Barcala prefiere indemnizar en vez de ejecutar la sentencia sobre el mantenimiento de las zonas verdes de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante prefiere indemnizar a la empresa que le ganó el pulso judicial por el contrato de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad -Geamur, anterior adjudicataria del servicio- que ejecutar la sentencia que obligaba a retrotraer el procedimiento de licitación al momento previo a la exclusión de la citada empresa, apartada del concurso público por presentar una oferta económica excesivamente baja respecto a sus competidores, tal y como defendió el ejecutivo local en el proceso.

Así se lo ha hecho saber el gobierno municipal, liderado por Luis Barcala, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), a través de un documento fechado este miércoles en el que defiende la «imposibilidad material de ejecución de la sentencia», al estar el contrato ya en prórroga. Por ello, solicita que se pueda sustituir la adjudicación por una «indemnización» a favor de la mercantil, pendiente de determinar la cantidad.

«Entendemos que la sentencia no se puede ejecutar por imposibilidad material y legal, afectando además su aplicación gravemente al interés público, pues se trata de un contrato de mantenimiento permanente de zonas verdes de la ciudad de Alicante, cuya paralización o suspensión del contrato por estas u otras causas conllevaría graves perjuicios al servicio público», asegura el gobierno municipal del PP a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ.

En ese escrito remitido al tribunal, el Ayuntamiento recuerda que el millonario contrato empezó a ejecutarse el 1 de enero de 2021, con un periodo contractual de tres años, por lo que oficialmente finalizó el pasado 31 de diciembre de 2023, aunque se ha aprobado una prórroga de un año. Además, subraya que el contrato original, «debido a la ampliación y puesta en servicio de nuevas zonas verdes y espacios cuyo mantenimiento era necesario», se amplió durante su vigencia en dos ocasiones, pasando de una anualidad de 5,8 a la actual de 8,1 millones.

«A fecha de hoy, no es posible mantener el mismo contrato con prórrogas y hacer revisiones para la atención de nuevas necesidades, con lo cual el órgano gestor [Concejalía de Medio Ambiente, que dirige el vicealcalde, Manuel Villar] está ya preparando una nueva licitación para el mantenimiento de zonas verdes, que según señala el informe se espera licitar durante el primer trimestre de 2024», añade el escrito municipal, que sostiene que «incluso computando la prórroga que en el contrato se ha realizado tampoco el favorecido por la sentencia tendría expectativas serias de ver satisfecho su derecho».

Este es último movimiento del gobierno municipal de Barcala tras el terremoto judicial que se produjo en noviembre de 2023, cuando el Tribunal Supremo dio firmeza a la sentencia del TSJ al inadmitir los recursos presentados por el Ayuntamiento de Alicante y la actual concesionaria del servicio -STV Gestión-, sobre el mantenimiento de las zonas verdes de Alicante. Ese fallo judicial, de mediados de 2022, anulaba la adjudicación del servicio a la murciana STV Gestión, obligando a retrotraer el procedimiento de licitación al momento previo a la exclusión de la anterior adjudicataria, la alicantina Geamur, que fue apartada del concurso por la Junta de Gobierno local por presentar una oferta económica excesivamente baja que, según el Ayuntamiento, no estaba justificada debidamente.

En 2020

Este proceso empezó a finales de 2020, cuando la Junta de Gobierno adjudicó a STV Gestión el contrato de mantenimiento de zonas verdes por 17,6 millones de euros para tres años, frente a los 20 millones de licitación estipulado por los técnicos municipales. La anterior contratista, excluida durante el proceso de licitación y victoriosa en el pulso judicial, había propuesto una oferta de 16,64 millones, un millón de euros inferior a sus principales competidores. Tras conocerse las ofertas de las diez empresas que optaban a ese lote, se consideraron bajas temerarias las propuestas que bajasen de 17 millones de euros. Sólo fue una, la de Geamur.

Sin embargo, el TSJ desestimó el recurso planteado por el Ayuntamiento de Alicante y por la actual adjudicataria (STV Gestión), que lleva al frente del servicio desde enero de 2021, presentado contra una resolución previa del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), que a su vez había estimado un recurso de la anterior contratista ante su exclusión de la licitación. Ahora, el gobierno suplica al TSJ indemnizar a la empresa en lugar de ejecutar la sentencia.