El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, que se celebrará el próximo lunes, tiene previsto aprobar una moción impulsada por los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos para instar al Gobierno de España a que apruebe “con carácter urgente” las medidas legislativas correspondientes para acordar un aplazamiento en la obligación de establecer, antes de 2023, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes y en los de más de 20.000 cuando superen los valores límite de los contaminantes regulados por Real decreto.
La implantación de una Zona de Bajas Emisiones no es más que el establecimiento de distintas restricciones para la circulación del tráfico rodado, con el objetivo de reducir la emisión de Co2 a la atmósfera y, por tanto, lograr una movilidad urbana menos contaminante.
En el caso de Benidorm, el Consistorio tiene previsto aplicar distintas restricciones en las tres zonas en las que se divide la ciudad: Levante, Poniente y el centro, para lograr reducir o suprimir totalmente el tráfico en algunas de las grandes avenidas, como la del Mediterráneo o la de la Armada Española.
El proyecto local de la Zona Bajas Emisiones, que abarca una superficie de 75 hectáreas, se encuentra ya en licitación, con un presupuesto total de 3,4 millones de euros, para el que el Ayuntamiento ha recibido una subvención estatal que alcanza los 3,1 millones.
Incertidumbre e inseguridad
Fuentes municipales han explicado que esta moción, que presentarán conjuntamente ambos grupos, argumenta que el Gobierno central todavía "no ha realizado el desarrollo reglamentario” de la norma que obliga al establecimiento de las ZBE, “por lo que no se ha concretado el mandato genérico de establecimiento" de estas zonas con menor densidad de tráfico.
La moción incide, además, en que el Ejecutivo “debe establecer los requisitos mínimos que deben cumplir dichas ZBE, aportando seguridad jurídica a los usuarios, empresas y la ciudadanía en general”.
"Dadas las fechas actuales y la imposibilidad de cumplir lo establecido en la ley por parte de las Entidades Locales, es necesario y urgente que se apruebe una moratoria del pazo de entrada en vigor” de las Zonas de Bajas Emisiones, recoge el texto de la moción que, igualmente, señala que el hecho de no tener aprobado el Real Decreto que regula las ZBE está generando “una incertidumbre innecesaria a las entidades locales”, lo que implica que “se puede poner en riesgo los fondos europeos asociados a la entrada en vigor de las mismas”.
La propuesta añade la reclamación de que, en aras a la autonomía municipal, cada entidad local “debería tener la libertad de decidir si la creación de una ZBE es una medida efectiva para conseguir el objetivo de luchar contra la contaminación o no” de forma que estas entidades locales tengan “la libertad de delimitar su alcance y condiciones para cumplir así el principio de autonomía local”.
Por último, otro motivo que se expone en la moción es que la adopción de medidas como la creación de ZBE en el actual contexto de crisis “puede suponer un serio problema para muchas familias y empresas, vulnerables económicamente, que se verán obligadas a sustituir sus vehículos por otros menos contaminantes y, sin embargo, no pueden afrontar dicha renovación”.
La avenida Armada Española, primera zona de Bajas Emisiones
La avenida Armada Española, en primera línea del paseo de Poniente de Benidorm, será la primera en implantarse una zona de Bajas Emisiones; un proyecto complementario al que el Ayuntamiento tiene en marcha para toda la ciudad. Para ello, las obras de la primera fase de la creación de la ZBE se encuentran ya en marcha desde hace semanas y traerán cortes de tráfico desde Xixo hasta Llorca Alós durante dos meses.
Esta primera fase comprende el tramo que va desde la avenida de Xixo hasta la rotonda de Cruz Roja, en el cruce con Vicente Llorca Alós. Así, la circulación en Armada Española seguirá como hasta ahora, limitada solo a los vehículos autorizados y con acceso a vados para los residentes en función del desarrollo de la obra.
De cualquier forma, quienes circulen por Armada Española tendrán que abandonar la vía al llegar a la avenida de Xixo y salir en dirección a Vicente Pérez Devesa. Los vehículos que bajen por la calle Guatemala o Puerto Rico en dirección a la playa tampoco podrán continuar por Armada Española y habrán de desviarse por Racharell en sentido ascendente.
Esta actuación supone una inversión superior a 1,2 millones y cuenta con el respaldo de la Diputación dentro del programa Planifica. Concretamente, el organismo provincial aporta 249.360 euros a este proyecto con el que la ciudad avanza en "sostenibilidad y movilidad sostenible", algo que "forma parte del ADN de Benidorm" ha señalado el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate.
La zona abarca una superficie de 24.000 metros cuadrados, que "se transformará para abordar una movilidad más sostenible", en la que "ganamos espacio para el peatón" siendo, además, "más consecuentes con la protección del medio ambiente" ha dicho.
El objetivo de esta actuación es potenciar el empleo de medios blandos de movilidad -bicicletas y vehículos de movilidad personal- y desplazar el vehículo privado hacia aparcamientos disuasorios más alejados del centro urbano como puedan ser los de Xixo o la avenida Beniardá.
Para ello, se prevé la creación de plataforma única, así como actuaciones para incentivar el uso de la bicicleta y minimizar las emisiones de CO2. Entre otros elementos, está prevista la colocación de un contador de bicicletas, aparcamiento inteligente para bicis, un sistema de monitorización ambiental, sistemas de información al transporte público urbano y un refuerzo del control de acceso de vehículos.
Otro objetivo es "mejorar la calidad de vida de residentes y turistas, del aire y su salud a través de iniciativas como esta que nos lleven a reforzar el control de vehículos contaminantes, la carga y descarga de mercancías y la movilidad de los autobuses".
