El gobierno de Barcala defiende el contrato de las zonas verdes a pesar del revés judicial: "No nos equivocamos"

"Creemos que lo hicimos bien, aunque el TSJ dijera que teníamos que haber admitido a una empresa en baja. Había informes técnicos que decían que con ese presupuesto no se podía prestar el servicio. Y creo que no nos equivocamos con el resultado práctico en la ciudad, ya que cualquiera puede reconocer que las zonas verdes han mejorado sensiblemente". Así se ha mostrado el portavoz del gobierno local y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, al ser preguntado por la resolución judicial que obliga al Ayuntamiento a retrotraer el proceso para admitir a la empresa recurrente, la anterior responsable, descartada por la Junta de Gobierno por presentar una oferta "excesivamente baja".

Sobre la ejecución de sentencia, ya firme tras la resolución del Tribunal Supremo, el concejal ha dejado abiertos todos los escenarios: "Ahora puedo hacer una valoración política porque estamos viendo qué implica la resolución judicial, cómo actuar. Nos preocupa que se trata de un pliego del año 2018 con un presupuesto que es la mitad del actual".

Villar se refiere así a la decisión del Supremo de inadmitir los recursos presentados por el Ayuntamiento de Alicante y la actual concesionaria del servicio -STV Gestión que también gestiona la limpieza de colegios y dependencias municipales-, dando así la razón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En la sentencia ahora confirmada, de mediados de 2022, el TSJ anulaba la adjudicación del servicio de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad de Alicante, obligando a retrotraer el procedimiento de licitación al momento previo a la exclusión de la anterior adjudicataria, Geamur, que fue apartada del concurso público por la Junta de Gobierno, previo acuerdo de la Mesa de Contratación, por presentar una oferta económica excesivamente baja, que según el Ayuntamiento no estaba justificada debidamente.

La resolución judicial del Supremo inadmite los recursos por "defectos del juicio de relevancia", al concluir que ambos recurrentes "no justifican que todas y cada una de las infracciones, y de la doctrina jurisprudencial que dicen haberse cometido sean relevantes y determinantes del fallo de la sentencia".

Por otro lado, Villar no ha querido entrar a valorar con detalles que los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Felipe Briones y Pablo Romero, hayan asumido las diligencias de investigación abiertas por la tramitación de las obras que desde la pasada primavera se vienen realizando en parte de lo que fue el parque de bomberos de la plaza de Séneca para ubicar ahí la sede de Centro de Inteligencia del Agua y del Hub de la Blue Economy, un proyecto vinculado a Alicante Futura. "Nos parece perfecto. Los fiscales son profesionales. Si nos piden documentación, la mandaremos. Eso sí, con la premisa de que todos los informes se hizo correctamente", ha defendido Villar un día después de que este diario revelara que será Anticorrupción quien investigue la denuncia presentada por el grupo municipal socialista.

"Afinidad" entre el PP y Vox

El portavoz municipal ha anunciado que el presupuesto municipal sería mandado a fiscalización entre este martes o el miércoles, con el objetivo de poder aprobar el documento inicialmente durante este año. En su ronda de respuestas durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes, Villar no ha ocultado que el gobierno popular tiene "más afinidad" con un grupo, en clara alusión a Vox, con los que ha reconocido que tienen "avanzado el acuerdo".

La portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha querido posteriormente enfriar el posible acuerdo con el ejecutivo municipal del PP, recordando sus líneas rojas: "Hemos tenido un par de reuniones con el concejal de Hacienda para acercar posturas, pero hasta que no tengamos los presupuestos definitivos no vamos a decir nada porque queremos saber si nuestras peticiones se pueden plasmar o no. Que nos hayamos abstenido en los patronatos no quiere decir que vayamos a aprobar ese presupuesto. Nuestras líneas rojas siguen siendo las mismas: ninguna partida para la zona de bajas emisiones".