Mazón cifra en 200 hectómetros cúbicos la deuda hídrica con el trasvase Tajo-Segura

Doscientos hectómetros cúbicos de agua que han tenido un impacto económico de 791 millones de euros en Valor Añadido Bruto para los regantes de la cuenca del Segura. Éstas son las cifras de la deuda hídrica con la Comunidad Valenciana respecto al que el presidente de la Generalitat Carlos Mazón trasladará al Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la reunión que ambos mantendrán el lunes a petición de la Generalitat trasvase Tajo-Segura. Para coordinar estrategias y lanzar un mensaje de unidad, Mazón se ha reunido esta mañana en Alicante con representantes de todas las comunidades de regantes de la Comunidad. El objetivo es acudir al encuentro con la ministra “con una única voz de todos los regantes exigiendo la solidaridad que ya hemos practicado, reclamando la deuda que se nos debe, y entendiendo que en España el agua es de todos”. 

Mazón aseguró que ofrecerá a la ministra “diálogo y rigor” en nombre de todos los regantes para poner fin “a la deuda hídrica de la Comunidad Valenciana y solucionar las necesidades de agua de una región que es ejemplo de reutilización, depuración y solidaridad”. 

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El presidente ha asegurado que pondrá encima de la mesa “los recortes ideológicos al trasvase Tajo-Segura”. En este sentido, Carlos Mazón explicó que existe una “deuda de 200 hectómetros cúbicos. Una cantidad que en términos económicos equivale a 791 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB) que han perdido los regantes de la cuenca del Segura". 

Además, el máximo representante del ejecutivo valenciano reclamará a la ministra las obras pendientes en modernización que “nos tienen que ayudar a seguir reutilizando y ser sostenibles, especialmente para las provincias de Valencia y Castellón”. 

Así, Mazón recordó la “ejemplaridad de la Comunidad en el uso del agua” que es sinónimo de “reutilización, depuración y solidaridad”. Y puso como ejemplo “la solidaridad dentro de nuestro territorio con el trasvase Júcar-Vinalopó”. Por ello, aseguró que “estamos en la legítima defensa, desde la autoridad moral de haber hecho bien los deberes, de exigir que se solucionen los problemas”. 

En esta línea, Mazón señaló que estas soluciones pasan por “trasvasar lo que corresponde, no desalinizar masivamente porque es perjudicial, tratar los acuíferos como corresponde y hacer las obras que están pendientes”.

Mazón volvió a polemizar con el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, que esta semana acusaba a la Comunidad Valenciana de regar por encima de sus posibilidades con el agua de un río que se está agotando. El presidente de la Generalitat respondió en la misma línea que estos días ha hecho la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas. "Rechazamos las acusaciones de aquellos que nos acusan sin fundamento de regar por encima de nuestras posibilidades, de malgastar el agua, queriendo trasladar una imagen absolutamente torticera de la realidad. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vertido acusaciones que no son de recibo porque no son verdad. Somos un ejemplo en toda la Comunidad Valenciana de reutilización, de solidaridad dentro de la propia Comunidad. No queremos una planificación para el resto de España distinta de la que estamos ejemplarizando. Tenemos la autoridad moral para poder reafirmar que el agua de España es de todos. Lo hemos hecho con la necesidad de Barcelona en estos momentos".

En el encuentro del presidente con los regantes han participado, además de la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; el presidente de FECOREVA y presidente del Sindicato Central de Aguas del río Mijares, Pascual Broch; el vicepresidente de FECOREVA y presidente de la Comunidad General de Usuarios del Canal Júcar-Turia, Salvador Marín; el vicepresidente 2º de FECOREVA y presidente de Riegos de Levante, Margen derecho del río Segura, José Antonio Andújar, el presidente de Riegos de Levante, Margen izquierdo del río Segura, Roque Bru; el presidente de la Junta Central de Usuarios Vinalopó-L’Alacantí y consorcio de Aguas de la Marina Baja, Ángel Urbina.

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También han estado presentes el vicepresidente primero de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacanti y Consorcio de Aguas de La Marina Baja, Pío Hernández Hernández ; el presidente de la Comunidad de Aguas de Novelda, Francisco Manuel Azorín Alted; el presidente de la Comunidad Regantes de Albatera, Julio Albert Paya; el presidente de la Comunidad Regantes de Monforte, Carlos Ibarra Llopis; el presidente Comunidad Regantes de la Huerta de Alicante, Francisco Vidal Giner; y el Juez de Aguas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Bernabé.

