El PP centra la discusión en Cataluña y veta debatir sobre los macrodepósitos de Alicante

Año nuevo, pero viejas costumbres. El Ayuntamiento de Alicante celebró este martes el pleno del mes de enero, el primero de carácter ordinario de este 2024, aunque la sesión estuvo marcada, una vez más, por los conflictos políticos nacionales y la exigencia de medidas a otras administraciones. De hecho, el gobierno del Partido Popular evitó hasta en dos ocasiones debatir sobre la polémica instalación de macrodepósitos de combustible que se pretende llevar a cabo en el puerto alicantino, y pospuso al próximo mes de febrero responder sobre si va a reclamar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se posicione claramente en el asunto. En cambio, los populares plantearon tres iniciativas en la sesión: todas ellas relacionadas con peticiones o reproches al Gobierno central, ninguna estrechamente ligada al terreno municipal.

La cita dio comienzo guardando varios minutos de silencio por las últimas víctimas de violencia machista que, en esta ocasión, incluyeron un homenaje adicional: el recuerdo a Luis Romero, referente del asociacionismo vecinal fallecido la pasada semana. Además, se celebró ante la atenta mirada de los funcionarios municipales que, una vez más, acudieron a protestar por la implementación de la carrera profesional.

Así ha sido el pleno de enero en Alicante

Tras ello, se inició el trámite habitual de aprobación del acta del pleno anterior. Un punto que suele llevarse a cabo de forma rutinaria, sin intervenciones de los concejales, pero que ayer incluyó una observación del grupo Vox. La formación de ultraderecha reclamó o incluir la transcripción literal del discurso pronunciado por el portavoz de Compromís, Rafa Mas, en diciembre, cuando señaló a uno de los concejales de Vox como autor de diversas expresiones contra el colectivo LGTBI, las personas racializadas y las mujeres. Pese a que Mas se retractó finalmente de sus palabras, los de Abascal estudian emprender acciones legales contra el de Compromís.

Poco después, casi al comienzo de la jornada, tuvo lugar el debate de uno de los puntos más esperados de la jornada: la futura Zona de Bajas Emisiones de Alicante. Una de las medidas más polémicas de los últimos meses, especialmente tras el acuerdo del PP y Vox para vaciarla de contenido y convertirla en una medida «fantasma».

El edil socialista Raúl Ruiz defendió una moción conjunta con Compromís y Esquerra Unida-Podemos para elaborar de manera coordinada la futura normativa. «Permita que la oposición le quite los grilletes que le ha puesto Vox», espetó Ruiz al alcalde, Luis Barcala, antes de recordarle que la ordenanza tipo propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que el alcalde forma parte, sí incluye esas sanciones que el PP y Vox tratan a toda costa de evitar.

A continuación, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, preguntó al alcalde «¿por qué esconde la Zona de Bajas Emisiones?» cuando debería ser «una gran noticia» anunciada a la ciudadanía. Mas también lanzó una advertencia al equipo de gobierno, que deberá aprobar el borrador de la norma antes de julio: «Las mentiras tienen las patas muy cortas: en seis meses tendremos que restringir el acceso de vehículos contaminantes».

En su turno de palabra, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, puso el foco en el calor atípico de las últimas semanas: «Si les parece normal las temperaturas que tenemos en pleno mes de enero... seguir negando el cambio climático es de necios». Por ello, Copé plantea «democratizar» las medidas a implantar en la ciudad y tomarlas de forma conjunta. Según el de EU-Podemos, «el compromiso del PP con el medio ambiente es estético, al igual que en otros temas como Igualdad».

Sin embargo, para la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, la moción planteada por la izquierda únicamente genera «perplejidad», ya que en el debate electoral de INFORMACIÓN, los portavoces de la bancada progresista «se mostraron en contra del proyecto de Zona de Bajas Emisiones del Partido Popular que incluía sanciones», aunque ahora «también están en contra del modelo de Vox que es el de no sancionar». Después, Robledillo animó al resto de grupos de la oposición a que «digan a los vecinos que se les va a prohibir circular con su coche», pese a que el borrador inicial excluía de las restricciones los vehículos de residentes empadronados en las zonas afectadas.

El Gobierno exige limitaciones en las zonas de bajas emisiones pero no obliga a establecer multas

Por su parte, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, insistió una vez más en que «no va a haber sanciones», algo que ya anunció el alcalde en campaña electoral. «Es algo tan simple como que vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer». El edil popular también repitió «por activa y por pasiva que Alicante no tiene un problema de contaminación» y pidió rigor a la oposición por hablar de una «posible prevaricación» en el supuesto de que el Ayuntamiento no aplicase restricciones ni sanciones en la futura Zona de Bajas Emisiones. Villar, que mostró un perfil mucho más político y menos institucional del que acostumbra a exhibir cuando ejerce de portavoz del equipo de gobierno, también recordó a la oposición de izquierdas que su pérdida de concejales y cargó contra Mas por hablar de la corrupción del PP: «No sea usted tan barriobajero», le dijo. Finalmente, la moción fue rechazada con los votos en contra del PP y Vox, pese al apoyo de los grupos de izquierda.

Silencio sobre el puerto

Tras poner sobre la mesa la Zona de Bajas Emisiones, la izquierda trató de forzar al PP a posicionarse sobre la intención de instalar macrodepósitos de combustible en el puerto alicantino, a pocos metros de los barrios del sur de la ciudad. Y no solo eso, sino que los socialistas también trataron de que el gobierno de Barcala exigiese una postura más clara al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que hace solo unos días evitaba rechazar expresamente su instalación: «Estoy convencido de que, si hay un proceso, se regulará garantizando la adecuada compatibilidad entre la seguridad de todos, que es lo más importante, y la actividad económica necesaria para el puerto de Alicante», dijo el presidente.

En dos ocasiones lo intentó la izquierda y en dos ocasiones lo evitó el PP: primero en la pregunta de los socialistas, que el gobierno local emplazó al próximo pleno, y después en una declaración institucional de urgencia presentada por Compromís, en la que Barcala se apoyó (una vez más) en Vox para denegar su debate. Sí aprobó la derecha la urgencia de otorgar una calle a la Policía Nacional, por su 200 aniversario, a propuesta del grupo Vox.

Amnistía y terrorismo

Por lo que respecta al resto del pleno, se debatieron diferentes propuestas de la izquierda sobre cuestiones como hacer un seguimiento de la redacción del futuro Plan General de Ordenación Urbana; regular el precio del alquiler en la ciudad; garantizar el derecho al aborto en hospitales públicos o elaborar un plan para atajar la soledad de los mayores. Todas ellas rechazadas.

En cuanto a las iniciativas del PP liderado por Luis Barcala, presentaron tres declaraciones institucionales, ninguna de ellas para abordar asuntos de competencia verdaderamente municipal, sino que todas consistían en ruegos o críticas al Gobierno central. De hecho, fueron comunes durante el debate las alusiones a la amnistía, el terrorismo y demás elementos más propios del panorama político estatal.

La primera de ellas, para reclamar la expansión del aeropuerto de Alicante-Elche, en la que han sumado el voto del PSOE; la segunda, «en defensa de los gobiernos constitucionalista» y la tercera, para rechazar «la discriminación en inversiones del Ejecutivo hacia Alicante». Las tres propuestas fueron, finalmente, aprobadas con el respaldo de la ultraderecha.

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