La decisión del Instituto Valenciano de Competitividad (Ivace) de rechazar la propuesta de Fundesem para subarrendar parte del edificio público que ocupa en Alicante a la Universidad Europea y de rescindir su contrato para exigirle la deuda ha dejado a la escuela de negocios con muy pocas opciones. O bien su presidente, Cayetano Sánchez Butrón, consigue movilizar al empresariado para que realice una aportación que permita saldar, al menos, parte de los pagos pendientes y renegociar con el organismo autonómico, o el centro se verá abocado al concurso de acreedores, con un resultado incierto. Y lo cierto es que los precedentes no son nada favorables, ya que en ocasiones anteriores, cuando se ha pedido a los patronos alicantinos que se rasquen el bolsillo para salvar alguna institución, la respuesta nunca ha sido masiva. Y la propia falta de ingresos de Fundesem deja claro que también son muchos los empresarios que optan por mandar a sus hijos o a sus empleados a centros foráneos.
Por otro lado, la liquidación o, en cualquier caso, la salida del centro de sus actuales instalaciones también suponen una complicación para la propia Conselleria de Economía, que debería buscar un nuevo destino para el inmueble, con una fórmula que en la Administración autonómica ni siquiera tienen del todo clara. Una de las posibilidades que cobra más fuerza es que pueda acabar instalándose la Cámara de Comercio de Alicante, que ya tiene un convenio con Fundesem para utilizar cinco aulas y cuyo presidente, Carlos Baño, dejó clara su oposición a autorizar la implantación de la Universidad Europea en el inmueble, al tratarse de un centro privado, en su acto de proclamación celebrado el martes en Elche. El mismo argumento del Ivace.
Sin embargo, tanto ésta como cualquier otra opción deberá tener en cuenta que la filosofía y el deseo que siempre ha expresado el titular de Economía, Rafa Climent, es que Alicante debe contar con una escuela de negocios, algo que considera necesario para el tejido empresarial de la zona. Otra cosa es la marca bajo la que pueda operar, algo que dependerá de lo que puedan determinar los servicios jurídicos y técnicos del Consell. Es decir, que quien ocupe el inmueble propiedad del Ivace –tanto si sigue Fundesem, como si es la Cámara o un tercero- deberá destinar como mínimo una parte de las instalaciones a esta finalidad. No en vano, Climent desde 2019 y hasta ahora siempre ha mantenido que, como alicantino, es un convencido de que la provincia necesita una escuela de negocios. Este mismo miércoles, de hecho, nada más conocerse la decisión del consejo de dirección del Ivace, el conseller aseguraba que "soy de la provincia de Alicante y siempre se ha tenido una sensibilidad especial y se ha hecho todo lo posible por que Fundesem saliera adelante".
Los orígenes
Fue a mediados de los años sesenta cuando un grupo de empresarios decidió promover lo que entonces se llamó Centro de Estudios Superiores de Alicante, precisamente para suplir la ausencia de enseñanza universitaria en la zona, dirigida a economistas y el mundo de la empresa. Fue en 1978 cuando se refundó como Fundesem y vivió una época de crecimiento, que llevó a que en 1992 se cerrara un acuerdo a tres bandas con el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat para dotarla de una sede en condiciones, y abandonar el edificio en que se encontraba, que era cedido por los jesuitas.
El Consistorio cedió los terrenos en la calle Deportistas Hermanos Torres y la Administración autonómica, a través del Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa (Impiva), construyó el edificio, que también debía albergar su sede.
A partir de entonces, Fundesem pasó a pagar un alquiler anual. Durante algunos años, la escuela vivió una época de vacas gordas gracias a la expansión de las cajas de ahorros –la CAM y Bancaja-, por entonces empeñadas en elevar el nivel formativo de sus plantillas, lo que aportaba generosos ingresos a la institución. El problema llegó con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el repliegue y posterior caída de estas entidades financieras.
