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Más de 1.500 personas tienen vetado el acceso al juego online y a las loterías en la provincia

El Ministerio de Consumo desvela que 3.500 ciudadanos de la Comunidad se han autoprohibido participar en estas modalidades. Las asociaciones piden «más control» sobre los jóvenes y una revisión de la ley autonómica

Una concentración en la Rambla de Alicante contra la presencia de casas de apuestas en los barrios, en octubre de 2019.

Una concentración en la Rambla de Alicante contra la presencia de casas de apuestas en los barrios, en octubre de 2019.

Prohibición como manera de prevención contra la ludopatía. Un total de 1.514 alicantinos figuran en la lista de inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), que regula la prohibición que afecta al juego online y, en la medida de que las normas autonómicas así lo establezcan, a los juegos de carácter reservado -loterías- que se desarrollan de forma presencial. Esos son los datos que desvela la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo.

Esto significa que más de mil quinientas personas en la provincia se encuentran dentro de un registro que impide su acceso a los juegos para los que la administración competente haya establecido una identificación previa de la persona. Todo ello, con el fin de hacer efectivo su derecho a que les sea prohibida la participación en estas actividades. En otras palabras, un listado de autoprohibición. Las cifras de la provincia de Alicante se aproximan a las de Valencia, pues ésta última cuenta con 1.703 personas inscritas. El dato oficial de la Comunidad Valenciana es de 3.550, mientras que el nacional asciende a 54.294 ciudadanos.

Este veto afecta al acceso a juegos online y a la posibilidad de cobrar un premio derivado de una bonoloto o un décimo de lotería. Pese a que los datos los tiene el Estado, esta lista se traslada a las Comunidades Autónomas para que se revisen los casos uno a uno y puedan tener en cuenta las cifras de cada provincia. Todo está directamente relacionado con la lucha contra la ludopatía que ha activado la Administración Pública. La proliferación de las casas de apuestas y salones de juego está suponiendo un problema que hay que atajar, y más cuando el propio Ministerio de Consumo reconoce que en determinados lugares, el aumento está siendo «desproporcionado». Existen distintas competencias a nivel nacional, autonómico y municipal, por lo que la Dirección General de Ordenación del Juego está en «permanente contacto» con los gobiernos autonómicos para hacer un seguimiento activo de cada escenario, así como revisar los modelos de legislación de todas las Comunidades Autónomas. Precisamente, asociaciones y colectivos de la provincia de Alicante que también luchan para combatir y controlar este problema, piden una revisión de la nueva Ley del Juego y Prevención de la Ludopatía, aprobada hace apenas cinco meses por el Consell. Consideran que, pese a que se ha conseguido cierto control sobre la participación de los jóvenes en estos juegos, existe un problema con las moratorias de las licencias de las casas de apuestas. Mientras, otras siguen insistiendo en que queda mucho trabajo para controlar el acceso de adolescentes a este tipo de actividades.

A nivel nacional, el director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, declara que «las comunidades autónomas, como lo está haciendo el propio Ministerio de Consumo a través de la Dirección General, están permanentemente inmersas en la revisión de sus modelos y de hecho, en estos momentos no son pocas las comunidades que están actualizando sus propias normativas». Asimimo, sobre el endurecimiento de las medidas legales, Arana añade que «estamos en un período de cambios y hasta que no tengamos el mapa completo no parece razonable hacer una valoración. De todas maneras, los controles de acceso a los salones de juego están ampliamente regulados, pero es responsabilidad de los propios operadores garantizar su cumplimiento, y unas veces tienen más éxito que otras». Arana reconoce que en cierto lugares, la proliferación de las casas de apuestas y salones de juego ha sido «desproporcionada».

Precisamente, esa problemática es la que preocupa también a las asociaciones y colectivos. En Alicante, la plataforma contra la proliferación de casas de apuestas critica que, la reciente Ley del Juego aprobada por el Botànic, permita que estos locales ubicados junto a colegios e institutos puedan permanecer abiertos durante 10 años. «No se estableció una moratoria a las casas de apuestas y, mientras se tramitaba la ley, muchas aprovecharon para abrir. Ahora tienen un plazo de 10 años para moverse aunque estén al lado de los centros educativos, porque se les concedió el permiso antes de que la legislación cambiara», explica Álvaro Castaños, portavoz de la plataforma.

La Asociación Alicantina de Afectados por la Ludopatía y otras Adicciones Vida Libre asegura que es necesario un «mayor control» sobre los jóvenes y el acceso de adolescentes a este tipo de actividades porque cada vez son más los que han entrado alguna vez en un salón o local. «En muchos sitios no piden el DNI y puedes jugar porque estás en un bar, esto es algo que hay que atajar».

A 850 metros de distancia de los centros educativos

La nueva Ley del Juego y Prevención de la Ludopatía aprobada por la Generalitat Valenciana a finales de mayo de este 2020 establece que los salones y casas de apuestas no pueden estar cerca de colegios, institutos, así como espacios vulnerables o barrios humildes. En concreto, los salones de juego o casas de apuestas deberán situarse a 850 metros de centros educativos y otros espacios vulnerables -lugares con alta tasa de paro y pobreza- y no podrán estar a una distancia inferior a 500 metros entre ellos. Pero las asociaciones y plataformas sociales denuncian que, en la mayoría de casos, esto no se cumple. También establece que se impongan controles de acceso a pie de calle, como ocurre en bingos o casinos para impedir la entrada a personas ludópatas.

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