636.000 euros por la cesión de unos terrenos recogidos en un convenio de 2004. Esta es la cuantía que el Ayuntamiento de Benidorm pagará a los propietarios de suelo en Serra Gelada, dentro del APR-7 tras años de litigios municipales y en los tribunales. Este importe parte de una tasación municipal y que queda lejos de la reclamación que hacían los empresarios y que llegó a ser de 284 millones de euros.
El propietario de la finca, el empresario Antonio Manuel Puchades, esgrimía un convenio firmado en 2003, caducado en 2018, por el cual el consistorio compensaría a los dueños con unidades de aprovechamiento en otro plan parcial, ya que el de Sierra Helada iba a ser protegido al ser declarado Parque Natural, unos convenios que firmó el popular Vicente Pérez Devesa cuando era alcalde y se modificaron dos veces más: una en 2010 y otra en 2013, con el PSOE en la Alcaldía.
«La compensación se hará efectiva cuando se firme la escritura de la finca»
Pero esa compensación nunca llegó, ni en «especie» ni económicamente, lo que provocó que el propietario acudiera a los tribunales. Allí alegó que, al no obtener respuesta por parte de la administración local una vez caducadas las prórrogas de esos convenios, suponía un silencio positivo a su favor. Pero una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Alicante ha fallado que «no ha existido silencio administrativo positivo» en relación a la reclamación hecha por este empresario en relación a esos convenios del APR-7.
El propietario pedía 57,5 millones de euros, el 25% del total de los 230 millones del total que se solicitaba como indemnización de todos los terrenos que es la que le corresponde (llegó a haber sobre la mesa otra reclamación de casi 283 millones de euros). Pero finalmente, casi 20 años después, el acuerdo aprobado en el pleno desestima esa reclamación millonaria y fija en 636.116 euros la cuantía a percibir por los terrenos cedidos al Ayuntamiento en agosto de 2004, atendiendo «a su valoración como suelo rural» de esos 121.992,50 metros cuadrados, según explicó la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles. Así explicó que Puchades solo recibirá el 25% de la compensación y solo se hará efectiva cuando se formalice la escritura de la finca.
«La nefasta gestión del PP de 2001 a 2004 es la que nos ha traído hasta aquí»
El pleno aprobó también la modificación presupuestaria para asumir ese pago que, según la concejala de Hacienda, Aída García Mayor, «parte de estos recursos salen del Remanente de Tesorería para gastos generales y otra parte del Fondo de Contingencia Municipal», por lo que las inversiones previstas en el presupuesto de 2021 no son ven afectadas. En el mismo pleno se han desestimado las alegaciones presentadas por el mismo particular contra la decisión del pleno de iniciar la revisión de oficio de esos convenios del APR-7, un procedimiento que sigue en marcha.
Con todo, la oposición mostró sus reticencias ayer. El PSOE se abstuvo en la votación y su portavoz, Rubén Martínez, recalcó que «hay muchas dudas en el proceso». Además advirtió de la posibilidad de entrar en un «procedimiento contradictorio» que complicaría «mucho» la situación jurídica. Por su parte, el portavoz de Cs, Juan Balastegui, pidió al Secretario Municipal que explicara el asunto tras las dudas planteadas por el PSOE.
«Estos convenios son un tema muy debatido en esta Corporación»
Discusión política por la velocidad y los radares
El PP «tumba» una moción de la oposición para quitar los reductores de velocidad en la ciudad
Retirar los reductores de velocidad y los radares. Esta era la petición que los dos partidos de la oposición de Benidorm, PSOE y Cs, llevaron este lunes al pleno. Una moción que el PP con su mayoría «tumbó» al considerar que ambos elementos son necesarios para garantizar la seguridad vial.
Ambos grupos municipales en la oposición plantearon en una petición conjunta retirar las nueve cajas de control de velocidad que el gobierno del PP ha colocado en distintas vías de la ciudad y solo dejar los radares informativos, los denominados radares «amables» con emoticonos. Además que la información obtenida por los registros de estos radares informativos sirviera para implementar un plan de refuerzo con agentes de la policía local en las zonas donde se detecte que se superan habitualmente las velocidades máximas establecidas.
Pero el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, esgrimió toda una serie de datos y documentos que apoyaban la instalación de todas estas medidas de seguridad vial. El debate fue una discusión entre los tres grupos ya que las opiniones sobre esta cuestión eran muy dispares. Y el portavoz de Cs, Juan Balastegui, también aportó sus datos según un informe hecho por asociaciones empresariales de Benidorm: «Han constatado que un conductor tarda 44 minutos en recorrer los diez kilómetros que separan l’Albir de un restaurante del centro de Benidorm, tras pasar 41 badenes y tres radares, y dejar el coche en un parking donde la hora cuesta 9.90 euros; mientras que el mismo conductor tarda 41 minutos en recorrer los casi 50 kilómetros que hay hasta un restaurante al centro de Alicante, pasando cero badenes y un único radar. Allí, además, la hora de parking está a la mitad de precio».
PSOE y Cs defendieron que todas estas medidas están «ahuyentando» a los visitantes a otros municipios cercanos, mientras que los populares usaron la misma palabra para apuntar que eran los dos partidos los que estaban consiguiendo eso mismo con sus críticas.
