Altea inicia la caducidad del contrato de la zona azul, la grúa municipal y el depósito de vehículos

El Ayuntamiento de Altea ha decidido iniciar el expediente de caducidad de la concesión de la zona azul (ORA), y los servicios de la grúa municipal y del depósito de vehículos arrastrados por esta que se le otorgó en el pleno municipal del 26 de abril de 2000 a la mercantil Asterita Inversiones, SL por un periodo de 60 años. El contrato de concesión contemplaba la construcción y explotación de cinco aparcamientos por el siguiente orden: Paseo del Mediterráneo, Plaza del Convento, Palaça des Sports, Palau Altea, y Plaza del CEAM.

El expediente de caducidad se ampara en un dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJCCV) fechado el pasado día 19 que considera “la nulidad del contrato y convenio firmados en 2000, pues es injusto y abusivo en cuanto a que favorece a una de las partes en perjuicio de los intereses públicos y de la Hacienda Municipal”.

Con este dictamen a favor del Ayuntamiento de Altea, el pleno municipal celebrado este jueves aprobó, con los votos favorables de Compromís, PSOE, Altea amb Trellat y Ciudadanos; y la abstención del PP, “declarar la caducidad del procedimiento relativo a la revisión de oficio del contrato de concesión administrativa para la gestión integral del Servicio Público de Aparcamientos de Altea e iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio del contrato, conservando todas las actuaciones realizadas obrantes en el expediente e incluyendo también el preceptivo dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Así como suspender la ejecución del contrato en lo relativo al abono de los gastos por grúa y depósito de vehículos”.

Este viernes, el alcalde de Altea, Jaume Llinares, ha comparecido, acompañado por el portavoz de Compromís y concejal de Infraestructuras, Diego Zaragozí, para explicar el procedimiento seguido para llegar a la caducidad de la concesión. Llinares ha destacado que la concesión de la gestión integral de los aparcamientos soterrados y en superficie “se adjudicó a una empresa que, curiosamente, se había creado 3 meses antes del concurso con un capital social de 3.000 euros, sin solvencia ni clasificación ni estudio de viabilidad para construir cinco aparcamientos subterráneos. Cuestiones que hacen poco creíble el acuerdo aprobado en el pleno de abril de 2000”.

El alcalde ha añadido que Asterita “no hizo nada en tres años y en 2004 pasó a formar parte de la empresa Inerzia, del grupo Los Serrano, que construyeron en 2006 el aparcamiento de la Plaza del CEAM. Desde entonces no se han construido más aparcamientos subterráneos, a pesar de que así lo contempla el convenio. Y actualmente la concesionaria está transferida a la empresa Asa Parkings, SL”. Ante ello, Jaume Llinares ha indicado que “se han dado circunstancias de transmisión de empresas que no voy a decir que sean legales o no, pero si que en cada transmisión el valor de la empresa ha sido muy superior”.

Sobre la adjudicación, cabe señalar que el 12 de abril de 2000, INFORMACIÓN publicó la noticia en donde se daba a conocer que las empresas Sociedad Europea de Estacionamientos (del grupo Saba), Estacionamientos y Servicios (del grupo Fomentos de Construcciones y Contratas), y Alteana de Aparcamientos, S.L. obtaban a la adjudicación de la construcción y gestión de aparcamientos públicos, tanto en superficie (ORA) como subterráneos, que el Ayuntamiento de Altea tenía previsto realizar en el municipio “con un periodo de concesión administrativa de entre 60 y 70 años” según anunció entonces el alcalde del PP, Miguel Ortiz.