Mesa del Agua

Tras el encuentro con Mazón, se ha reunido la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua en la Diputación de Alicante para abordar la propuesta de revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y poner sobre la mesa diversos planteamientos para su consideración.  

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, acompañado por la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, han presidido esta sesión en la que la quincena de profesionales que ha participado ha convenido en la necesidad de establecer un proceso de diálogo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las regiones afectadas por los trasvases, con el propósito de acordar una hoja de ruta consensuada antes de que el documento final llegue al Consejo Nacional del Agua para su análisis y validación.

Según ha trasladado Serna al término del encuentro, la petición de los técnicos es que haya un borrador de reglamento “debatido y conocido” por todas las partes implicadas, “ante la excepcional importancia y singularidad de la situación hídrica de la provincia y en ausencia de un plan hidrológico nacional”.

El trasvase Tajo-Segura afecta a distintas comunidades autónomas, en las áreas cedentes a Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura y en las áreas receptoras a Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, por ello, tal como ha asegurado la vicepresidenta, “es necesario un planteamiento territorial conjunto e integrador. El desarrollo de las normas de explotación no puede llevarse a cabo de forma aislada, sino que se requiere del concurso de todos”.

La propuesta de texto analizada hoy por los técnicos de la comisión determina que no es “posible ni deseable encajar la norma como suma de intereses parciales y egoísmos territoriales o sectoriales, sino que se requieren los más amplios acuerdos posibles”, sentenció Serna, quien reiteró su apoyo a los agricultores alicantinos.

“La experiencia del Memorándum Tajo-Segura, con cinco comunidades autónomas suscribiendo un documento conjunto, mostró que con las necesarias mejoras y adaptaciones es posible un acuerdo territorial de largo alcance”, ha puntualizado la vicepresidenta, quien ha reclamado identificar los problemas y objetivos de forma explícita para buscar una solución “ponderada” que, en beneficio del interés general, procure atender esa multiplicidad de territorios y necesidades.

Por su parte, como ha recordado Joaquín Melgarejo, catedrático, experto en políticas hídricas y presidente de la Comisión Técnica del Agua, “la necesidad de actualización de la regla no es una nueva idea, sino que fue propuesta ya en los primeros estudios de 1997, reiterada en 2013 y formalizada por la propia regla como un mecanismo necesario de racionalización y adaptación a las diferentes circunstancias hidrológicas y socioeconómicas del territorio”.

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Asimismo, la propuesta de Melgarejo, en nombre de los técnicos que conforman este órgano, pone el foco de atención en la creación de un grupo de trabajo técnico interno en el Ministerio, integrado por las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas afectadas.

“Este equipo, radicado en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, bajo la coordinación de la Dirección General del Agua, sería el encargado de elaborar un documento-propuesta para la revisión de la Regla de Explotación del Trasvase Tajo-Segura”, ha puntualizado el catedrático.

Hace una semana, concretamente el pasado viernes, la institución provincial también acogió una reunión de trabajo entre representantes políticos y técnicos de la Diputación, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Murcia con el objetivo de coordinar y perfilar los argumentos de defensa del trasvase Tajo-Segura, tanto en lo relativo al aumento de los caudales ecológicos, recurrido por las tres administraciones ante el Tribunal Supremo, como a la actualización de las reglas de explotación de este acueducto que el Ministerio de Transición Ecológica abordará próximamente.  

Composición Comisión Técnica

La Diputación de Alicante acogió el pasado mes de diciembre la sesión constitutiva de la Comisión Provincial del Agua en la que se integran 46 representantes de distintas administraciones, entidades y sectores hídricos del territorio, una sesión en la que también se designaron a los miembros de la Comisión Técnica.

Este órgano está presidido por el catedrático Joaquín Melgarejo e integrado por Andrés Molina, Ángel Urbina, Arturo Trapote, Daniel Prats, Fernando Pérez Calvo, Jaume Berenguer, Javier Valdés, Joaquín Navarro, Juan Luis Martínez, Juan Luis Paredes, Pablo Melgarejo, Paco Santiago, Ramón Espinosa y Miguel Fernández Mejuto.