El PSOE lleva a Anticorrupción las obras del Ayuntamiento de Alicante en el antiguo parque de bomberos de Séneca

Los socialistas trasladan al Ministerio Fiscal las posibles irregularidades del gobierno de Barcala en la tramitación de un proyecto vinculado a Alicante Futura tras pedir sin éxito la paralización de los trabajos

El PSOE lleva a Anticorrupción las obras del Ayuntamiento de Alicante

Pilar Cortés

A Fiscalía Anticorrupción. El grupo municipal socialista ha denunciado este miércoles ante el Ministerio Público las posibles irregularidades del gobierno municipal de Luis Barcala en la tramitación urbanística para convertir el antiguo parque de bomberos de Séneca en sede de Centro de Inteligencia del Agua y del Hub de la Blue Economy, un proyecto vinculado a Alicante Futura.

Esta es la decisión de los socialistas tres semanas después de haber advertido públicamente de las supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto urbanístico. Y es que, según defiende la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, el Ayuntamiento de Alicante está supuestamente incumpliendo su propia normativa urbanística y haciendo oídos sordos al informe de uno de sus departamentos técnicos, el de Control de Obras, al adscribir para un “uso administrativo” un espacio municipal ubicado en pleno centro de la ciudad que en el PGOU figura como “equipamiento docente”. Es decir, destinado para instalaciones de “infantil, primaria, o secundaria obligatoria, secundaria postobligatoria, bachilleratos y demás enseñanzas”, según recoge el artículo 102 de las normas urbanísticas municipales vigentes.

Tras presentar la denuncia ante Fiscalía, en la que los socialistas apuntan como responsables del posible delito de prevaricación a los integrantes de las juntas de gobierno que validaron el proyecto, Barceló ha asegurado que han acudido a Anticorrupción al “considerar que hay una infracción urbanística grave que podría ser constitutiva de una prevaricación administrativa”.

La socialista, en su intervención, ha lamentado que Barcala “gobierne como si Alicante fuera su cortijo”, a la vez que ha criticado la falta de respuesta de Urbanismo y Alcaldía a la denuncia publica realizada hace tres semanas, lo que ha llevado, según Barceló, a tener que acudir a Anticorrupción.

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, un ente dependiente del Ayuntamiento de Alicante, solicitó a Patrimonio en marzo del año pasado la adscripción “del uso de la planta baja” del antiguo parque de Bomberos, situado en el número 21 de la calle Italia, en la plaza de Séneca, para el desarrollo del Centro de Inteligencia del Agua (CIA), un proyecto de Hidraqua donde se estudiarán las tecnologías aplicadas en el control del ciclo integral del agua. 

La petición fue estimada por la Junta de Gobierno a finales de enero de este año, argumentando que el “equipo de Gobierno” había considerado que “el emplazamiento idóneo” para ubicar “el CIA y el Hub de la Blue Economy en el marco de Alicante Futura” era la planta baja de este inmueble, ocupada en la actualidad por los servicios de Seguridad, Emergencias y Protección Civil. El ejecutivo local defendía en ese acuerdo que era un proyecto "prioritario". 

Se trata de un espacio público municipal que acogió el parque municipal Bomberos, pero que desde la aprobación en 1987 del PGOU aún en vigor está considerado “de equipamiento docente”, lo que a priori impide acometer ninguna obra que no sea para darle ese uso.

“No apto”

Previa a esta adscripción, que se materializó en enero de este año, la promotora del CIA había pedido a la concejalía de licencia de obras en el inmueble, así como el preceptivo informe de compatibilidad de uso. Sin embargo, el Ayuntamiento, a través del departamento técnico de Control de Obras, consideró “no apto el emplazamiento de la actividad Centro de Inteligencia del Agua (uso terciario comercial-Servicios personales, según el artículo 95 del PGOU)” en el citado local.

Posteriormente, según relató Barceló a finales de septiembre, se produjeron dos desistimientos por parte de la empresa: el del informe urbanístico, en diciembre, y el de la solicitud de la licencia, en abril de este año, después de que el edificio ya hubiera sido adscrito a la Agencia Local. 

