Esto es lo que pagan los alicantinos para sostener las pensiones

La considerable mejora que experimentó el mercado laboral alicantino durante el año pasado supuso una importante inyección para las arcas de la Seguridad Social, que contribuyó a reducir el importante déficit que arrastra este organismo en la provincia y que había aumentado considerablemente durante la pandemia. Una buena noticia, sobre todo si se tiene en cuenta que este aumento de los recursos se produjo sin que haya entrado aún en vigor la última reforma de las pensiones, que supondrá una subida de las cotizaciones, especialmente para los sueldos más elevados.

Así, de acuerdo con los últimos datos sobre la distribución geográfica de gastos e ingresos de la Seguridad Social, los alicantinos pagaron al organismo público hasta 3.533 millones de euros a lo largo de 2022, lo que supuso un incremento del 17,4% sobre el ejercicio anterior y también un 4% más de las cifras que se registraron en 2019, el último año de normalidad antes de la aparición del covid-19. De esta cifra, hasta 3.496 millones procedieron de las cotizaciones sociales que trabajadores y empresas abonan a través de las nóminas y que suponen la principal fuente de ingresos del sistema.

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Aunque esta cantidad todavía dista bastante de cubrir todos los gastos del organismo público en la provincia, sí permitió reducir el agujero existente. En concreto, frente a una diferencia entre ingresos y gastos de cerca de 1.700 millones de euros en 2021, el año pasado el déficit fue de 1.241 millones, puesto que el total de pagos ascendió a 4.770 millones. De ellos, 4.038 millones se destinaron al pago de pensiones contributivas, mientras que el resto se corresponde a otro tipo de prestaciones –como las bajas por maternidad o las de incapacidad temporal- y a los propios gastos de funcionamiento de la Administración, incluidos los salarios de los funcionarios.

El motivo de este considerable aumento de los ingresos de la Seguridad Social hay que buscarlos, por un lado, en el considerable incremento que se produjo en la cifra de afiliados, es decir, en la cantidad de trabajadores ocupados y que, por tanto, realizan aportaciones al sistema. En este sentido, no hay que olvidar que la provincia batió en varias ocasiones su máximo histórico de cotizantes y que cerró el ejercicio con un total de 708.552 ocupados, 25.211 más que el año anterior.

Por regímenes, los trabajadores por cuenta ajena aportaron al sistema hasta 2.808 millones de euros, lo que supuso un 23,7% más; mientras que los autónomos sumaron 395,5 millones, un 18,27% más. Por su parte, las aportaciones de los beneficiarios de la prestación por desempleo –que también cotizan- se redujeron un  23,9%, hasta los 280,3 millones de euros.

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Junto con el aumento de trabajadores ocupados, también se dejaron sentir los cambios introducidos en la contratación por la reforma laboral, como señala el profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Pedro Pablo Ortuño. Y, en concreto, la limitación que existe para aplicar jornadas a tiempo parcial en los contratos fijos discontinuos que han sustituido en masa a los contratos temporales puros y duros. Y es que, salvo que lo recoja en correspondiente convenio sectorial, en esta modalidad todos los trabajadores deben estar a jornada completa, lo que también revierte en mayores cotizaciones.

Igualmente, también hay que tener en cuenta que durante el año pasado ya apenas quedaban trabajadores en ERTE, que fue uno de los motivos que hizo caer considerablemente el volumen de ingresos de la Seguridad Social durante los dos primeros años de pandemia.

En total, según los últimos datos oficiales en la provincia se abonan 333.318 pensiones contributivas, con un importe medio de 1.031 euros mensuales. De ellas, las más numerosas son por jubilación, que suman 215.439 beneficiarios y una cuantía media de 1.170 euros. Mucho más bajas son las 81.126 pensiones de viudedad vigentes, cuya nómina apenas e de 768 euros al mes. Otros 23.107 alicantinos cobran una pensión de incapacidad permanente, con un importe medio de 1.014.