Mazón defiende que se garantice la seguridad pero evita rechazar la implantación de los macrodepósitos de Alicante

En medio de la creciente polémica tras desvelar este diario un informe de la Abogacía de la Generalitat no vinculante que sería favorable a la puesta en marcha de la primera fase y las intenciones de la empresa de solicitar licencia para la segunda fase de los macrodepósitos del puerto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido este viernes, a preguntas de los medios, que se tendría que combinar siempre la garantía de la seguridad ciudadana con la actividad económica del puerto, en caso de que el proyecto finalmente consiga los permisos para ejecutarse tras años de batalla administrativa y legal. En un acto organizado por los sindicatos médicos, que se han reunido en un acto internacional en la capital de la provincia, el jefe del Consell ha expresado su postura, aunque intentando quedarse al margen, sobre una iniciativa rechazada por los vecinos y el Ayuntamiento de Alicante, cuya primera fase está pendiente de una resolución del TSJ.

Pese a reconocer su desconocimiento sobre los últimos informes no vinculantes realizados por la Abogacía de la Generalitat respecto a que los primeros seis macrodepósitos no necesitarían declaración de impacto ambiental, el presidente de la Generalitat se subrayado que el proceso relativo a los futuros expedientes se tramitaría siempre de acuerdo con la legislación. "No conozco el informe y no tengo conocimiento técnico sobre una competencia que creo que no me atañe. En cualquier caso, estoy convencido de que, si hay un proceso, se regulará garantizando la adecuada compatibilidad entre la seguridad de todos, que es lo más importante, y la actividad económica necesaria para el puerto de Alicante", ha indicado el jefe del Consell, quien ha añadido en su respuesta: "Confío en que todo salga bien porque tenemos un sistema público garantista y que suele acometer bien sus expedientes de autorizaciones en estos casos. Creemos en el adecuado cumplimiento de la legislación vigente, que creo que es lo más importante en estos casos".

Frente a las palabras de Mazón sobre el controvertido proyecto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha optado por no atender a los medios de comunicación, y eso que ambos han compartido previamente la mesa presidencial en la clausura del congreso médico celebrado en la ciudad.

Este informe de la Abogacía de la Generalitat, que no se remitió a los implicados hasta finales de septiembre de 2023, ya con la popular Salomé Pradas al frente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, refuerza la tesis defendida por la empresa, de que el documento de declaración de impacto ambiental no era necesaria por las dimensiones del proyecto. 

Ese trámite, la supuesta necesidad de un informe de evaluación de impacto ambiental, ha sido clave para que el proyecto haya acabado en los tribunales. De hecho, las partes lleva casi dos años a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ). Entonces, la promotora del proyecto presentó un recurso de apelación ante el TSJ tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante, que falló a favor de los intereses del Ayuntamiento de Alicante, avalando la denegación de la licencia urbanística por silencio administrativo.

A la espera de la respuesta del TSJ, el Tribunal Constitucional, dando la razón al Gobierno de España que defendía el libre ejercicio de sus competencias estatales respecto de la determinación de la zona de servicio, anuló en mayo de 2023 la normativa que promovió el Consell del Botànic que impedía los macrodepósitos en el puerto de Alicante al vetar instalaciones para el movimiento de mercancías peligrosas a menos de 1.000 metros de las viviendas.

Una segunda fase

Mientras tanto, la empresa promotora ha iniciado ya en el Ayuntamiento los trámites previos a la solicitud de licencia de la segunda fase, que sería hasta seis veces más voluminosa que la inicial, al contar con doce recipientes (frente a seis) con capacidad para 600.000 metros cúbicos de hidrocarburos (respecto al máximo de 112.500 metros cúbicos de la primera fase), según confirmaron esta semana fuentes de la mercantil XC Business 90 SL, desde donde sostienen que las fases son independientes.

La empresa, en un escrito registrado el pasado 29 de diciembre ante la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, buscaba con ese requerimiento oficial obtener «información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a la ampliación de la instalación de centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en parcela adyacente ubicada en el muelle 19 del puerto de Alicante». 

Sin embargo, esta no sería una ampliación de licencia de la primera fase [todavía sin conceder], sino un proyecto paralelo, así que, sí o sí, la segunda fase de los macrodepósitos en el puerto de Alicante necesitaría de una declaración de impacto ambiental favorable, es decir, del documento que también exige el Ayuntamiento a la empresa para dar permiso para la construcción de los primeros seis depósitos y que, por discrepancias, ha acabado con el asunto judicializado. Así se pronunciaba esta semana la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, al ser preguntada por Compromís en una comisión ante las intenciones, relevadas por este diario, de la empresa promotora de la iniciativa de impulsar una segunda fase, que tendría doce macrodepósitos con una capacidad en total cinco veces mayor que la fase que se encuentra a la espera de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ). 

Vecinos en contra

Un «fraude». Así consideran los vecinos de la zona sur de Alicante el proyecto para la implantación de los macrodepósitos en el puerto de Alicante. Y todo por su división en fases que, según consideran, persigue «evitar los controles ambientales exigibles».

La plataforma, en su comunicado, ha criticado la «parcialidad y falsedad» de los informes, realizados durante la etapa del Botànic en la Generalitat Valenciana. «Erróneamente sostienen que esta instalación no encajaría en el supuesto de evaluación ambiental. La legislación vigente en el momento de la presentación del proyecto, que es la ley de evaluación ambiental de 2008, ya exigía el filtro ambiental a todas las instalaciones que superaran las 100.000 toneladas», según indican desde la plataforma.

La plataforma, por otro lado, agrega en su comunicado «el descarado intento de fraccionamiento del proyecto en tres fases para evitar los controles ambientales exigibles», considerando que «la ley 21/2013 de evaluación ambiental establece en su disposición transitoria primera, punto 3, que incluso contando con una evaluación ambiental favorable [que no es el caso, puesto que en ningún momento se ha llegado a tramitar ni a resolver], al haber transcurrido más de seis años sin que se haya ejecutado el proyecto, la tramitación inicial pierde sus efectos y ha de aplicarse obligatoriamente la legislación ambiental vigente en la actualidad (ley 21/2013)».