El Gobierno exige limitaciones en las zonas de bajas emisiones pero no obliga a establecer multas

Las zonas de bajas emisiones tendrán que incluir restricciones al tráfico aunque los Ayuntamientos podrían «esquivar» las sanciones por infringirlas si demuestran que se reducen los niveles de contaminación. Es lo que señala el Ministerio de Transición Ecológica, en referencia a la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que define las ZBE y explica su funcionamiento y sus requisitos mínimos.

Fuentes de la cartera que dirige Teresa Ribera han confirmado a INFORMACIÓN que la normativa estatal señala que estos espacios (obligatorios en las ciudades de más de 50.000 habitantes) «deben aplicar restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos» con un claro objetivo: «mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero para mejorar la calidad del aire». Sin embargo, fuentes del ministerio reconocen que la regulación «no recoge ninguna indicación de la necesidad de establecer sanciones», pero que las entidades locales que opten por no tipificar infracciones tendrán que ser capaces de demostrar que su ZBE «es efectiva» para combatir los efectos del cambio climático y actuar «conforme a la Ley».

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Una apreciación que abre la puerta a que aquellos municipios reacios a establecer sanciones al tráfico puedan «eludir» esa responsabilidad aunque todo apunta a que no podrán evitar tener que restringir la circulación en determinados puntos de la ciudad. Una medida que se está adoptando de forma desigual en las distintas localidades de la provincia. Elche, la primera ciudad en dar luz verde a la ZBE, acordó reducirla únicamente a las calles ya peatonalizadas mientras que Elda, en cambio, ha establecido una zona más ambiciosa donde se regulará el aparcamiento y se renovará la flota de autobuses para poder establecer nuevas paradas en el interior del área restringida.

El de la capital de la provincia, sin embargo, ha sido uno de los Ayuntamientos que ha generado una mayor polémica al respecto. El gobierno local envió al ministerio, para justificar 15 millones de ayudas, un documento que detallaba todas las medidas a aplicar en la futura Zona de Bajas Emisiones, incluyendo prohibiciones y «listas negras» de vehículos. Después, el Partido Popular acordó con Vox la eliminación de todas las restricciones anunciadas a cambio de su apoyo para la aprobación del presupuesto municipal, que en el año anterior no salió adelante, precisamente, por el desacuerdo entre ambos partidos respecto a la Zona de Bajas Emisiones. Aunque 2023 era, dicho sea de paso, año electoral. 

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Ahora, la formación de ultraderecha ya ha cumplido su parte del pacto, votando a favor del documento el pasado martes, mientras que los populares aún deben confeccionar la futura ordenanza que regule la ZBE, algo para lo que tienen de plazo hasta mediados de año, tras una prórroga de seis meses concedida por el ministerio a finales del pasado 2023.

Difícil cumplimiento

Esta falta de concreción en la normativa estatal que no termina de concretar cómo deben ejecutarse las restricciones podría tener un difícil encaje a la hora de aplicarse de forma práctica en las ciudades, como ya advirtieron expertos a este diario, que apuntan que este tipo de regulaciones municipales «tienen que tener un mecanismo coercitivo que garantice su cumplimiento por parte de los ciudadanos», además, señalan que el objetivo de una ordenanza siempre es «delimitar un comportamiento y definir lo que se puede hacer y lo que no» por lo que el hecho de que resulte efectiva «va a depender de su capacidad sancionadora».

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Por el momento, la mayoría de las ciudades obligadas a aplicar las Zonas de Bajas Emisiones en la provincia todavía continúan en trámites para su aprobación, por lo que aún deben concretar su alcance, así como las distintas prohibiciones recogidas en las ordenanzas municipales.