El gobierno de Barcala tira la toalla con el contrato de Zonas Verdes: «Las posturas están demasiado alejadas»

Sin acuerdo. Así han concluido las negociaciones entre el Ayuntamiento de Alicante y Geamur, la empresa que fue excluida (indebidamente, según el TSJ) del concurso para gestionar el contrato de Zonas Verdes de la ciudad. Tras varias semanas de negociación entre ambas partes, las posturas siguen estando «demasiado alejadas», según ha reconocido el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. 

Barcala prefiere indemnizar en vez de ejecutar la sentencia sobre el mantenimiento de las zonas verdes de Alicante

El también edil de Medio Ambiente ha señalado este martes antes los medios de comunicación que el equipo de gobierno tiene asumido que «tendrá que ser el TSJ el que dilucide» por una cuestión meramente económica. «Tanto nuestros técnicos de la concejalía como de parte de la asesoría jurídica entienden que es desproporcionado para lo que entendemos nosotros».

En el primer encuentro entre el Ayuntamiento de Alicante y Geamur, la oferta planteada por el gobierno local se situó muy lejos del 6% de «lucro cesante» esperado por la mercantil, un porcentaje que los responsables de la empresa extraen de otras sentencias similares. Tras ello, se han sucedido diferentes conversaciones entre las partes, aunque no ha llegado a plantearse una segunda propuesta formal por parte del Ayuntamiento. «Te reúnes por educación, pero no porque sepas que va a haber acuerdo. Estamos muy alejados», ha apuntado el vicealcalde.

Baja temeraria

La mercantil, que había sido la responsable del servicio hasta la licitación del nuevo contrato en 2018, fue apartada del concurso por «baja temeraria». Una decisión del Ayuntamiento que Geamur consideró injustificada, por lo que acudió a los tribunales.

La estrategia del Ayuntamiento con la contrata de zonas verdes podría costar casi 3 millones más

Tras una batalla legal de varios años, el tribunal autonómico (respaldado más tarde por el Supremo) terminó dando la razón a la empresa, dictaminando que era necesario reiniciar el proceso de adjudicación hasta el punto en que fue excluida del concurso. Una decisión que, en la práctica, supondría cambiar de adjudicataria, pasando de STV (quien se ocupa actualmente del servicio) a Geamur, que presentó la oferta con mejores condiciones económicas.

Ante la «imposibilidad material», según el Ayuntamiento, de cumplir con la sentencia en los términos que se planteaba, el equipo de gobierno de Barcala propuso indemnizar a la mercantil en vez de retrotraer el procedimiento. Para explorar esa vía, ambas partes reclamaron al TSJ una suspensión de plazos de sesenta días para establecer la negociación que, ahora, se encuentra en una situación de bloqueo por la enorme distancia entre los dos planteamientos económicos.

Decisión final

La pelota vuelve estar ahora en el tejado del TSJ de la Comunidad Valenciana, que deberá decidir próximamente si insiste en que se acate su sentencia inicial, reiniciando el proceso, o si acepta la propuesta del Ayuntamiento para indemnizar a la mercantil, fijando el tribunal la cantidad que estime oportuna.

Sobre la decisión, Villar ha señalado que confía «en que el tribunal valore que es un servicio tan esencial que si tuviésemos que volver a un pliego del año 2018 con las condiciones que había entonces sería un problema». El edil insiste en que sería complejo, tanto para Geamur como para cualquier mercantil, asumir ahora un contrato que ha sufrido diversas modificaciones tanto presupuestarias como de área a la que afecta.

En la empresa, sin embargo, ven las cosas de otra forma. Consideran desde Geamur que cuentan con los medios técnicos suficientes para hacerse cargo del servicio en el caso de que el TSJ vuelva a darles la razón.

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