos móviles: «Más preocupación tenemos por el acceso a través de los móviles. Si les quitamos las casas de apuestas o ponemos vigilancia, igualmente hay que controlar que las páginas web tengan controlado el acceso».

El presidente de la Gonzalo Anaya, sin embargo, va más allá y considera que el gobierno autonómico de PP y Vox ha cedido ante las presiones del sector del juego: «Normalizar las casas de apuestas en los entornos escolares es promover el juego. Hay que tratar de que el gobierno valenciano se dé cuenta del error de ceder a las presiones del lobby, anteponiendo su beneficio al de la sociedad en general y la infancia en particular». Subraya además que la justificación de que supondría pérdida de puestos de trabajo es asumir el discurso de la asociación del juego: «Cuando se hizo la ley del tabaco, aunque se pensara que podía haber un aluvión de demandas de los bares, nadie denunció, y si lo hizo no tuvo ningún recorrido».

Limitar las adicciones

Vecinos de barrios afectados por la proliferación de estos locales consideran que es necesario ser más restrictivo con el acceso a las salas de juego. María Eva Coloma, presidenta de la asociación de vecinos de Virgen del Remedio, asegura que el problema de las adicciones en su barrio es severo entre jóvenes y menores de edad: «Hay que hacerlo más restrictivo, no se puede consentir que estén cerca de los colegios. Hacerlo supone dar facilidades a los niños que no son buenas para ellos». En este sentido, subraya que la asociación considera «que hay que ponerse duro en este aspecto». «Ya hay adicciones tremendas y si metemos las apuestas y el juego estamos haciendo el problema aún más gordo», apunta.

Castaños, también miembro de la asociación de vecinos de Carolinas Bajas-Les Palmeretes, agrega que dificultar la accesibilidad a las casas de apuestas es importante para prevenir las adicciones: «Nos parece que la disponibilidad juega un papel importante en las adicciones. Tener cerca un salón de juegos o una casa de apuestas les va a incitar más a que puedan apostar. Parece que se está prefiriendo anteponer los beneficios de la patronal de apuestas a los de la sociedad». 

Entre los vecinos a pie de calle también hay un rechazo a la cercanía de las casas de apuestas a los colegios. «Perjudica a los niños y a los que no son niños. Sería bueno que se alejaran o que no existieran, y que todos los vicios estuvieran fuera. Tenemos una juventud fatal en este sentido», considera Ana Rebollo, vecina de Carolinas. Otro residente, que prefiere no dar su nombre, añade que «si no estuviesen, mejor que si están, porque pueden generar adicciones», aunque subraya que no tiene una postura totalmente definida sobre esta controvertida cuestión.

El psicólogo Castaño, por su parte, subraya que no es una coincidencia que muchos de estos locales se ubiquen en barrios de tradición obrera: «No es casualidad que en la Zona Norte o que en Carolinas pase más. En barrios obreros y zonas en las que la juventud puede pensar que tiene menos futuro, estas casas prometen un futuro a esa salida, cuando hacen lo contrario, condenar completamente a esa persona con una adicción. Nos parece grave que se intente aprovechar la desesperación de esas personas».