Acto seguido, tal y como explicaron los socialistas al denunciar públicamente el caso hace tres semanas, se dictó un decreto aceptando el desistimiento de la licencia para unas obras que comenzaron a mediados de abril, trabajos para los que no se requiere permiso expreso al estar impulsados entonces por el propio Ayuntamiento.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento al PSOE con motivo de la firma del acta de replanteo, lo que supone el pistoletazo de salida de las obras, “Hidraqua es la encargada de desarrollo de las obras de este espacio en el que se estudiarán las tecnologías aplicadas en el control del ciclo integral del agua por 422.000 euros, más otros 70.000 de la Agencia Local de Desarrollo para dotaciones y mobiliario, en una actuación que deberá estar finalizada antes del 28 de noviembre”, ya que el plazo de ejecución previsto era de siete meses.

Ya tras elecciones del pasado mes de mayo, con las obras en marcha, la Agencia de Desarrollo Local remitió a la Conselleria de Educación la petición de autorización para la desafección de uso docente de la totalidad de la edificación, es decir, para cambiar su uso tras el informe de Urbanismo que rechazaba la licencia de obras por tratarse de un espacio con reserva en el PGOU.

Desde el departamento autonómico respondieron que "no existe constancia de que el citado edificio esté o haya estado afectado por el servicio público educativo de esta conselleria, por lo que no procede realizar autorización para desafectación de inmueble". Además, en la contestación, añadieron que "no está previsto solicitar su utilización para el servicio público de enseñanza".  

Tras la postura de la conselleria para el cambio de uso, la Agencia solicitó recientemente el inicio de expediente para la ampliación del uso de la parcela "con vistas al futuro desarrollo de la rehabilitación integral del mismo y que, el uso temporal establecido por convenio de hasta cuatro años a iniciar en enero de 2024 para el desarrollo del proyecto Hub de la Blue Economy, se pueda implantar con vocación de permanencia definitiva en el tiempo, en el marco de la estrategia de Alicante Futura". 

Tras poner el foco en las posibles irregularidades en la tramitación de los permisos para impulsar el proyecto, el PSOE pidió al gobierno de Barcala la paralización de las obras y que el Ayuntamiento impulsase una modificación puntual del PGOU para cambiar el uso de la parcela.

La respuesta desde el Ayuntamiento no se hizo esperar. Ese mismo día, la concejala de Empleo y responsable de la Agencia de Desarrollo Local, Mari Carmen de España, ya invitó al principal grupo de la oposición de ir a los tribunales: "Si los socialistas tienen alguna duda, que acudan donde tengan que acudir. El Ayuntamiento ha hecho las cosas bien y tenemos la seguridad de ir por el buen camino. No entendemos esta persecución del grupo socialista, no se ha incumplido nada. No queremos tardar en dar explicaciones porque es un proyecto de futuro y no queremos que se empañe con acusaciones que no se corresponden con la realidad".

Respecto a la tramitación, De España admitió que la parcela es "de uso dotacional docente". "Eso ya lo sabíamos, pero históricamente sabemos que esa instalación ha albergado el parque de bomberos, el centro de interpretación de la Guerra y los servicios de Protección Civil. El proyecto se ha hecho con provisionalidad, al no interferir en los usos del PGOU. La Agencia pidió la provisionalidad de cuatro años, pero el PGOU da hasta cinco años", ha explicado la edil, quien ha asegurado que el gobierno promoverá cambios para definitivo: "Por supuesto que se tiene que hacer modificación del PGOU".

Segunda denuncia en medio año

Hace medio año, el PSOE también decidió acudir a la justicia, en ese caso a los juzgados directamente, para denunciar al ya entonces exconcejal Manuel Jiménez por un presunto delito de prevaricación administrativa por el supuesto fraccionamiento de contratos en torno al proyecto de la pérgola en La Alcoraya. Esa denuncia, aunque finalmente los socialistas no se personaron en el caso, está a punto de abogar a juicio tanto a Jiménez como al también exedil González y a dos jefes de servicio del Ayuntamiento. El caso está ahora pendiente de que la Audiencia Provincial resuelta los recursos presentados.