Frente empresarial para exigir 3.000 millones de inversión en obra pública para la provincia

Alicante se está viendo relegada año tras año a la cola del programa de inversiones del Gobierno central, lo que está trayendo como consecuencia que las infraestructuras no se encuentren al nivel exigido para la que es la quinta provincia que más Producto Interior Bruto (PIB) genera a nivel nacional. Ante este panorama, la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana (CEV), la Cámara de Comercio, la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante (FOPA) y el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), han decidido sumar esfuerzos y reclamar a la Secretaría de Infraestructuras del Ministerio de Transporte y Movilidad la ejecución de proyectos ferroviarios y de carreteras que, en su conjunto, están valorados en más de 3.000 millones de euros. Justo el déficit inversor que el Estado tiene en este territorio, según las estimaciones realizadas.

Las cuatro organizaciones implicadas están gestionando una reunión con responsables ministeriales que, casi con toda seguridad, se celebrará el próximo mes de octubre. En la misma tienen previsto plantear nueve proyectos que hace ya dos años fueron calificados como prioritarios en un estudio elaborado por la Cámara y la CEV. Ahora serán convenientemente actualizados, teniendo en cuenta los escasos avances que se han registrado en algunos de ellos.

Con todo, el listado sigue encabezado por el eje ferroviario Alicante-Elche, valorado en 295,4 millones de euros, que incluye la conexión de cercanías con el aeropuerto y una estación en IFA. También figura la mejora de la línea de tren entre Alcoy y Xàtiva, presupuestada en 22 millones de euros, y el tren de la costa entre València y Alicante, con estaciones en Dénia, Benissa y Benidorm, para favorecer la movilidad tanto de residentes como de turistas, por 1.648 millones.

Se exige, asimismo, la finalización del Corredor Mediterráneo y la mejora del acceso ferroviario al Puerto de Alicante, a través de una inversión de 216 millones, así como intercambiadores ferroviarios de mercancías por 105 millones.

En materia de carreteras, las entidades piden un tercer carril de la autovía A-70 entre Alicante y Elche con un presupuesto de 105,4 millones, la duplicación de la carretera CV-95 entre Orihuela y Torrevieja con 446 millones, el tercer carril en la autovía A-31 entre Elda y Monforte del Cid con un coste de 162 millones, y el desdoblamiento de la variante de Torrevieja por medio de 30,5 millones.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, señala que es imprescindible que el Gobierno central realice un esfuerzo inversor en materia de infraestructuras en la provincia de Alicante, y que para ello se ha apostado por sumar esfuerzos entre las cuatro organizaciones. Según sus palabras, "es totalmente clave que trabajemos juntos y que vayamos al ministerio con informes convenientemente trabajados para conseguir las cosas. Si no actuamos así, al final las inversiones se las llevarán otros",

En parecidos términos se expresa el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, quien subraya que "llevamos mucho tiempo a la cola en materia de infraestructuras y es imprescindible que la situación se pueda revertir". Para ello, insiste, "hemos considerado la conveniencia de sumar esfuerzos e ir juntos a Madrid, para que se nos escuche y se nos tenga más en cuenta".

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos Baño, también se centra en la necesidad de que «el mensaje sea unánime y no vayamos cada uno por su cuenta, porque en caso contrario le estamos dado una excusa al Gobierno para no invertir». Es por ello, añade, que «las dos grandes organizaciones empresariales, la CEV y la Cámara, nos hemos puesto de acuerdo para reclamar lo que le corresponde a la provincia».

Una organización que está plenamente implicada en el asunto es la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante (FOPA), integrada por empresas constructoras, desde donde se destaca que no se trata solo de los escasos presupuestos que se destinan a la provincia de Alicante, sino también del bajo nivel de ejecución, que apenas supera el 35% en materia de obras. El presidente de esta entidad, Javier Gisbert, muestra su esperanza de que la reunión que se va a mantener con el ministerio ofrezca sus frutos.

Por último, el presidente de Ineca, Nacho Amirola, subraya que los proyectos que van a trasladar son imprescindibles, dado que, sin ellos, «la economía de nuestro territorio se está viendo lastrada al no poder competir en igualdad de condiciones con otras zonas». Amirola señala que los 3.000 millones de euros que suman las actuaciones son «la cifra equivalente al déficit inversor que el estado tiene en la provincia desde 2008, momento en el que comenzaron los análisis de Ineca».