Pagar para poder cobrar. Es el único modo de que las sanciones impuestas por el incumplimiento de las medidas por el covid no se queden arrumbadas en un cajón ante la imposibilidad de que asuma tal volumen de trabajo el servicio de la Generalitat encargado de tramitarlas. Un departamento, el de Espectáculos y Establecimientos públicos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, con capacidad para gestionar entre 250 y 300 expedientes al año pero que en estos momentos de pandemia ha llegado a registrar hasta 500 al día.
Por ello, Justicia ha acordado por el procedimiento de urgencia la contratación por 1.742.400 euros de una empresa que se encargará de dar apoyo técnico a la tramitación de las más de 100.000 sanciones impuestas en la Comunidad desde el pasado 24 de julio, cuando en virtud de un decreto ley la Generalitat asumió estas competencias. De este volumen total de multas, algo menos de la mitad corresponden a la provincia de Alicante.
En el primer estado de alarma, de marzo a junio del año pasado, la competencia sancionadora era de Gobierno central a través de las subdelegaciones. En cualquier caso, el porcentaje de multas cobradas tanto en lo relativo a la Administración central como a la autonómica no alcanza el 5% por la incapacidad de ambas para tramitarlas. Y eso que en la plantilla de la subdelegación en Alicante se reforzó para acometer este trabajo extra.
Procedimiento largo
El procedimiento administrativo tampoco ayuda. Tras iniciarse el trámite se envía al infractor un acuerdo que, de aceptarlo, le supone una rebaja de 40% en el importe de la multa. En caso contrario, dispone de diez días para presentar alegaciones que la Administración debe resolver en seis meses. Decisión que puede ser de nuevo apelada en diez días con otros seis meses de plazo para responder. Si es desestimada de nuevo, al afectado aún le queda el recurso de reposición y acudir a los tribunales a la vía Contencioso-administrativa.
A partir de ahora será la mercantil Martínez Centro de Gestión, que ya presta este servicio en otras administraciones de la Comunidad, la que durante un año (tiempo por el que se ha adjudicado el contrato) se encargue de todos los trámites de las sanciones impuestas por la Policía Nacional, la adscrita a la Generalitat, la Guardia Civil y las policías locales por el covid.
Un apoyo técnico que la conselleria que dirige Gabriela Bravo ha acordado ante la necesidad de reforzar el régimen sancionador de la administración autonómica, que se ha visto incapaz de asumir tal avalancha de expedientes.
De hecho, la subsecretaría de Justicia decidió tramitar por emergencia este apoyo que hoy está previsto que refrende el Consell a principios del pasado mes. Se pretende que la mercantil gestione la tramitación de todos los procedimientos administrativos, incluida la gestión del cobro a los ciudadanos que hayan infringido las normas establecidas por la pandemia, la mayoría por el uso inadecuado de la mascarilla y el incumplimiento de los cierres perimetrales.
La contratación de esta empresa se une a la ampliación del servicio en 52 personas (25 técnicos jurídicos, 10 administrativos y 17 auxiliares) y forma parte de un plan de choque presupuestado en 5,3 millones, que también incluye el refuerzo de la plantilla del servicio de Espectáculos (de 5 funcionarios en julio de 2020 a 21 en la actualidad) y la contratación de un servicio especial de Correos, por 1,2 millones incluidos en el presupuesto, para poder realizar todas las notificaciones como establece la normativa.
