Anticorrupción asume las pesquisas de las obras en el antiguo parque de bomberos de Alicante

Los fiscales Briones y Romero se hacen cargo de la investigación tras la denuncia que por supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Alicante Futura presentó el PSOE ante el Ministerio Público

La portavoz municipal socialista, Ana Barceló, y su adjunta, Trini Amorós, ya ha sido citadas a declarar

Imagen de los trabajos en el antiguo parque de bomberos de Séneca de mayo pasado.

Imagen de los trabajos en el antiguo parque de bomberos de Séneca de mayo pasado. / Jose Navarro

Los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Felipe Briones y Pablo Romero, han asumido las diligencias de investigación abiertas por la tramitación de las obras que desde la pasada primavera se vienen realizando en parte de lo que fue el parque de bomberos de la plaza de Séneca para ubicar ahí la sede de Centro de Inteligencia del Agua y del Hub de la Blue Economy, un proyecto vinculado a Alicante Futura.

Los trámites para la realización de estos trabajos fueron denunciados a mediados del pasado octubre ante el Ministerio Púbico por el grupo socialista municipal, a cuyo frente se encuentra Ana Barceló. Tanto ella como su portavoz adjunta, Trini Amorós, ya han sido citadas a declarar. 

Según la denuncia, el gobierno del popular Luis Barcala estaría incumpliendo su propia normativa urbanística al desoir el informe de uno de sus departamentos técnicos, el de Control de Obras, y adscribir para un «uso administrativo» un espacio municipal ubicado en pleno centro de la ciudad que en el PGOU figura como «equipamiento docente». 

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, y su adjunta, Trini Amorós, el día que interpusieron la denuncia enn la Fiscalía.

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, y su adjunta, Trini Amorós, el día que interpusieron la denuncia enn la Fiscalía. / Pilar Cortés

Vista la documentación que acompañaba la denuncia, Briones y Romero elevaron consulta a su superior jerárquico, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, para que determinara si asumían ellos la investigación o si, por contra, lo hacían los compañeros de la Fiscalía provincial que dirige Jorge Rabasa.

Ninguna duda parece haber tenido Luzón de que los hechos denunciados por el PSOE estarían dentro de la órbita del su departamento. Para ello, y entre otras cuestiones, ha pesado el puesto que, como primera autoridad de la ciudad, ocupa Barcala en todos los organismos en jaque en este proyecto: desde la Agencia Local de Desarrollo, en cuya presidencia figura aunque por delegación esté a frente la edil Mari Carmen de España, a Aguas de Alicante, una empresa mixta participada en 50 % por el Ayuntamiento y con el primer edil también como presidente. 

Adscripción de la planta baja

La Agencia Local, un ente dependiente del Ayuntamiento, solicitó a Patrimonio en marzo de 2022 la adscripción «del uso de la planta baja» del antiguo parque de Bomberos, situado en el 21 de la calle Italia, en la plaza de Séneca, para el desarrollo del Centro de Inteligencia del Agua (CIA), un proyecto de Hidraqua con un presupuesto de cerca de medio millón de euros donde se estudiarán las tecnologías aplicadas en el control del ciclo integral del agua.  

La petición fue estimada a finales de enero de este año al considerar el equipo de Gobierno «el emplazamiento idóneo» para ubicar «el CIA y el Hub de la Blue Economy en el marco de Alicante Futura» era la planta baja de este inmueble, ocupada en la actualidad por los servicios de Seguridad, Emergencias y Protección Civil. 

Imagen de de las obras que se están realizando en la planta baja del antigui parque de bomberos en una imagen de septiembre.

Imagen de de las obras que se están realizando en la planta baja del antiguo parque de bomberos en una imagen de septiembre. / Alex Domínguez

Previa a esta adscripción, la promotora del CIA había pedido licencia de obras y el preceptivo informe de compatibilidad de uso, que el departamento técnico de Control de Obras consideró «no apto». A continuación, según se relata en la denuncia, se produjeron dos desistimientos por parte de la mercantil: el del informe urbanístico y el de la solicitud de la licencia. Todo después de que el edificio se hubiera adscrito a la Agencia Local. 

Acto seguido se dictó un decreto aceptando el desistimiento de la licencia para unas obras que comenzaron a mediados de abril, trabajos para los que no se requiere permiso expreso al estar impulsados a partir de la adscripción por el propio Ayuntamiento.

Antes de acudir a la Fiscalía, el PSOE pidió al gobierno de Barcala la paralización de las obras y que el Ayuntamiento impulsase una modificación puntual del PGOU para cambiar el uso de la parcela, a lo que la edil de España instó a los socialistas a que fueran a los tribunales.