La oferta del Ayuntamiento no convence a la excluida del concurso de Zonas Verdes

Sin acuerdo tras la primera reunión entre el Ayuntamiento de Alicante y Geamur, la empresa que fue excluida (indebidamente, según la justicia) del concurso para la gestión de las zonas verdes de Alicante. Después de que el Tribunal Superior de Justicia señalase que la exclusión de la mercantil por «baja temeraria» no estaba justificada (una decisión ratificada por el Supremo), el gobierno de Luis Barcala propuso indemnizar a Geamur en vez de ejecutar el contenido inicial de la sentencia, que reclamaba «rebobinar» el procedimiento hasta el momento de su exclusión. Una decisión que, en la práctica, supondría que la empresa excluida asumiera la gestión que ahora mismo lleva a cabo STV, la segunda mejor clasificada de la citada adjudicación.

Barcala prefiere indemnizar en vez de ejecutar la sentencia sobre el mantenimiento de las zonas verdes de Alicante

Después de que las tres partes implicadas (Ayuntamiento, STV y Geamur) reclamasen conjuntamente al TSJ un periodo de suspensión de plazos de dos meses con el objetivo de negociar, el ejecutivo local presentó este martes su propuesta económica a los representantes de la empresa excluida en una reunión a dos bandas. La propuesta del gobierno, basada en el beneficio económico que la mercantil habría obtenido de acuerdo con su oferta en caso de haber sido seleccionada, quedaba lejos del 6% que esperaban desde Geamur.

Un porcentaje estiman basándose en el «lucro cesante», es decir, las ganancias que se dejan de percibir por diferentes conceptos como consecuencia directa de la exclusión del citado concurso público. De acuerdo con el artículo 213 de la Ley de Contratos del Sector Público, que regula las causas y efectos de la resolución de los contratos de servicios, «el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 % del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial». 

Hasta tres millones de indemnización

Según expertos jurídicos consultados por INFORMACIÓN, serían dos los perjuicios económicos que el gobierno local tendría que sufragar. Por un lado, la cantidad que se ha abonado de más durante estos años por la diferencia de precio entre ambas ofertas: en concreto, 993.931 (IVA incluido) más otros 331.310 por cada año de prórroga.

La estrategia del Ayuntamiento con la contrata de zonas verdes podría costar casi 3 millones más

A estas cantidades se añadiría también la indemnización a Geamur que, según detallan, se correspondería con el mencionado 6% que aplican mayoritariamente los tribunales en estos casos: por encima de 1.3 millones. En total, más de 2,7 millones de «sobrecostes» que pagaría el Ayuntamiento de Alicante por su gestión del caso de la contrata de zonas verdes.

Ahora, de no producirse una contraoferta por parte del gobierno de Barcala, Geamur podría exigir el cumplimiento de la sentencia emitida por el TSJ, que le permitiría gestionar el servicio de cuidado y gestión de zonas verdes.