El escudo social desplegado por el Gobierno para atenuar las consecuencias de la pandemia no ha impedido que numerosos negocios se hayan visto abocados a bajar la persiana, ante la falta de recursos para resistir una caída de la actividad tan prolongada en el tiempo. El resultado es que la cifra de concursos de acreedores se disparó en la provincia durante el año pasado, hasta situarse en niveles desconocidos, al menos desde el año 2007.
Así lo recoge el último informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los Efectos de la crisis en los órganos judiciales, que señala que en 2021 se presentaron hasta 761 solicitudes para acogerse a este procedimiento en el conjunto de la provincia, lo que supone un incremento del 34% sobre las cifras del ejercicio anterior y de un 40% sobre las de 2019. Unos datos que, además, no tienen parangón en la serie histórica que ofrece este documento, que se remonta a los últimos 15 años.
La cifra llama aún más la atención si se tiene en cuenta que desde el estallido de la pandemia el Gobierno ha ido prorrogando la moratoria que exime a las empresas en apuros de solicitar el concurso mientras duren los efectos del covid. Una medida que, en principio, estará vigente hasta el próximo mes de junio, si no se vuelve a prorrogar.
“La pandemia se está alargando más de lo que muchos esperaban, la recuperación económica tampoco ha sido tan rápida como se preveía y, sencillamente, hay empresas que no han podido mantener su situación y que no le ven sentido a seguir retrasando un cierre que ven inevitable”, explica Sebastián Crespo, del despacho de Devesa & Calvo Abogados.
Al respecto, del total de procedimientos solicitados, hasta 436 se han registrado en los Juzgados de lo Mercantil, lo que significa que corresponden a peticiones de suspensión de pagos de empresas y autónomos. En concreto, 308 son concursos de sociedades mientras que otras 128 los han presentado profesionales por cuenta propia.
A liquidación
A pesar de que sobre el papel esta figura busca dar una solución al sobreendeudamiento de las empresas para facilitar que puedan continuar con su actividad y proteger así el tejido productivo, lo cierto es que este objetivo se consigue en muy pocas ocasiones. Para ser exactos, el año pasado sólo se logró firmar un convenio con los acreedores en 17 ocasiones, lo que equivale al 3,8% de los procedimientos iniciados en los juzgados de lo Mercantil.
Por el contrario, cada vez son más habituales los conocidos como “concursos exprés”, que permiten solicitar el concurso y la liquidación del negocio al mismo tiempo, cuando desde el principio sus responsables consideran que existen activos para satisfacer las deudas. De esta forma se evitan que los procedimientos se alarguen en el tiempo de manera innecesaria.
En cuanto al perfil, aunque el informe no lo recoge, Sebastián Crespo apunta que la inmensa mayoría de los casos se corresponde con pequeñas empresas, que son las que han tenido más dificultades para afrontar las consecuencias de la pandemia. En este sentido, el socio de Devesa & Calvo recuerda que, además de la caída de la actividad durante un periodo que ya se prolonga casi dos años, muchas empresas también están haciendo frente a un incremento considerable de sus costes por las subidas de la luz o los carburantes, a lo que en los últimos meses también hay que sumar el aumento de aquellos alquileres indexados al IPC.
Por si esto fuera poco, también se están agotando los plazos de carencia de los créditos que concedió el ICO al inicio de la pandemia y que suponen ahora otro motivo de preocupación para muchos empresarios.
Algunos de los concursos más significativos del año pasado fueron los de la distribuidora de Kelme en España, New Millennium Sport o el presentado por el Grupo Amaro.
Particulares
Además del aumento de las empresas en quiebra, los datos del Consejo General del Poder Judicial también reflejan un considerable incremento de la cifra de particulares que solicitan el concurso de acreedores, una posibilidad que abrió la denominada Ley de Segunda Oportunidad y que permite a las personas físicas cancelar sus deudas y evitar que éstas le persigan de por vida.
La ley se aprobó en 2015 y desde entonces la cifra de personas que solicitan este procedimiento no ha dejado de crecer y ahora se ha acelerado con la pandemia. En total el año pasado hubo 325 alicantinos que solicitaron el concurso para sus deudas personales, un 27% más que el ejercicio anterior y un 57% más que en 2019.
Entre quienes aprovechan esta segunda oportunidad hay desde empresarios que se endeudaron al avalar sus negocios con sus bienes personales, personas que compraron sus casas en pleno boom y luego perdieron sus empleos y ya no pudieron recuperar la misma cantidad al vender el inmueble, o consumidores atrapados en deudas de tarjetas de crédito.
Bajan las reclamaciones por despido
Frente al aumento de los concursos, durante el año pasado descendió la conflictividad laboral. Así, el número de despidos que se recurrieron ante los juzgados de lo Social descensión de 5.401 en 2020 a 4.851, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. De la misma forma también se presentaron menos reclamaciones por nóminas impagadas, en concreto, 3.376 frente a las 3.481 del año anterior.
