El empresario Antonio Manuel Puchades mantiene su intención de que el Ayuntamiento de Benidorm le indemnice por los terrenos de su propiedad en Serra Gelada. El propietario ha recurrido la apertura de una nueva revisión de oficio de los acuerdos de 2003 e insta al archivo de esta decisión que tomó el pleno en el mes de mayo. Así, hace solo unos días presentó un escrito de alegaciones al consistorio para que se anule ese trámite y que se cumpla ese convenio por el que habría que abonarle una cantidad millonaria o compensarle con suelo en otro plan parcial.
En su escrito, el empresario explica que el Ayuntamiento ha adoptado "acuerdos arbitrarios e injustos" que afectan a los solares de su propiedad en esta zona del parque natural de Serra Gelada. Y que además se omiten en esos informen municipales "datos esenciales" y se "altera" la realidad en la narración de los hechos. Con todo, lo expuesto por la administración local ha hecho que un juzgado de Alicante y el Consell Jurídic Consultiu (CJC) "no tuvieran a su alcance todos los datos necesarios para la emisión de sus resoluciones" sobre este asunto que "colea" desde hace años y que afecta a Puchades y otros propietarios de esos suelos.
Cabe recordar que este proceso de los convenios del APR-7 de Serra Gelada arrancó hace cerca de 20 años. Puchades firmó con el Ayuntamiento en 2003 un convenio firmado por el cual el consistorio compensaría a los dueños con unidades de aprovechamiento en otro plan parcial, ya que el de Sierra Helada iba a ser protegido al ser declarado Parque Natural. Ese acuerdo lo firmó el popular Vicente Pérez Devesa cuando era alcalde y se modificó dos veces más: una en 2010 y otra en 2013, con el PSOE en la Alcaldía. Así, caducó en 2018, pero Puchades reclamó porque esa compensación no llegó nunca.
Desde entonces, ha habido varias reclamaciones, también en el juzgado. Varios empresarios llegaron a pedir hasta 283 millones de euros por esos terrenos; 57,5 de ellos le corresponderían a Puchades, el 25% del total. Pero una sentencia falló que no era así. El pleno desestimó esa reclamación millonaria y fijó en 636.116 euros la cuantía a percibir por los terrenos que sí se cedieron al Ayuntamiento en agosto de 2004; una cuantía que sí se consignó en el presupuesto. Pero el proceso ha seguido adelante porque el Ayuntamiento está convencido de que esos convenios son nulos.
El empresario ha dado respuesta el último paso acordado en el pleno de mayo de iniciar de nuevo el procedimiento de revisión de oficio. Así, ha presentado alegaciones en las que insta al Ayuntamiento al archivo de ese proceso por ser "nulo de pleno derecho" y a cumplir el convenio de 2003 entre el consistorio y el empresario donde se regula la forma en que el Ayuntamiento de Benidorm debe indemnizarle por la "privación de derechos urbanísticos y cesión de sus solares". Así la documentación explica que se trata de solares "afectados por el acuerdo plenario de suspensión de licencias y acuerdos de programación de esta zona, de 26 de febrero de 2001 y publicado en el DOGV 3.958".
La documentación remitida al Ayuntamiento de Benidorm acredita que las fincas registrales 19.009 y 19.013 que Puchades posee en Serra Gelada tienen condición de "suelo urbano desde 1958" y ostentan la "condición de solar urbano consolidado desde 1962". Se declaró suelo urbano en una modificación del PGOU aprobada en 1958. Desde ese momento y hasta 1962 se acometieron las obras de urbanización conforme a la legislación vigente en esa fecha. El empresario explica además que en 1963 el Ayuntamiento aprobó una segunda modificación de su PGOU que contempla como suelo urbano Serra Gelada. "Son informaciones clave que se omiten en informes municipales enviados a sede judicial y al Consell Jurídic Consultiu. Como tampoco mencionan el acuerdo plenario de 2001 en el que se quita la condición de solar a las citadas fincas registrales", añade en su escrito.
Pero además el propietario denuncia que en el informe que el arquitecto municipal remitió a un juzgado de Alicante “se omiten las modificaciones de planeamiento llevadas a cabo entre 1958 y 1962, así como la adquisición de la condición de solar”. Tampoco se mencionan esas modificaciones, recogidas en la memoria del Plan General de Benidorm, como "tampoco hay referencia a los informes del mismo arquitecto en relación al edificio Gemelos 28, donde ha mantenido un criterio diferente al aplicado respecto a los solares propiedad" del empresario.
Además destaca que el contenido de este informe "omite que el suelo al que se refería el contencioso administrativo era suelo urbano clasificado y urbanizado desde 1962. Igualmente se ha omitido esa información relevante al Consell Jurídic Consultiu en la documentación remitida por el Ayuntamiento para que esta institución emitiera un dictamen".
Las alegaciones además ponen el acento en el "cambio de criterio de los informes del secretario municipal respecto al convenio entre el consistorio y el empresario. "La prórroga del mismo en 2013 fue avalada en un informe por el mismo secretario municipal que, al reclamarse el cumplimiento del convenio, se ha mostrado contrario y ha instado a la revisión de oficio", añaden.
Una larga historia
En su escrito, Puchades repasa algunos capítulos de esta historia. Así afirma que se ha accedido posteriormente a 2003 a "conceder prórrogas para que el Ayuntamiento cumpliera con su obligación de compensarle por la cesión de sus solares y la privación, desde 2001, de unos derechos urbanísticos consolidados desde 1962". El empresario ha "dado facilidades, durante casi 20 años, para que el consistorio pudiera entregar solares a cambio y no tuviese que desembolsar el valor monetario del aprovechamiento urbanístico del que se ha visto privado".
Y recalca que "en su afán de colaborar", ha "evitado judicializar" esta cuestión durante muchos años, "a pesar del evidente perjuicio que ha sufrido por la inacción de sucesivas administraciones municipales. La actuación del Ayuntamiento y su secretario en relación al edificio Gemelos 28 ha sido opuesta, en cuanto a la compensación por la edificabilidad de solares en Serra Gelada".
Las alegaciones presentadas por Antonio Puchades "acreditan la consolidación de los derechos urbanísticos y la existencia de urbanización y de calles en Serra Gelada desde 1962, acompañando fotografías que lo demuestran". El Ayuntamiento de Benidorm "conocía el 26 de febrero de 2001 el altísimo valor catastral de los solares" de este propietario cuando "acordó suspender licencias y el acuerdo de programació".
Y añade el cálculo: "En 2001 el valor catastral asciende a más de 16 millones de euros; en 2003, a más de 16 millones de euros; y en 2004 a más de 17 millones de euros". Es decir, el valor catastral del metro cuadrado útil es el "mismo que el que tienen los solares de primera línea en la playa de Levante de Benidorm".
El documento presentado ante el pleno del Ayuntamiento de Benidorm “hace admonición de la ilegalidad en la que incurren todos quienes emitan informes o adopten actos administrativos que contravengan la condición jurídica de solar” de las fincas propiedad de Puchades. Y anuncia la interposición de acciones legales “frente a quienes emitan informes o adopten acuerdos que sean contrarios a dicha condición”.
