Los empresarios piden «responsabilidad» para evitar que se ralentice la economía

Preocupación generalizada entre los principales sectores productivos ante la posibilidad de que los resultados electorales del pasado domingo provoquen un bloqueo institucional que se prolongue durante meses -sea cual sea el resultado final-, y acabe frenando la actividad económica, en un momento en el que ya se percibe algún síntoma de ralentización. Incluso los sindicatos, que apoyan sin ambages la reedición de un nuevo Ejecutivo de coalición de izquierdas, instan a los partidos a llegar a un acuerdo cuanto antes, por el temor a que la incertidumbre acabe afectando a la creación de empleo.

De momento, el Ibex 35 recibió ayer con descensos la nueva composición del Congreso de los Diputados, que ha hecho que resulte extremadamente difícil la formación de un nuevo gobierno. En concreto, el selectivo español retrocedió un 0,29%, hasta situarse en los 9.543,5 puntos, tras moderar la caída del 1,5% con la que arrancó por la mañana. Unos descensos que, eso sí, son habituales tras los comicios, si no hay una mayoría clara.

«Necesitamos que todos actúen con responsabilidad y que se garantice la mayor estabilidad posible para afrontar los numerosos retos que tenemos por delante», asegura el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, que reconoce que las urnas han dejado «un escenario complicado», con un «empate entre bloques que puede acabar con un gobierno inestable o, incluso, una repetición electoral en los próximos meses». Y es que, entre otras cosas, Navarro recuerda que de la conformación del nuevo Ejecutivo depende que la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana reciban las inversiones que les corresponden por población, la solución a la falta de agua o el despliegue de los fondos europeos que quedan por ejecutar.

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Una preocupación que también comparten desde la principal patronal turística de la Comunidad Valenciana, Hosbec. «Lo que la economía necesita es moderación y estabilidad», señala su presidente, Fede Fuster, que asegura que, aunque el sector parece tener garantizado el negocio hasta final de año, por el nivel de reservas existente, «hay muchas decisiones que se tienen que tomar, infraestructuras que hay que construir y normativa que se discute en Europa que nos va a afectar». «Los destinos competidores no se quedan parados y nosotros no podemos permitirnos estar de brazos cruzados», insiste el portavoz de los hoteleros.

Industria

También en la industria temen las consecuencias de una posible paralización institucional. «La incertidumbre no es buena. Tanto si van a formar un nuevo gobierno, como si hay que repetir las elecciones, hay que hacerlo lo más rápido posible», defiende la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marian Cano. En este sentido, Cano recuerda que el sector está pendiente de la asignación de fondos del Perte de la Economía Sostenible para su modernización y que también confía en la colaboración institucional para reforzar sus planes de internacionalización, en un momento en que sus exportaciones han empezado a resentirse.

Para el presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Alicante (Fempa), Luis Rodríguez, lo peor puede ser la «pérdida de credibilidad como país» si los partidos no consiguen resolver la situación o si las exigencias de los nacionalistas acaban llevando a situaciones que pongan en riesgo la estructura institucional, con la demanda, por ejemplo, de un referéndum de independencia. En cualquier caso, Rodríguez también trata de ver el lado positivo y recuerda que la mayoría de grandes políticas económicas vienen marcadas o han sido acordadas con Europa, lo que garantiza su continuidad.

«El bloqueo no es bueno para nadie, es una situación que no nos gusta», apunta, por su parte, el secretario general de la Asociación de Promotores de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, que, si bien no teme una caída del flujo de compradores extranjeros por este motivo, sí recuerda que ha quedado pendiente la aplicación de la nueva Ley de Vivienda -con la que no están de acuerdo-, lo que abre un nuevo periodo de incertidumbre para el sector.

