Se suspende el juicio por las agresiones del 9 d’Octubre tras discrepancias con las órdenes de alejamiento

El juicio por los incidentes violentos de 2017 protagonizados por un grupo de ultras de extrema derecha y simpatizantes de ideología neonazi durante la tradicional manifestación del 9 d’Octubre en favor de la lengua valenciana se ha suspendido debido a discrepancias con las órdenes de alejamiento que iban incluidas en el acuerdo de conformidad que, al parecer, tenían cerrados 26 de los 28 acusados.

Dos de los procesados siguen manteniendo su inocencia y los otros 26 pretendían aceptar los hechos para logarar una rebaja en sus penas por las que no ingresarían en prisión. No obstante, discrepancias sobre las ordenes de alejamiento que irían aparejadas a las condenas han puesto en peligro estos acuerdos y la vista oral se ha tenido que suspender y se ha señalado nueva fecha para el 4 de marzo de 2024.

Con el acuerdo de conformidad que habían alcanzado las defensas de la mayoría de los procesados, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, los procesados evitarían, por el momento, ingresar en prisión. Todo ello está ahora en el aire al observar algunas defensas que el escrito de conformidad incluye la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de las sedes de las asociaciones convocantes de la manifestación y de cualquier manifestación que éstos convoquen, lo que a efectos prácticos supondría, según ha señalado una de las defensas, prácticamente el destierro de la capital del Túria de los acusados.

El cumplimiento de las penas de cárcel se les podría suspender, según coinciden las fuentes consultadas por este periódico, con la condición de que paguen la responsabilidad civil y las costas de forma solidaria, y que no delincan en el plazo de tres años. La mayoría de ellos han consignado estas indemnizaciones o parte de las mismas estos últimos días previos al juicio para garantizarse la rebaja de las penas. Así como que cada uno de los acusados realice un curso de reeducación sobre Derechos Humanos.Todo ello ha quedado ahora paralizado.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente penas que iban desde los tres años de cárcel a los siete años y medio por los delitos de odio, coacciones, lesiones, amenazadas y desórdenes públicos. Entre los procesados que van a llegar a un acuerdo se encuentra Vicente Javier E. C., conocido como ‘El Alfarrasí’, que se enfrentaba a una petición de pena de siete años y medio de cárcel. Otro de los que lograría una importante rebaja en la pena es el que era presidente de la asociación Curva Nord, para el que la fiscal pide idéntica pena.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia una concentración con pancartas contra el fascismo ha recibido a los acusados en un clima de crispación donde el fuerte despliegue policial ha evitado cualquier conato de enfrentamiento entre radicales y antifascistas. ‘El Alfarrasí’, ex líder de los Yomus, extinto grupo ultra del Valencia CF, se ha encarado con los manifestantes dirigiéndose a ellos con el gesto de “llorones”.

Los hechos se remontan a 2017 cuando en los días previos a la celebración del 9 d’Octubre uno de los acusados, periodista con múltiples seguidores en programas de televisión y radio, publicó en sus redes sociales mensajes instando a personas de ideología afín a acudir a la plaza San Agustín de Valencia para boicotear la manifestación verpertina convocada por la Comissió 9 d’Octubre a favor del ‘valencià’.

“Quiero vivir un momento histórico, el primer año sin estelada por Valencia el 9O. ¡Cuento con vosotros? Pza. San Agustín 9-X-17”, “Los independentistas han despertado al gigante. ¡Valencia DESPIERTA!” o “EN VALENCIA NO!” acompañando una imagen de una bandera estelada tachada son algunas de las pruebas aportadas por las acusaciones sobre este llamamiento por redes sociales incitando al odio. Este acusado, uno de los dos que no reconoce los hechos, se enfrenta a tres años de prisión.

A este llamamiento respondió un numeroso grupo de personas que se concentraron en la mañana del 9 de octubre junto al campo de fútbol de Mestalla tras una pancarta de 'Yomus CN10'. Los congregantes se dirigieron al centro de la ciudad con el propósito de obstaculizar el desarrollo de la manifestación y enfrentarse a quienes asistieran por razón de su ideología, según mantiene la fiscalía en su escrito.

La actuación de estas personas, que increpaban a los manifestantes y se abalanzaban hacia donde se encontraban, a pesar del cordón policial, hicieron que el cordón cediera. Esto dio lugar a una estampida que hacía de todo punto imposible el normal transcurso de la manifestación convocada.

No obstante, y tras la intervención policial, la manifestación siguió su curso hacia la calle Colón, siendo en todo momento custodiados los manifestantes por la Policía. Si bien no pudo concluir como estaba previsto, con la lectura del manifiesto en la estatua del Rey Jaume I en la Plaza de Alfonso el Magnánimo, sino que hubo de darse por terminada en la Plaza de América.

Sobre las 17 horas, mientras se organizaba la manifestación, varios trabajadores o colaboradores del Diari Jornada estaban montando una mesa informativa del periódico en un lateral de un quiosco cuando fueron increpados por un acusado, quien llevaba una bandera española a modo de capa. Les preguntó entonces quiénes eran y a qué se dedicaban y trató de interceptar los ejemplares empaquetados.

En ese momento, otro acusado fue hasta el lugar de la plaza donde se convocaba un grupo numeroso de personas que lucían tatuajes de claro signo nacionalsocialista y vociferaban brazo en alto y les instó a que agrediesen a los periodistas y les quitaran el material alegando que se trataba de propaganda de la CUP.

Al mismo tiempo, un acusado trataba de quitarles el material y les amenazó con cortarles el cuello con un gesto que portaba un arma blanca. Como uno de los periodistas estaba grabando, un individuo con la cara completamente tapada le empujó y le arrojó contra el suelo.

Minutos más tarde continuaron las agresiones y los puñetazos a participantes en la manifestación. Por ejemplo, varios acusados siguieron a dos manifestantes y le dieron una fuerte patada a uno de ellos a modo de zancadilla, lo que le hizo caer al suelo y arrastró en su caída al compañero. Una vez allí, fueron agredidos con el mástil de una bandera cuatribarrada. Otro manifestante intervino para defender a las víctimas y un gran número de acusados se abalanzaron sobre él y lo acorralaron.

Por otro lado, diversos acusados se abalanzaron sobre un redactor gráfico que estaba fotografiando los acontecimientos para arrebatarle la cámara. Le arrojaron al suelo y le impidieron que se levantara al lanzar sobre él una mesa y un cartel de un bar de la misma calle donde se encontraba. Otro acusado se dirigió a un periodista que también estaba grabando los hechos con su teléfono móvil y le dijo: "Te rajo el cuello", al tiempo que hacía un gesto representativo de ello, a la misma vez que una mujer que no pudo ser identificaba le arrojaba un líquido caliente.