El Síndic insta al Consell a facilitar los trámites para obtener la acreditación de víctima de violencia de género

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, insta a la Conselleria de Servicios Sociales a facilitar y simplificar los trámites para conseguir la acreditación de víctima de violencia de género, para evitar de paso revictimizar a la mujer maltratada.

Luna inició en mayo de 2023 una investigación de oficio a raíz de las quejas presentadas por particulares y asociaciones que trabajan en el ámbito de la erradicación de la violencia de género de la Comunidad Valenciana, en las que exponían las demoras en dar citas en los Centros Mujer 24 horas, así como la revictimización que sufrían las mujeres y las dificultades para obtener la acreditación de víctima de violencia de género.

En su resolución, el defensor pide que se amplíen los organismos con capacidad de emitir informes para conseguir la acreditación de víctima de violencia de género. Hasta ahora, solo tienen capacidad para ello los Centros Mujer 24 horas, pero el defensor recomienda que también puedan hacerlo los servicios sociales municipales y las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito (OAVD). En este último caso, dependen de la de Justicia e Interior, y por ello el defensor recomienda que se coordinen la consellerias de Servicios Sociales y la de Justicia e Interior.

Función inspectora

Asimismo, el Síndic requiere a Servicios Sociales que cumpla con su función inspectora y compruebe la adecuada prestación de los servicios de los Centros Mujer 24 horas, los de atención residencial a las personas adultas o a la infancia y la adolescencia, así como a los centros residenciales integrados en la Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer.

Además, esta institución pide al gobierno de la Generalitat que evalúe el funcionamiento del sistema de acreditación/información del título de víctima de violencia de género desde su implantación y su posterior actualización en noviembre de 2021.

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Protección

En las conclusiones de su investigación, Luna manifiesta que las Administraciones Públicas tienen la obligación de proporcionar a las víctimas, sobre todo a las de violencia de género, un estatus de protección y atención que evite que se pueda provocar una victimización secundaria; es decir, que genere a la víctima un daño o un perjuicio adicional a los ya derivados de sufrir la situación de violencia.

"No es admisible que el contacto de la víctima con el proceso administrativo le suponga un nuevo frente adicional al que ya ha venido sufriendo, sea físico y/o psíquico", señala Luna.

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La victimización secundaria suele entenderse como las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que dejan las relaciones de la víctima con el sistema institucional, en el caso que nos ocupa de información y protección. "Todo ello supone un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional, involucrando una pérdida de comprensión acerca del sufrimiento psicológico y físico que ha causado la violencia y el maltrato, dejando a la víctima desolada e insegura y generando una pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las instituciones para dar respuesta a sus necesidades", explica el Síndic.

Desconfianza de facto

"Al obligar a la mujer que acude primero a los servicios sociales municipales o a las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito donde cuenta su dura experiencia, a tener que repetirlo ante un Centro Mujer 24 horas, la Administración trasmite a la mujer una desconfianza de facto sobre la veracidad de su relato. Una desconfianza que se extiende también a las profesionales de los dispositivos de atención a los que ha acudido en primera instancia y a los propios organismos", señala en la misma resolución.

La institución entiende que la obligatoriedad de que las mujeres y menores víctimas de violencia de género que son atendidos en otros dispositivos especializados deban pasar por los centros de atención a la mujer las 24 horas "podría enmarcarse en la definición de victimización secundaria".

De los informes que emitieron las diversas administraciones a las que se dirige el Síndic, el de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública detalla que la red de Oficinas de Atención a Víctimas del Delito de la Generalitat cuenta con treinta y siete oficinas distribuidas por toda la Comunidad, una por cada partido judicial; y que se complementa con las oficinas de denuncias y asistencia a las víctimas de violencia de género en Valencia, Alicante y Castellón, y está prevista la apertura de otra en Elche.

Más medidas

El Síndic considera imprescindible que la Administración autonómica competente en la materia, la Conselleria de Servicios Sociales, arbitre las medidas y acciones necesarias para que, bajo principios de «máxima garantía, celeridad y simplicidad de trámites», el proceso de acreditación sea la puerta para que las mujeres y menores víctimas de violencia de género encuentren en esos recursos unos espacios seguros y de confianza, además de acceder a los derechos y prestaciones previstas.

"Somos conscientes del trabajo y esfuerzo realizado en todos estos años por las distintas administraciones, así como por parte otros operadores (profesionales de la abogacía…) y de asociaciones de mujeres y ONG para posibilitar a las mujeres y menores víctimas de violencia de género derechos y prestaciones encaminadas a la recuperación de una vida digna y libre de violencia. Si bien es cierto que el sistema de protección y atención a víctimas de violencia de género ha mostrado importantes avances en el cumplimiento de sus objetivos de erradicación de esta lacra, continúa presentando deficiencias y fallos que hay que abordar", concluye Luna.