Solo siete sanciones en 2023 para los más de 60.000 alojamientos turísticos de la provincia

Se inspecciona más, pero se sigue sancionando poco. Es el balance del control del alojamiento turístico que la conselleria llevó a cabo durante el pasado 2023. A lo largo del año, los funcionarios del departamento autonómico llevaron a cabo un total de 5.173 inspecciones, 2.022 de ellas en la provincia de Alicante. Unos datos que, en la práctica, suponen cerca del doble de controles que el año anterior, cuando fueron 1.119 a nivel provincial.

Sin embargo, este aumento del esfuerzo en la inspección no se ha traducido en un notable incremento de sanciones por incumplir la normativa autonómica, ya que la Conselleria de Turismo solo ha impuesto siete multas en la provincia a lo largo de todo 2023. Estos datos, aunque mejoran ligeramente los de 2022 (cuando no hubo sanciones), no son suficientes para el sector, que reclama mayor control y presión sobre los alojamientos ilegales. Por su parte, la Generalitat destaca el refuerzo de los controles y confía en hacerse servir de la inteligencia artificial para continuar mejorando los datos. Además, fuentes del departamento autonómico destacan que el procedimiento sancionador es el "último paso" en las actuaciones pero que, antes de llegar a ese punto, se produce una petición de subsanación que puede evitar que se imponga una sanción. En 2023, hubo más de 1.200 viviendas turísticas irregulares que pudieron resolver su situación evitando así una multa.

Una docena de inspecciones al mes y ninguna sanción en todo 2022: el balance de los apartamentos turísticos de la provincia

La consellera de Turismo, Nuria Montes, asegura que es «absolutamente prioritario» abordar la problemática de la economía sumergida en el sector, por lo que «se van a poner en marcha medidas a nivel autonómico que permitirán dar herramientas a los ayuntamientos para regular qué modelo quieren seguir», entre las que se incluye la redacción de una nueva legislación.

Montes, que viajará este mismo lunes a Sevilla para asistir a unas jornadas sobre la normativa andaluza en materia de viviendas turísticas, plantea «abrir una vía de colaboración» para estudiar «qué soluciones están aportando otros territorios». Además, la consellera resalta que, cualquier cambio normativo en la Comunitat Valenciana «se hará con el máximo consenso posible de todos los sectores de alojamientos» debido a que el objetivo final es «mejorar la calidad del turismo en su conjunto» mientras se ataja «una problemática que afecta de manera directa a la economía valenciana» y genera «problemas de convivencia».

En cuanto a las actuaciones de inspección, Montes recuerda que el Consell «redobló el número de actuaciones de inspección en la provincia en 2023» y ha señalado que, en el futuro, la idea del Gobierno autonómico es «incorporar herramientas eficientes que permitan rastrear toda la oferta sin reglar en las labores de inspección», para lo que se desarrollará una inteligencia artificial desde el área de Innovación que la consellera confía en poner en marcha en esta misma legislatura.

El sector pide más

Unos datos que, si bien la consellera pone en valor por el incremento de inspecciones, los profesionales del sector consideran que aún tienen un amplio margen de mejora.

Para Fede Fuster, presidente de Hosbec, «es evidente que hace falta más inspección» aunque no es la única medida necesaria. Para el representante de la patronal hotelera en la Comunidad Valenciana la mayor parte de las inspecciones se llevan a cabo en hoteles «donde ya se sabe que se cumple la normativa» porque, a su juicio, «es lo más cómodo» para los inspectores. «Si van a un apartamento que creen que es ilegal, tocan a la puerta y si no les abren pues ya no hay nada que hacer. Siempre es más fácil ir a un hotel donde sabes que te atiende un responsable, en un despacho con aire acondicionado y te presenta los papeles en vez de armarte un follón», señala. 

Los apartamentos turísticos cuadruplican en plazas a los hoteles en Alicante

Por ello, Fuster considera importante poner el foco en los alojamientos que operan sin cumplir la normativa autonómica así como actualizar aquellas cuestiones en las que los inspectores centran su labor: «La normativa en muchos aspectos ha quedado algo obsoleta. Vienen preguntando por la sala de lectura o por otros servicios que, si bien es cierto que están incluidos en el reglamento, no se corresponden con la demanda real de los turistas actuales», lamenta. 

«No se puede hacer más»

En cambio, la presidenta en la Comunidad Valenciana de la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos (Aptur), Silvia Blasco, no considera que el problema de la economía sumergida en el alquiler turístico ilegal sea «tan grave como se ha extendido la creencia de que es». La representante de los empresarios de apartamentos sostiene que «cuando cotejamos los datos del INE con los de los alojamientos registrados en la Conselleria de Turismo podemos comprobar que no existe tal economía sumergida».

Dada la situación actual, cree que desde el departamento autonómico «están haciendo un esfuerzo grande por ponerse al día con las inspecciones porque los medios con los que cuentan no son muchos». De hecho, según el último informe del Consell (de principios de 2023, con el Botànic en el Gobierno) la provincia cuenta con media decena de inspectores para los más de 60.000 apartamentos turísticos registrados en el «censo» de la conselleria.

Por lo que respecta a las sanciones emitidas, Blasco reconoce que «las que se han efectuado en viviendas eran justas» pero matiza que «eran más por desconocimiento de algunos requisitos que por mala fe o voluntad infractora de los responsables de los alojamientos». Con todo ello, la presidenta de Aptur afirma que «con los recursos de los que disponen no se puede hacer más. ¿Sería necesario más control? Seguramente sí, pero con la situación actual, se está haciendo lo posible».

«Es una broma»

Más contundente en su valoración se muestra Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (Apha). «¿Siete sanciones en un año? Teniendo en cuenta que estamos en una provincia con decenas de miles de alojamientos turísticos, tiene que ser una broma de mal gusto», ironiza. 

Para Castillo, «el dato no hay por donde cogerlo, es inadmisible, tendrían que ser muchísimos más», por lo que reclama un incremento de personal en el área de inspección: «Estamos hablando de que en una provincia donde el turismo es lo más importante solo hay cuatro o cinco inspectores cuando, como mínimo, tendría que haber cuarenta o cincuenta».

En cuanto a la situación de la economía sumergida por los alojamientos ilegales, el presidente de Apha centra el debate en que «hay que dejar claro que una vivienda turística ilegal es un problema, no solo para la Administración, también para los vecinos» ya que «no solo no pagan impuestos, es que tampoco existe un control de los viajeros que vienen, por lo que no sabes quién está durmiendo en ellos. No hay seguridad», apunta.

En referencia al cambio de normativa anunciado por la consellera, Castillo también lo tiene claro: «La regulación no está adaptada a la realidad y hay que cambiarla, eso es cierto, pero mientras se cambia creo que hay que aplicar la que ya tenemos», defiende, «hay miles de viviendas ilegales a las que ya se podría estar sancionando con la ley en la mano, sin necesidad de actualizar nada, pues hagámoslo: reforcemos la inspección , porque con siete sanciones en un año parece que se estén riendo de nosotros».