El aguilucho del Banco de España en Alicante, atrapado por los trámites municipales

El águila del escudo franquista con que el arquitecto José Yárnoz decoró el lucernario de la sede del Banco de España en Alicante continúa sobrevolando el patio de operaciones de la entidad financiera casi 80 años después de la inauguración del edificio. Eso pese a que hace dos que la Generalitat, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, instó a su retirada, y a que en mayo hará uno que se registró en el Ayuntamiento la solicitud de licencia por parte de banco para ejecutar ese requerimiento. 

Desde el Consistorio explicaron que no hay ninguna objeción a dar luz verde al desmontaje de esta simbología preconstitucional que, según avanzaron, "cuenta ya con el informe a favor desde el punto de vista técnico".

El retraso en otorgar el permiso estaría motivado, según las mismas fuentes, por el hecho de que se trata de un edificio catalogado, para los que actualmente están suspendidas las licencias mientras se tramita el catálogo municipal.

Aunque se trata solo de retirar una parte de la vidriera, la Concejalía de Patrimonio y Urbanismo ha solicitado un informe a la Jefatura de Ordenación de los Servicios Jurídicos «sobre la viabilidad jurídica del otorgamiento de licencia en base a la tramitación del expediente de licencia y en especial al Catálogo de protecciones y a la suspensión de licencias actualmente el vigor».

El citado informe se ha pedido el 30 de enero de este año, casi ocho meses después de la solicitud del permiso, y aún está pendiente de ser entregado. Al parecer, la baja por enfermedad de una funcionaria ha jugado también a la contra en cuanto a la diligencia en atender la petición del Banco de España. El trabajo lo ha asumido ahora el Servicio de Disciplina Urbanística, que será quien finalmente resuelva el expediente. 

En un mes

Las fuentes antes citadas precisaron que el trámite no se prevé muy largo y que es probable que «en el plazo aproximado de un mes» el banco tenga vía libre para retirar el «aguilucho», que ocupa la parte central de la claraboya desde 1947. También se ha localizado un lugar en dependencias municipales para almacenar las piezas de la vidriera que se desmonten. 

La Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia impulsada por el Gobierno del Botanic, que entró en vigor en noviembre de 2017 y cuya intención de derogarla ha anunciado precisamente este pasado jueves el Consell del PP-Vox, que preside Carlos Mazón, dedica su capítulo II a los «Símbolos, vestigios y actos contrarios a la memoria democrática». 

El articulado

En el artículo 39 se considera contrario a esta memoria democrática y a la dignidad de las víctimas «la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el nomenclátor de calles, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial».

Y establece que «las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana (...) adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad», artículo por el que la Generalitat instó en febrero de 2022 el desmontaje del escudo franquista de la sede del Banco de España.