Cuarenta inspecciones en seis meses para las casi 4.000 viviendas turísticas de Alicante

Turismo reconoce la necesidad de incrementar el control y trabaja en un algoritmo para hacerlo de forma automática en esta legislatura

Compromís pide paralizar las licencias en la ciudad y fijar un máximo del 10% de alojamientos vacacionales en los barrios 

La playa del Postiguet, en Alicante, esta semana.

La playa del Postiguet, en Alicante, esta semana. / Jose Navarro

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

En el segundo semestre de 2023, ya con el PP y Vox en el Gobierno de la Generalitat, la Conselleria de Turismo llevó a cabo cuarenta inspecciones en las casi 4.000 viviendas turísticas registradas en la capital de la provincia. Así lo ha trasladado el departamento dirigido por Nuria Montes tras una pregunta parlamentaria planteada por Compromís

La diputada autonómica Aitana Mas reclamó en las Cortes conocer cuántas inspecciones se han realizado y cuántas infracciones se han impuesto desde el cambio de gobierno autonómico en julio de 2023. Como resultado, Turismo ha detallado que, desde entonces, se han impulsado cuarenta actuaciones relativas a viviendas turísticas hasta el 31 de diciembre. Entre ellas, destacan cinco por inicio de actividad, doce visitas a entidades que gestionan un total de 196 viviendas, seis inspecciones a raíz de denuncias previas y diecisiete resoluciones por cese de actividad.

Suspensión de licencias

Unos datos, de apenas el 1% de las viviendas registradas, que son «insuficientes» para Compromís. La coalición valencianista cree que suponen datos suficientes para plantear en el próximo pleno, el 25 de abril, la suspensión temporal de nuevas licencias hasta realizar un estudio sobre «el impacto social, económico y laboral» de esta actividad. Para ello, reclama que el Ayuntamiento y la Universidad de Alicante trabajen conjuntamente en el análisis.

Reacciones de Nuria Montes, Ana Poquet y Rafa Mas.

Reacciones de Nuria Montes, Ana Poquet y Rafa Mas. / INFORMACIÓN

El portavoz de la formación, Rafa Mas, apuesta además por establecer tres zonas dentro de la ciudad en función del volumen de viviendas de tipo turístico con las que cuenten. Un primer espacio que correspondería a los barrios donde esta clase de alojamientos superen el 10% del total de viviendas, en el que se apostaría por un decrecimiento de pisos turísticos, suspendiendo las licencias.

En segundo lugar se enmarcarían las zonas donde los alojamientos puedan creen «de forma controlada o acotada» al situarse por debajo del 10% de las viviendas familiares existentes. 

Por último, Compromís permitiría un crecimiento libre de las viviendas de uso turístico en los distritos donde la tasa de inscripción de estos inmuebles sea inferior al 5%. Una propuesta que será trasladada para su votación a la próxima sesión plenaria y que Compromís asegura que es similar a la que ya se aplica en otras ciudades como Cádiz, donde gobierna el Partido Popular.

Más inspección

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que el Ayuntamiento ya se encuentra estudiando la situación actual de las viviendas turísticas en la ciudad, aunque la apuesta del equipo de gobierno no pasaría en un principio por la suspensión de licencias.

Por su parte, la consellera Nuria Montes se ha mostrado consciente de la necesidad de incrementar la labor inspectora en los alojamientos irregulares, algo para lo que el departamento autonómico ya se encuentra trabajando en un sistema de inteligencia artificial que permita automatizar el proceso cruzando los datos de las principales plataformas.

«Nuestra intención es combatir la economía sumergida en el turismo con una respuesta lo más unificada posible», ha señalado la consellera. Además, Montes apunta que «el incremento de la actividad inspectora es una prioridad para esta conselleria», algo que «se ha materializado con el incremento de actuaciones de 2023» aunque todavía es necesario «aplicar herramientas innovadoras para detectar la oferta sin reglar», algo que para Montes será «una realidad en esta legislatura».  

Sobre la petición de paralizar o no la concesión de licencias, Montes señala que se debe «dar autonomía a los ayuntamientos para que decidan qué modelo quieren seguir en base a sus necesidades».

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