El Consell exige al Gobierno que asuma los 29,3 millones al año del coste de los nuevos profesores universitarios

El Consell, a través del conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha pedido este miércoles a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que el Ministerio "financie al 100 % el periodo transitorio para la incorporación de personal docente e investigador a las universidades públicas". A la Comunidad Valenciana le corresponden alrededor de 700 plazas, lo que representa un coste de 29,3 millones de euros cada año.

Rovira se ha pronunciado en esta línea antes de la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, celebrada en el Ministerio y en cuyo orden del día se incluía un único punto sobre el programa para la incorporación de talento docente e investigador a las universidades públicas, cuestión derivada de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU).

Al respecto, el conseller ha señalado que "Diana Morant y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han conseguido poner de acuerdo a la gran mayoría de comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, en rechazar la fórmula que plantea el Ministerio", ha informado la Generalitat.

Conferencia de rectores

"El Ministerio está jugando a un trilerismo claro. Primero dijo que financiaba un tercio de la incorporación del personal, docente e investigador, solo durante los primeros 6 años y el resto las comunidades; y después de ese periodo transitorio dos tercios, tras reunirse con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas -CRUE- a espaldas de las comunidades autónomas", ha señalado.

“El Ministerio está jugando a un trilerismo claro. Primero dijo que financiaba un tercio, después dos tercios y luego se reunió con la Conferencia de Rectores a espaldas de las comunidades"

José Antonio Rovira

— Conseller de Educación

A juicio del conseller, la ministra Morant "debería apostar claramente por una financiación completa de esas plazas durante los 6 primeros años por parte del Ministerio, ya que cuando se hagan estructurales serán financiadas al 100 % por la comunidad autónoma, y que no caiga otra vez la financiación casi en exclusiva en las comunidades autónomas, con mayor gravedad en el caso de la Comunidad Valenciana, que está claramente infrafinanciada".

La propuesta planteada por las comunidades autónomas en reuniones anteriores pedía que el Ministerio asumiera el coste total de las plazas durante los primeros seis años y a partir de ahí y hasta la jubilación que lo hicieran las comunidades autónomas.

Financiación

Rovira ha manifestado que lo idóneo sería volver al foro técnico "y que ahí se decidan las cosas, porque a día de hoy aún no sabemos si esos fondos que pondrá el Ministerio irán a las Universidades o irán a las comunidades autónomas, y hay que aclarar esta cuestión".

"Si el Ministerio de Universidades legisla, es el Gobierno de Pedro Sánchez quien tiene que poner el dinero. Así lo entendemos en las comunidades autónomas y así lo dice la LOFCA -Ley de financiación de las Comunidades Autónomas", ha concluido.

Esfuerzo inversor

El Gobierno ha advertido que no sufragará las 3.400 nuevas plazas de profesorado universitario previstas en los próximos cuatro años a aquellas autonomías que no acompañen el esfuerzo inversor, aunque de momento "ninguna ha cerrado la puerta".

Así lo ha explicado la ministra Morant tras presentar a las comunidades el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas.

Este plan implicará financiar con 150 millones de euros anuales un total de 3.400 plazas de profesores ayudantes doctores en el curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato (en total 900 millones).

La ministra ha avisado que el Gobierno no va a sufragar las competencias universitarias "mientras (las comunidades) no se hagan corresponsables, que es solo exigir el ejercicio de sus competencias porque la alternativa sería una dejación de sus funciones y una rebelión" a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En las reuniones de trabajo previas entre los territorios y el ministerio, ha explicado Morant, "la mayoría habían expresado su voluntad de participar en cero, para nosotros eso no es asumible".