Una batalla por el agua que no cesa en una partida de Crevillent

Una batalla burocrática por el agua en Crevillent que está generando un conflicto vecinal para el que todavía no hay una solución clara. Más de una veintena de familias de la partida rural San Antonio de Florida se han quedado hace unos días sin suministro de agua, aseguran, tras varias roturas en el depósito, que tiene varias décadas. 

Y el mayor problema radica en que los residentes aseguran que la instalación es pública porque en las facturas de agua que pagan sigue el modelo de cualquier otra parte del extrarradio y que incluye una parte impositiva para mantenimiento y conservación, y que, por tanto, los arreglos tienen que venir por parte de la administración local y la empresa concesionaria. 

El Ayuntamiento, sin embargo, insiste en que se trata de una acometida privada y que el estado que presenta actualmente imposibilita que pueda recepcionarse en base a criterios técnicos. 

Desde la concejalía de Espacios Públicos sostienen, aún y así, que se han reunido en varias ocasiones con los residentes para tratar el problema, y exponen que se está tratando de poner soluciones ya que incluso se está valorando con los técnicos la posibilidad de ejecutar ciertas obras de arreglo de este sistema obsoleto de conducción y elevación de agua para regularizar la situación. 

Respuesta

Si bien, tampoco se ha dado con la tecla final. A nivel municipal insisten en que se planteó que el Ayuntamiento ayudase con los trabajos pero sostienen que para actuar debe haber acuerdo unánime entre todas las familias en caso de que los propietarios tuvieran que invertir para mejorar este sistema. 

Ya de antemano desde el ejecutivo local niegan que todos los vecinos mantengan el mismo criterio y vayan a una. Si bien, parte de los residentes exponen que ya han tenido que correr con varios gastos a lo largo de los años cuando han aparecido desperfectos, y han elevado quejas, incluso al Síndic de Greuges, para que se dirima la cuestión. José Candela Molina, uno de los afectados, expone a este diario que los vecinos tuvieron que invertir para construir un depósito y una red de tuberías en 1995 «ante la falta de recursos del Ayuntamiento entonces».

Este residente relata que en aquella época el Ayuntamiento dio el visto bueno a las obras y que fue la administración la que concedió las obras y ejecutó «las oportunas acometidas particulares a la nueva red previo pago del importe correspondiente y sin posibilidad de que fueran ejecutadas por los promotores», según señalan los residentes, agrupados en la Asociación Partida la Lobera, al equipo de gobierno actual a través de escritos por registros de entrada. 

En todo este tiempo el consistorio ha manifestado que la instalación es privada lo que ha motivado que tengan que ser los propios los que durante años hayan asumido «los elevados costes» del mantenimiento de esta infraestructura.

 Si bien, critican que cada residente tiene un contrato individual y que en las facturas hay un porcentaje que desde siempre se les está cobrando por mantenimiento y conservación, exactamente igual que en otras partes del extrarradio donde la red de agua potable está declarada como pública, según siempre la versión de los residentes. 

Situación límite

Por ello, lamentan algunos residentes que han llegado a una situación límite porque no pueden mantener la infraestructura ni ninguna avería, como sucede en la actualidad. Y es que alegan que la instalación tiene carácter público y no privado porque en los inicios se les impidió que las acometidas domiciliarias fuesen realizadas por ellos mismos, por ello pide que quede reconocido. 

Si bien, la asociación remitió un escrito en el que apuntaban que aceptaban satisfacer una cuota de 200 euros anuales durante cinco años, con un total de 1.000 euros por abonado actual, en concepto de pago total para efectuar las reparaciones y demás condiciones necesarias para que las instalaciones cumplan todos los requisitos para ser aceptadas por el Ayuntamiento. 

Con ello entienden que sí podría pasar a formar parte del inventario de aquellas que sí que constan como públicas.