«Es el peor resultado que podíamos esperar», señala por su parte el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, que reconoce que confiaban en un cambio de Gobierno que resultara más sensible a sus demandas en política hídrica. A su juicio, si el nuevo ejecutivo depende de los nacionalistas, «será imposible llegar a un gran acuerdo nacional sobre el agua» y, en su conjunto, Alicante volverá a resentirse por la falta de inversiones, que priorizarán las comunidades de origen de estos partidos.

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También desde la organizaciones de autónomos reclaman «altura de miras» para evitar una repetición electoral, «que afectaría de forma directa en la economía». «En los próximos días todas las formaciones políticas tendrán que hablar, que hablar mucho, que escuchar y ver qué posibilidades de acuerdo se pueden alcanzar. Es necesario que prevalezca el sentido de Estado para preservar los avances económicos y sociales logrados», afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA.

En este sentido, incluso los sindicatos piden a los partidos celeridad en las negociaciones que se desarrollarán en los próximos días. «La situación no es sencilla, pero los partidos deben esforzarse por conseguir un gobierno estable, que dé continuidad a las políticas progresistas de los últimos años», señala la secretaria general de UGT en l’Alacantí-La Marina, Yolanda Díaz. «No tiene sentido esperar. La ciudadanía ha dado un mandato claro para que las fuerzas progresistas negocien y se pongan de acuerdo», apunta también su homólogo en CC OO, Francisco García. Igualmente la responsable autonómica de este último sindicato, Ana Garía Alcolea, insta a actuar con rapidez para evitar que se ralentice la actividad y acabe afectando al ritmo de creación de empleo.

Efecto precaución

Por la parte de los expertos no hay consenso sobre las repercusiones que podría tener un situación de bloqueo prolongada. Así, el profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la UA Alfredo Masó cree que la economía seguirá tirando a corto plazo, gracias a la temporada alta turística, pero que en el último trimestre del año podría producirse cierta desaceleración por el efecto precaución, si no hay acuerdo para formar gobierno. Es decir, que tanto empresas como consumidores podrían posponer decisiones de inversión o de compra ante la incertidumbre.

En este sentido, Masó recuerda que uno de los retos inminentes de la economía española es la necesidad de controlar el déficit y empezar a reducir la deuda pública, para lo que «hace falta tomar decisiones». De lo contrario, apunta el economista, podría producirse una subida de la prima de riesgo que agravara la situación de las finanzas públicas.

Además, también señala que en estos momentos la tasa de inflación ha caído por debajo del 2% por el efecto de comparativa con la fuerte subida de 2022, pero que en los próximos meses podría repuntar de nuevo. Una situación ante la que también convendría actuar, insiste el experto. «Sigue habiendo un contexto complicado y la economía necesita todavía cierta vigilancia», asegura Masó.

En la misma línea, el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, insiste en la necesidad de que «se clarifique cuanto antes la situación», para evitar que pueda afectar a las decisiones de inversión. «No estamos hablando de que se vaya a producir ningún cataclismo, pero cuando la gente no tiene claro el marco en el que se va a mover, tiende a esperar», recalca Menargues, que también insiste en que la economía ha empezado a dar «algunos síntomas de agotamiento».

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Sin embargo, el catedrático emérito y exrector de la Universidad de Alicante Ignacio Jiménez Raneda relativiza los riesgos y cree que la economía será capaz de seguir funcionando. «Se trata de una situación muy común. En Bélgica han estado tres años sin formar gobierno y el país no se ha hundido. Y se han dado situaciones similares en Finlandia y Austria y otros muchos países», señala el experto.

En esta misma línea, Jiménez Raneda defiende que la mayoría de grandes reformas que debían acometerse ya se han aprobado –especialmente la reforma laboral, que, como recuerda, cuenta con el apoyo de todos los agentes sociales- y que no quedaba ninguna que fuera significativa pendiente. Tampoco considera que existan mayores problemas para continuar con el despliegue de los fondos Next Generation ya que, según apunta, la aprobación de los Perte depende de decisiones administrativas, que puede adoptar el Gobierno, aunque se encuentre en funciones.