El Senado abre la puerta para sacar del limbo las viviendas afectadas por la ley de Costas en la provincia de Alicante

El Senado acaba de abrir la puerta para sacar del limbo legal en el que se encuentran miles de viviendas afectadas por la ley de Costas. El Partido Popular ha logrado sacar adelante una proposición no de ley con el fin de evitar la destrucción de «conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre». La propuesta salió aprobada por 153 votos frente a 89 en contra y diez abstenciones. Un resultado que obliga a tramitar la propuesta en el Congreso de los Diputados y con posibilidades de salir adelante, ya que algunos de los grupos políticos que han apoyado la medida se encuentran entre los socios del Gobierno. Una circunstancia que invita al optimismo entre los afectados por la ley de Costas, que en el caso de la provincia de Alicante se encuentran en la Albufereta de Alicante, playa Babilonia en Guardamar, El Pinet en Elche, o las playas al norte de Dénia.

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«Ha habido otros intentos de cambiar la Ley de Costas, la diferencia es que esta vez somos la sociedad civil quienes estamos detrás de esta petición», aseguró a este diario Manuel López, secretario de la asociación de vecinos de Guardamar Playa y uno de los fundadores de la plataforma Somos Mediterráneo, al que pertenecen hasta 52 asociaciones, que expresó la intención de contactar con todos los partidos «para mostrarles la realidad sobre el deterioro a la que están sometidos nuestros ecosistemas costeros. Pretendemos que conozcan de primera mano las necesidades que los ciudadanos proponemos para garantizar a las futuras generaciones un patrimonio litoral digno de ser respetado por su valor natural, cultural y socio-económico». Viviendas edificadas legalmente en su día y que pasaron a ser concesiones, con la permanente amenaza de deslinde, mientras se ven amenazadas por la regresión de las playas.

López insistió en que «aquí no se va a legalizar nada ilegal», y que «no somos ni chiringuitos, ni restaurantes ni hoteles», «somos asociaciones de vecinos que estamos asfixiados y que «de la noche a la mañana se nos aplicó la ley de manera retroactiva, en casas legalmente compradas en su día y que tenían todos los permisos».

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La proposición aprobada en el Senado contempla tres requisitos para ser incluidos que los conjuntos dispongan de valores culturales, históricos o etnográficos que merezcan ser conservados; que estén integrados en ese entorno paisajístico costero; y por último, que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio marítimo-terrestre.

El portavoz de la plataforma SOS Albufereta, Rafael Pinilla, señaló que esta modificación en principio «no resolvería los problemas de los edificios afectados en nuestra zona porque difícilmente se puede considerar que los edificios son algo tradicional de valor etnológico». Sin embargo, consideró que era interesante que se planteara este debate y que se habían abierto nuevas posibilidades tras el resultado en el Senado, en el que no se podía descartar que pudieran ser corregidos a la hora del debate en el Congreso de los Diputados. También valoró que dejar deteriorarse lo edificado iba a suponer un impacto mucho peor.

Tanto Pinilla como López coincidieron en señalar que no eran estas construcciones las responsables de la regresión de las playas, sino el descenso de la llegada de sedimentos de los ríos. 

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