En la madrugada del próximo domingo desaparecerá el estado de alarma y con él decaerán algunas de las medidas restrictivas que la pandemia obligó a adoptar para frenar los contagios. No obstante, Ximo Puig ya ha anunciado su intención de mantener el toque de queda nocturno, para lo que buscará el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Para ello, como ya hizo el Consell el pasado mes de octubre, se amparará en la Ley General de Sanidad de 1986. No obstante, cinco expertos en derecho Constitucional consultados por este periódico dudan de que el máximo órgano judicial de la Comunidad refrende esta medida.
«Sin estado de alarma no se pueden limitar derechos fundamentales», explica Paloma Cascales, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. En la mano de la Generalitat sí está la de modular otro tipo de restricciones, como la de horarios o los aforos de tiendas y restaurantes, pero nunca, a juicio de esta experta, la de limitar la movilidad nocturna a no ser que haya un estado de alarma que lo ampare.
Respecto al hecho de que en octubre Puig ya logró que el Tribunal Superior diera el visto bueno al toque de queda días antes de que se decretara el estado de alarma, Cascales matiza. «Si bien el TSJ lo ratificó, le indicó al Consell que para limitar derechos fundamentales, lo preceptivo es acudir a la autorización judicial previa. Es decir, primero pedir autorización y luego acordar las medidas». Trasladado a la situación actual, añade esta especialista «el TSJ podría indicar que, dado que ya no estamos en esos índices de contagio y dado que el Consell ya sabía que se iba a levantar el estado de alarma, debía instar primero la autorización judicial previa».
«La supresión de derechos solo se puede avalar bajo el estado de alarma»
Precisamente la situación epidemiólogica de la Comunidad -menos de 50 casos por 100.000 habitantes, la menor de España- es un motivo de peso que lleva a pensar a los expertos que no se logrará el aval de los jueces valencianos. «La Generalitat sí que podría ampararse en la Ley de Sanidad, porque es una ley orgánica que permite modular derechos fundamentales, pero habría que justificarlo muy bien para que sea una medida adecuada, razonable y proporcional y no parece que tenga justificación habiendo una incidencia tan baja», señala José Ángel Camisón, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. Para este experto, la Generalitat tiene en su mano otras medidas efectivas para reducir la movilidad nocturna sin recurrir al toque de queda, por ejemplo adelantando el cierre de bares y restaurantes.
Concepción Torres, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, también cree que la situación de la Comunidad no es la misma que había en octubre, «un momento de incertidumbre en el que hubo que tomar medidas drásticas» y advierte de que si el TSJ da su respaldo, «se podrían limitar derechos sin razón objetiva, lo que puede ser peligroso».
«El TSJ puede entender que se debería haber buscado autorización judicial previa»
También tiene dudas sobre si el Consell recibirá el aval del TSJ Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. «Tengo mis dudas, aunque no me atrevo a decir taxativamente que no lo conseguirá, porque a lo largo de este año hemos visto muchos ejemplos parecidos a este en la jurisprudencia española y siempre dependerá de la valoración que hagan los jueces». No obstante, añade Alcaraz, en base a la situación epidemiológica en la que se encuentra la autonomía «no parece que la medida pueda salir adelante, porque ésta debe ser ajustada a lo que se persigue».
«El problema es que falta coordinación entre Estado y comunidades»
La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hérnandez, Rosario Tur, sostiene que recurrir al TSJ para prolongar el toque de queda «no es la solución jurídica más adecuada», porque este tribunal «no debería pronunciarse sobre una medida estructural que debería tomarse entre el Estado y las comunidades autónomas». El problema, añade Tur, «es que las autonomías carecen de otros mecanismos» para adoptar estas restricciones más allá del estado de alarma, «así que Puig recurre a lo que tiene en su mano». Tur cree que una restricción de derechos generalizada en toda la Comunidad, como la que busca Puig con la prórroga del toque de queda, «no puede quedar en manos de las comunidades autónomas. Debe haber una intervención del Estado con la colaboración de las autonomías y ese es el problema, que no existe una cultura de colaboración».
«La situación epidemiológica ahora no justificaría la medida»
En caso de que el TSJ no dé su aval para prorrogar el toque de queda, la Comunidad Valenciana podría recurrir al Tribunal Supremo. El Consejo de Ministros aprobó este martes un decreto en el que establece un mecanismo para que las comunidades puedan evitar problemas con los tribunales superiores de justicia. El texto, que modifica la ley que regula el contencioso administrativo, incluye la posibilidad de que se mantengan medidas que afecten a derechos fundamentales siempre que cuenten con autorización judicial. Y permite la posibilidad de que, en caso de ser rechazadas esas medidas por los tribunales superiores, se pueda acudir en casación al Tribunal Supremo, algo que ahora no podían hacer.
«El Consell se puede amparar en la Ley de Sanidad, pero debe argumentarlo muy bien»
Desde el mismo domingo no habrá cierre perimetral
La Generalitat va a tratar de mantener el toque de queda nocturno para evitar la expansión del coronavirus. Lo que sí ha anunciado es que, con el fin del estado de alarma, termina el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana. Así, desde el sábado al domingo ya se podrá entrar y salir libremente de la Comunidad Valenciana. Una situación que preocupa a los expertos en salud pública, dado que la incidencia en la Comunidad es la más baja de España y a partir de ahora llegará gente de autonomías cercanas en las que los casos están disparados.
