La estrategia del Ayuntamiento con la contrata de zonas verdes podría costar casi 3 millones más

Lo barato sale caro, suele decirse. La decisión del Ayuntamiento de Alicante de excluir del concurso para la contrata de zonas verdes a una empresa por baja temeraria podría terminar costando a las arcas municipales casi tres millones de euros extra. La indemnización que el Consistorio tendría que pagar a la compañía damnificada se suma al sobrecoste del servicio por haber escogido una oferta más cara.

Barcala prefiere indemnizar en vez de ejecutar la sentencia sobre el mantenimiento de las zonas verdes de Alicante

La propuesta de la mercantil Geamur, que hasta finales de 2020 estuvo a cargo del servicio, fue de casi un millón de euros menos que la de STV Gestión, la empresa que finalmente terminó haciéndose con la adjudicación. Sin embargo, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento decidió apartar del concurso a la primera de las empresas, al entender que el presupuesto ofrecido era excesivamente bajo. Esta decisión acabó en los tribunales donde, tras casi tres años de batalla legal, el Supremo ha ratificado la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dando la razón a Geamur: no tendría que haber sido excluida.

Ahora, con el contrato prorrogado y todo el servicio en marcha, el Ayuntamiento alega que la sentencia «no se puede ejecutar por imposibilidad material y legal». Por ello, el gobierno municipal liderado por Luis Barcala ha planteado al TSJ no ejecutar la sentencia (que obliga a retrotraer el proceso hasta el momento previo a la exclusión) y abonar a cambio una compensación económica para la mercantil perjudicada.

Indemnización

Esta estrategia del Ayuntamiento alicantino podría terminar suponiendo a las arcas públicas un sobrecoste cercano a los tres millones de euros. Según expertos jurídicos consultados por INFORMACIÓN, serían dos los perjuicios económicos que el gobierno local tendría que sufragar. Por un lado, la cantidad que se ha abonado de más durante estos años por la diferencia de precio entre ambas ofertas: en concreto, 993.931 (IVA incluido) a los que habría que sumar otros 331.310 por cada año de prórroga del contrato, uno por el momento.

A estas cantidades se añadiría también la indemnización a Geamur que solicita el ejecutivo de Barcala. Pese a que el documento remitido por el Ayuntamiento no incluye una propuesta económica, los expertos apuntan que la cantidad a abonar sería el 6% del beneficio anual, la que aplican mayoritariamente los tribunales en estos casos. De acuerdo con el presupuesto de licitación y las correspondientes ampliaciones, este importe ascendería hasta 1.325.693 euros, a los que habría que añadir un 21% de impuestos.

En total, más de 2,7 millones de «sobrecostes» que pagaría el Ayuntamiento de Alicante por su gestión del caso de la contrata de zonas verdes.

«No nos equivocamos»

Pese a la decisión de los distintos tribunales sobre cómo había gestionado el Consistorio alicantino la adjudicación del servicio, el gobierno municipal sostuvo en su día que no había cometido ningún error en el proceso. «Creemos que lo hicimos bien aunque el TSJ dijera que tendríamos que haber admitido una empresa en baja», señaló el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar.

El gobierno de Barcala defiende el contrato de las zonas verdes a pesar del revés judicial: "No nos equivocamos"

El número dos de Barcala insistió en que «no nos equivocamos» porque. según el PP, «había informes técnicos que decían que con ese presupuesto no se podía prestar el servicio» y en que «cualquiera puede reconocer que las zonas verdes han mejorado sensiblemente».

Ahora, después de que la justicia pusiera punto y final al enfrentamiento entre la mercantil excluida y el Ayuntamiento, todo vuelve a estar en manos de los tribunales, que deben decidir si aceptan la solicitud del gobierno local para no ejecutar la sentencia a cambio de una indemnización u obligan al Ayuntamiento a dar marcha atrás a todo el proceso.