El TSJ permite a Alicante indemnizar a Geamur para no reiniciar el contrato de Zonas Verdes

El Ayuntamiento salva la primera "bola de partido" en el caso por el contrato de Zonas Verdes de Alicante. El TSJ reconoce la "imposibilidad material" de cumplir con la sentencia original, que obligaba a dar marcha atrás en la adjudicación, y permite al gobierno local indemnizar a la empresa perjudicada en vez obligarle a que el servicio cambie de manos.

Barcala prefiere indemnizar en vez de ejecutar la sentencia sobre el mantenimiento de las zonas verdes de Alicante

La decisión del tribunal, contra la que cabe recurso, acepta la postura defendida por el ejecutivo municipal de que era "imposible" desde un punto de vista técnico que el contrato fuese asumido por otra compañía una vez que ya está puesto en marcha. Ahora, el TSJ abre la puerta a que sea Geamur la que proponga la cantidad por la que estaría dispuesta a dar el asunto por zanjado, para lo que concede 20 días de plazo.

En su escrito, el tribunal se muestra "de acuerdo" con el equipo de gobierno y reconoce, después de que el Ayuntamiento manifestara su incapacidad para retrotraer el concurso dado que el contrato ya había sido extinguido, que «no cabe la ejecución singular fijada en la sentencia» debido a que existe «imposibilidad material y legal» de reiniciar unas actuaciones que ya no existen.

“Estamos satisfechos porque el auto del TSJ coincide plenamente con la tesis del Ayuntamiento sobre la inejecutabilidad de la sentencia”, ha destacado el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar. “Con esta resolución se confirma que no será necesario retrotraer todo el procedimiento y que podremos seguir prestando en las actuales circunstancias el servicio de mantenimiento de nuestros parques y jardines”, ha añadido.

Recurso y oferta

Por su parte, Geamur no baja los brazos tras esta nueva decisión del TSJ. Según ha podido saber este diario, la mercantil no se decantará ni por recurrir ni por plantear una oferta económica, sino que explotará ambas vías al mismo tiempo.

Fuentes de la compañía que fue excluida indebidamente del concurso de Zonas Verdes han confirmado que, en los próximos días, registrarán el escrito para apelar la decisión judicial. De forma paralela, señalan, se estudiará la compensación económica a exigir que, al menos durante las negociaciones con el Ayuntamiento, se situó en torno al 6% por "lucro cesante", que aplican mayoritariamente los tribunales en estos casos.

Según expertos jurídicos consultados por INFORMACIÓN, serían dos los perjuicios económicos que el gobierno local tendría que sufragar. Por un lado, la cantidad que se ha abonado de más durante estos años por la diferencia de precio entre ambas ofertas: en concreto, 993.931 (IVA incluido) a los que habría que sumar otros 331.310 por cada año de prórroga del contrato, uno por el momento.

A estas cantidades se añadiría también la indemnización a Geamur que el TSJ ha concedido tras la solicitud del ejecutivo de Barcala. Pese a que el Ayuntamiento no ha realizado ninguna propuesta económica, los expertos apuntan que la cantidad a abonar sería, como reclamaba Geamur, el 6% del beneficio anual. De acuerdo con el presupuesto de licitación y las correspondientes ampliaciones, este importe ascendería hasta 1.325.693 euros, a los que habría que añadir un 21% de impuestos. En total, más de 2,7 millones de «sobrecostes» que pagaría el Ayuntamiento de Alicante por su gestión del caso de la contrata de zonas verdes.

Unos cálculos que distan enormemente de lo defendido por el ejecutivo municipal durante las negociaciones con Geamur de los últimos mses, cuando el gobierno municipal ofrecía una cantidad por debajo del 1%. Tras el desacuerdo inicial, el Ayuntamiento trabajó en elaborar una segunda oferta que, finalmente, no llegó a presentarse a la empresa, ya que esta solicitó la ejecución de la sentencia antes de que el ejecutivo local se la hiciera llegar.