En aquella fecha, el primer edil anunció que las tres empresas “contemplan la creación de un aparcamiento subterráneo en la Plaça dels Esports con capacidad para más de 300 plazas”, pero añadía que “Alteana de Aparcamientos, una empresa creada ex profeso para esta adjudicación”, según señaló Ortiz en abril de 2000 “ha desarrollado un proyecto elaborado por el arquitecto alteano Luis Hernández que contempla, además, la construcción de otros aparcamientos subterráneos en el ‘lago’ del paseo marítimo del Mediterráneo, en la Plaça del Convent, junto al Palau de las Artes, y frente al Centro Social, con casi 1.000 plazas de aparcamiento, una superficie de construcción superior a los 14.000 metros cuadrados en total, y que tendrán un coste estimado cercano a los 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) en total”.

Contrato "ilegal" y "leonino"

El alcalde ha señalado que en 2015, “cuando entramos a gobernar el Ayuntamiento de Altea” se detectó que el contrato de adjudicación “era ilegal y leonino, calificativos que también indica el CJCCV en su dictamen”, ya que en el pleno del 29 de diciembre de 2000 “se acordó modificar el contrato concesional incluyendo la prestación del servicio de grúa municipal y la gestión del depósito”. Por esta razón, el equipo de gobierno pidió “un informe a los técnicos municipales de los servicios jurídicos, económicos, de Tesorería y de Urbanismo”. Dicho informe “fue muy contundente, por lo que pedimos también un informe externo que fue aún mas contundente que el de los técnicos municipales, pues resaltaba que el contrato de concesión era leonino, perjudicial y lesivo para los intereses del Ayuntamiento”, ha indicado Llinares.

Con todos los datos, “decidimos solicitar en junio del año pasado al Consell Juridic Consultiu que estudiase el caso aportándole documentación. Pero nos encontramos con la sorpresa de que, con anterioridad a nuestra entrada para gobernar, habían desaparecido de los archivos municipales el estudio de viabilidad de construcción de los cinco aparcamientos acordados en la concesión, y no estaban ni su coste ni el plan de ejecución, ni como tenían que pagarse. Ante ello, pedimos a la concesionaria que nos aportase copia de la documentación desaparecida en el archivo municipal, aunque no fue todo lo que faltaba pero sí bastante como para que el CJCCV pudiera elaborar su informe”.

Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción

Jaume Llinares ha mostrado su preocupación por el futuro de este “problema” puesto que indicó que “con toda seguridad la mercantil se negará a anular el convenio”. Ante ello, el primer edil ha dicho que si la empresa reclama el lucro cesante de los 60 años de concesión, probablemente el importe supondrá una anualidad de los presupuestos municipales”. Sin embargo, también se ha mostrado optimista “porque nos ampara el informe del Consell Jurídic Consultiu, que aprecia la nulidad del contrato y convenio firmados en 2000”. Además, Llinares ha añadido que “nosotros teneos que defender los intereses del Ayuntamiento y el pueblo de Altea hasta las últimas consecuencias. Y si es necesario acudiremos a la Fiscalía Anticorrupción porque faltan documentos y el Consell Jurídic dice que ha habido muchas irregularidades en la tramitación del expediente. De momento-ha anunciado- vamos a crear una comisión de investigación que pueda seguir el contenido de los acuerdos que se tomaron en su momento, y espero que el Ayuntamiento quede desvinculado de las obligaciones de pago que reclama la empresa concesionaria”.

En otro momento de la comparecencia ante los medios, el alcalde ha explicado que la construcción del aparcamiento del CEAM “costó 1,8 millones de euros. La empresa lleva cobrados siete millones y pico, y declara unos beneficios anuales de 200.000 euros. Con ello, puedo decir que el aparcamiento está mas que pagado y vamos a intentar que sea municipal”.

En cuanto al servicio de la zona azul, ORA, la grúa y el depósito, el alcalde ha aseverado que “vamos a revertirlo al Ayuntamiento. El dictamen del CJC permite eso y queremos que sea municipal antes de las elecciones, pues el servicio de la ORA está actualmente obsoleto, es precario, deficitario y de muy poca calidad. Y encima es de los mas caros de la comarca”. Jaume Llinares ha indicado que “con toda probabilidad”, este servicio “podría revertirse al Ayuntamiento antes de las próximas elecciones.