"¿Habéis pensado vivir en un pueblo?": la solución de Servicios Sociales al desahucio de dos menores en Alicante

Se agota el tiempo para Isabel y su familia, desahuciados a finales del mes de enero y en un hostal desde entonces. El próximo miércoles deben dejar libre el alojamiento sufragado por el Ayuntamiento y, a partir de ese momento, ella, su marido y sus dos hijas menores estarán en la calle. En este tiempo, siguen buscando una solución con los Servicios Sociales pero, en su última visita a la concejalía, Isabel no se fue de vacío, sino que se llevó consigo una gran indignación: "¿Habéis pensado vivir en un pueblo?", le sugirieron.

Desde que la desahuciaron de la vivienda que tenía alquilada hace varias semanas, Isabel se ha reunido de forma periódica con Servicios Sociales para tratar de encontrar una solución definitiva a su situación. Ella cobra el Ingreso Mínimo Vital y su marido cuenta con un contrato de trabajo a tiempo parcial, pero no es suficiente para hacer frente al alto coste de la vivienda y a los gastos corrientes de una familia de cuatro personas. Por ello, acudieron al Ayuntamiento para tratar de acceder a una vivienda social, aunque también se dieron contra un muro. Según reveló el vicealcalde, Manuel Villar, la pasada semana, en la ciudad de Alicante hay otras 92 familias "que posiblemente tengan más derecho" en una situación de emergencia, esperando a que las administraciones les ayuden a hallar una solución.

Más de 90 familias en situación de emergencia esperan una vivienda social en Alicante

Por su parte, Isabel lamenta que las distintas reuniones con la concejalía no han dado fruto: "En vez de tratar de darme una respuesta me presionan preguntando constantemente si ya hemos encontrado algo", señala, "la última vez me vine indignada, porque me dijeron que si había pensado en irme a un pueblo, que allí el alquiler es más barato". Pero ella y su familia no contemplan esa opción, ya que para ello tendrían que renunciar al único salario con el que cuentan cada mes.

En cuanto a las posibilidades para acceder a una nueva vivienda en la ciudad, sostienen que, en su caso, son más que escasas. Isabel y su familia afirman que, dada su situación, los propietarios de las pocas viviendas cuyo importe podrían asumir se niegan a hacerles un contrato o les exigen cumplir los requisitos para firmar un seguro de impagos. Para tratar de salvar este escollo, un ciudadano anónimo se ofreció a pagar de su bolsillo tanto la fianza como parte del alquiler durante medio año, pero tampoco bastó. Pese a ello, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante rechazó una iniciativa para declarar la ciudad zona tensionada y poder proceder a regular el precio del alquiler.

Después de haberlo intentado todo, Isabel se encuentra al límite: con dos hijas menores, una de ellas atravesando una depresión severa por el problema al que tienen que hacer frente, y compartiendo actualmente una habitación de menos de 20 metros cuadrados entre los cuatro. Tras 15 días en el hostal, los Servicios Sociales consiguieron prorrogar su estancia una semana más, algo que su agente les aseguró que "no había visto que se hiciera en 20 años", pero tras este periodo "de gracia", nada más. Los cuatro acabarán en la calle. Algo que, si finalmente sucede, conllevaría que Isabel y su marido tuvieran que separarse de sus hijas, de 13 y 16 años.

En su desesperación por conseguir sacar adelante a su familia, la mujer ha acudido al Ayuntamiento, a la Generalitat, al Síndic de Greuges y hasta al Defensor del Pueblo, en Madrid. Por el momento, nadie ha sido capaz de aportar una alternativa habitacional, y los días siguen pasando.