Más allá de los propios efectos de la crisis económica, fue entonces cuando se evidenciaron las dificultades del centro para captar alumnos, ya que muchos empresarios y profesionales preferían acudir a centros foráneos de mayor prestigio. Como este jueves reconocían algunos patronos, una de las principales dificultades de Fundesem siempre ha sido la falta de respaldo de una Universidad que validase sus títulos. La escuela de negocios alicantina trató de resolver esta situación con un acuerdo con el CEU que funcionó durante algunos años, pero las dificultades de pago de Fundesem acabaron por romper la alianza y convirtieron al centro universitario en otro acreedor más.
Para entonces la situación ya estaba muy deteriorada. Fundesem llevaba sin pagar el alquiler al Ivace desde 2011 y los intentos por expandirse a otras ciudades, como Murcia, o captar alumnos en Latinoamérica tampoco lograron mejorar la situación. Hasta el punto de que en marzo de 2017 el Ivace presentó una demanda en los juzgados para exigir las cantidades atrasadas.
Una situación agónica que se prolongó durante casi dos años, hasta que en 2019, y tras cambiar al equipo gestor, que pasó a encabezar el abogado Cayetano Sánchez Butrón, se logró un acuerdo de renegociación de la deuda, que por entonces ascendía a 1.267.000 euros. El pacto incluía una rebaja del alquiler anual de 150.000 a 95.000 euros –que con el IVA se quedan en 120.000-, más otros 60.000 euros por ejercicio para pagar los atrasos.
Sánchez Butrón trató entonces de aumentar la base social de la escuela con la figura del miembro protector -que se logra con una aportación de 5.000 euros, que luego puede recuperarse en formación-, también apostó por ofrecer más formación en el área digital y firmó un acuerdo con la firma de consultoría y formación Aquora para ofrecer nuevos servicios.
Unas acciones que lograron mejorar algo la situación, aunque la respuesta por parte del empresariado y la sociedad alicantina nunca llegó a ser suficiente. Por si fuera poco, la pandemia acabó por truncar los planes de los nuevos gestores. El acuerdo con Aquora se redujo a la formación “in company” –en la propia empresa- y siguieron los impagos del alquiler, que elevaron la deuda con el Consell a 1,65 millones.
Fue entonces cuando Sánchez Butrón decidió jugar la carta de la Universidad Europea, con la que logró cerrar un acuerdo el 31 de julio del año pasado. El centro privado aprovecharía para impartir algunos grados de la rama sanitaria y respaldaría los másteres de Fundesem, que lograría a cambio 400.000 euros anuales. Suficientes para pagar la renta anual y acelerar el abono de la deuda.
Por el camino, para facilitar las cosas, se creó una sociedad limitada a la que se traspasó la actividad educativa. El objetivo también era captar 490.000 euros vendiendo el 49% del capital, pero a día de hoy apenas se había logrado la mitad de esa cantidad. De nuevo, al empresariado le cuesta rascarse el bolsillo.
En cualquier caso, para cerrar el acuerdo se necesitaba cambiar las condiciones firmadas con las dos administraciones implicadas. El Ayuntamiento de Alicante aceptó, pero el Consell no vio con buenos ojos ceder un espacio público a un centro privado por la competencia que se podía generar a las universidades públicas. Así que optó por rechazar el acuerdo y dar un paso más para rescindir el contrato y exigir la deuda, lo que ha llevado a la situación actual.
Los responsables de Fundesem trabajan con el objetivo de tomar una decisión definitiva sobre su futuro la próxima semana, aunque primero deben conocer los términos exactos del requerimiento del Ivace. Las opciones: buscar dinero de forma inmediata o recurrir al concurso. Por su parte, el organismo autonómico también espera a los movimientos de la escuela de negocios, antes de dar los siguientes pasos. Eso sí, sean cuales sean, todo apunta a que la intención es que el edificio se siga destinando a escuela de negocios, sea quien sea el que lo gestione.
